Un grupo de galgueros durante una jornada de caza en Ciudad Real / EFE Un grupo de galgueros durante una jornada de caza en Ciudad Real / EFE

Más de 2.500 animales son abatidos por hora

Eduardo Bayona

9 julio, 2019

Cazar: “Buscar y perseguir aves, fieras y otras muchas clases de animales para cobrarlos o matarlos”. Cazador: “Dicho de una persona, que caza por oficio o por diversión”. Las definiciones de la RAE encierran varias claves, y contradicciones, del poliedro que es en sí misma la práctica cinegética, una actividad que, en ocasiones con más visceralidad que serenidad y a menudo con más ideología que datos, se ha convertido en un eje del debate social y político, y también del jurídico, en los últimos meses.

¿En qué consiste la caza? ¿En atrapar animales con algún fin o simplemente en matarlos, sin tener claro qué hacer después con sus cuerpos? ¿De qué tipo de actividad se trata cuando las opciones son dedicarse a ella de manera profesional o para entretenerse? ¿En qué se diferencia cada opción de la otra?

Una mirada con una mínima profundidad a la caza pone sobre la mesa un buen puñado de contradicciones. Desde la erradicación a tiros de las superpoblaciones de animales como el conejo mientras se autoriza también en la misma zona la muerte de sus depredadores naturales, como el zorro; la suelta de especies invasoras que desalojan a las autóctonas de sus territorios o la cría en granjas de ejemplares de las mismas razas cuya expansión se pretende reducir, así como algunos mitos entre los que llama la atención el de los supuestos efectos económicos de la práctica cinegética en el mundo rural.

“La caza existe porque hay gente que disfruta matando animales. Sin eso no existiría lo que la rodea”, mantiene Miguel Ángel Hernández, de Ecologistas en Acción, para quien “la actividad no se sostiene sin un interés por matar animales. Eso es lo que sitúa a la caza en la picota para muchos sectores de la sociedad”.

Por su parte, Ignacio Valle, vicepresidente de la Federación Española de Caza, apunta que “la caza tiene una vertiente deportiva con una veintena de modalidades, algunas sin muerte, pero la más importante es la faceta de gestión, en la que, en contacto con la Administración y con los cazadores, se hace una gestión de las especies basada en estudios de su población”.

Resulta obvio que la caza, desvinculada hace décadas de su función de subsistencia como fuente de alimentos proteicos, tiene una vertiente deportiva y de ocio, es decir, de matar animales por diversión, y también que está en decadencia en España, aunque con una paradoja: cada vez hay menos cazadores y escopetas pero, al mismo tiempo, mueren más ejemplares tiroteados.

Los últimos datos disponibles en el CSD (Consejo Superior de Deportes) indican que los afiliados a la Federación de Caza cayeron de 421.065 en 2007 a 328.677 diez años después, con un descenso del 22%, mientras los del Anuario Forestal del Ministerio de Agricultura señalan que el número de licencias expedidas por las comunidades autónomas (a menudo se poseen para más de un territorio) bajó un 16% al pasar de 983.321 a 826.777 entre 2006 y 2016. Son casi 100.000 y 160.000 menos en una década, tras bajar las autonómicas a menos de dos tercios de los 1,44 millones de 1990.

Valle lo atribuye al cambio de hábitos de ocio de la juventud. Y los registros de la JAES (Jefatura de Armas Explosivos y Seguridad) de la Guardia Civil apuntan en esa dirección: las autorizaciones a menores de edad para utilizar armas de fuego, siempre acompañados por un adulto, se han desplomado al pasar de las 11.120 de 2014 a las 3.903 vigentes al cierre del año pasado.

Pero no es solo cosa de jóvenes: el país se está desarmando, no solo entre los cazadores: los permisos para utilizar escopetas de cartuchos (942.805) duplican a las licencias federativas y el de los autorizados para poseer rifles de caza mayor (372.152) lo supera con claridad tras aumentar en 33.680. Y hay casi un millón de escopetas menos (de 3,03 a 2,25 millones).

Pese a ello, el número de piezas abatidas crece sin freno: en ocho años, entre 2008 y 2016, y según los Anuarios de Estadística Forestal, el de caza mayor estuvo cerca de triplicarse (643.485), el de aves aumentaba más de un 50% (14,37 millones) y el de caza menor crecía un 10% (7,01 millones). El número de capturas pasó de 15,94 millones al año a 22,03.

Caen abatidos más de 2.500 animales por hora, casi 42 por minuto, con un volumen destacado de jabalíes (354.648, casi mil por jornada) y ciervos en la caza mayor (182.458), de los conejos (seis millones) en la menor y del zorzal (cinco millones), la paloma, la perdiz (2,7) y la codorniz (1,1) entre las aves.

“El cazador causa un desequilibrio y se ofrece para solucionarlo”

Esos datos apuntan a que la caza se ha industrializado, o cuando menos profesionalizado, visto el aumento del volumen de víctimas paralelo a la reducción del número de cazadores: 100.000 escopetas menos abaten al cabo del año seis millones de piezas más, con una media que se ha disparado de 37 capturas por licencia a 67.

¿Cuáles son los efectos de esa actividad en el mundo rural? La Federación de Caza sostiene, basándose en un estudio de Deloitte, que las prácticas cinegéticas dejan en torno a 6.000 millones de euros en los pueblos cada año y que generan 190.000 empleos. Sin embargo, Hernández rechaza ese planteamiento: “Las grandes superficies cinegéticas, los cotos, no han supuesto un freno para la despoblación de las zonas rurales, ya que son actividades estacionales. En las comarcas rurales quedan las migajas mientras el grueso de los beneficios se los llevan los grandes terratenientes y los tour operadores” que organizan las batidas.

“El principal motivo de la caza es una afición, algo que tiene que ver con el ocio, por mucho que el sector cinegético se esfuerce por presentarla como un motor económico o como una actividad equilibradora de los ecosistemas”, indica el ecologista, para quien “en realidad desequilibra los ecosistemas con vallados, criaderos y sueltas de animales de granja: produce un desequilibrio que los cazadores se ofrecen para solucionar”.

En cualquier caso, resulta llamativo que la superpoblación de especies como el jabalí conviva con la suelta de cientos de ejemplares criados en granjas cada año; o que ocurra lo mismo con más de 190.000 conejos cuando algunas zonas del país sufren plagas. Los 1,8 millones de perdices ‘de bote’ que cada año se sueltan en los cotos suponen el 90% de los dos millones de aves de cuadra que se utilizan para repoblaciones.

Valle, por el contrario, mantiene que la caza “es algo positivo para la economía rural, porque deja mucho dinero” al tiempo que juega un papel fundamental en el control de las plagas y las superpoblaciones de algunos animales, como los conejos, que generan importantes daños en la agricultura en áreas de Murcia y de la cuenca del Ebro, los jabalíes, los corzos o los venados.

Hernández aporta otros detalles. “Los cazadores acabaron en muchos lugares con los predadores, como el lobo, el oso, el zorro o el lince, y ahora quieren ocupar su lugar cuando lo que habría que hacer es repoblar con esas especies”, apunta, mientras destaca la función del lobo como depredador de ungulados y del zorro con los conejos. “En algunos sitios se dan permisos de caza para atajar la superpoblación de conejos y también para matar zorros. Es un sinsentido”, añade.

Tampoco el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León comparte el punto de vista de los cazadores: en febrero suspendió el decreto que regula la caza y la conservación de las especies silvestres en esa comunidad al considerarlo contrario a la normativa comunitaria. La protección de la fauna silvestre está “por encima de la utilidad que se pueda obtener de la misma”, concluyó. Se matan seres vivos, no objetos.

El controvertido «papel de la caza»

“La caza juega un papel fundamental en el control de esas poblaciones”, insiste Valle, que pone como ejemplo al plan del Gobierno para, en coordinación con las comunidades autónomas del norte y la Federación de Caza, crear escuadrones de tiradores de elite para reducir la población autóctona de jabalíes y evitar que pueda convertirse en un factor de extensión de la peste africana, una epizootia detectada en el Cáucaso en 2007 y que el año pasado había llegado a Francia.

Los más de 22.000 jabalíes con el virus abatidos en Europa señalan a esta especie como una de las principales amenazas para un sector porcino que, en plena expansión ‘industrial’ por el negocio de la exportación, mueve más de 7.000 millones de euros al año en España. Aunque algunos expertos llaman la atención sobre el hecho de que los jabalíes no se mezclan con los cerdos, lo que situaría al ser humano como el principal vector de expansión.

La caza tiene otros efectos dañinos para el medio ambiente, entre los que destacan dos: el furtivismo, que a menudo se ceba en animales protegidos, y la suelta de especies invasoras, entre las que resulta paradigmático el caso del arruí o carnero de Berbería, una cabra procedente de África que llega a medir más de un metro de alto y a pesar 150 kilos y del que se cazan medio millar de ejemplares al año en Andalucía, Extremadura y Levante, donde está proliferando. También está presente en Canarias.

Especies invasoras que se sueltan para cazarlas

¿Cómo llegó el arruí a la península ibérica? “Principales vías de entrada: introducción intencional para su aprovechamiento cinegético. Principales vectores de introducción: voluntaria, mediada por el ser humano”, zanja la ficha del Ministerio de Transición Ecológica. “Su alta tasa de natalidad, la ausencia de predadores y la abundancia de comida, hacen que en los sitios donde ha sido introducida se haya expandido con gran rapidez”, anota esa misma ficha, que destaca entre sus impactos ecológicos su competencia por el alimento con la cabra montés, el ciervo común, el gamo o el muflón. En Canarias “consume diversas especies endémicas, algunas de ellas amenazadas”. “Al verse afectados por la sarna, pueden afectar a otras especies silvestres o ganaderas”, añade.

“A través de las órdenes de veda se permite su caza pero no se ataca su proliferación”, destaca el ecologista, que explica cómo el cebado por parte de los propios cazadores se acaba convirtiendo en un factor que potencia su reproducción y, en consecuencia, su expansión. Valle resta importancia a la proliferación del arruí en la mitad sur del país.

“Es una especie de cabra africana que el Icona trajo para repoblar y que se ha adaptado mejor que allí”, dice, y cuya caza “deja mucho dinero en zonas como la sierra de Espuña, en Murcia”. “Si fuéramos hacia atrás en el tiempo, seguramente nos encontraríamos con que había arruís en España”, apunta, mientras sostiene que “si la especie se adapta al terreno y no perjudica a ninguna otra, porque en esa zona de Murcia no había cabras, no debería haber ningún problema”.

En Huesca no había antecedentes de la presencia de arruís hasta que la Guardia Civil los localizó en el coto de Bastarás, un episodio revelador del desprecio por el medio. El empresario minero Victorino Alonso destruyó, en pleno Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara, el principal yacimiento peninsular del neolítico para habilitar un establo rupestre como refugio para animales de esa especie, y de otras, que luego eran cazadas.

También el muflón fue introducido para cazarlo, como la codorniz japonesa, que ha acabado expandiéndose tras ser utilizada para entrenar perros de caza. “Provoca fenómenos de introgresión genética al hibridarse con la codorniz común” y “puede competir con otras especies nativas”, dice su ficha.

La caza furtiva suele cebarse en las especies protegidas. “Hay un furtivismo que se concentra en trofeos de caza mayor, principalmente en los machos y en los animales de mejor salud, y que mueve dinero negro”, explica Hernández. Los furtivos, de alto poder adquisitivo, llegan a pagar 5.000 euros por batidas clandestinas para llevarse a casa las cabezas de rebecos y sarrios del Pirineo y de cabras monteses de la cornisa cantábrica. “Está aumentando la llegada de ejemplares de especies protegidas a los centros de recuperación de la fauna heridos por disparos, aunque eso solo es la punta del iceberg del furtivismo”, añade.

¿Qué magnitud tiene el furtivismo en España? Resulta difícil de determinar por su elevada ‘cifra negra’ de delitos que quedan silenciadas en el monte. No obstante, la última Memoria de la Fiscalía General del Estado recoge que en 2017 se abrieron 400 diligencias por delitos contra los recursos naturales y 513 contra la fauna, entre los que se incluyen los de caza furtiva.

Sin embargo, el de las grandes especies de caza mayor no es el único efecto nocivo del furtivismo en España. “Hay cazadores que atacan a los depredadores, como el lince, el gato montés o el águila, y también el lobo, porque los ven como competidores”, explica Hernández, mientras partidos como el PP llegan a proponer que el lobo y la cabra hispánica sean catalogados como especies cinegéticas. “Es una lluvia fina que se da con frecuencia pero que apenas es detectada por las administraciones”, añade.

Más de quince por semana.

La caza furtiva tiene, junto con la desidia de algunos cazadores, otra derivada nociva para los ecosistemas: el abandono de animales abatidos en el monte. A veces por no localizarlos y otras por despreciar el cuerpo tras segar la cabeza como trofeo, hace que casi la mitad de los buitres leonados presente en su sangre niveles de plomo que resultarían letales para otras aves. Se lo tragan al carroñear esos cadáveres. La contaminación por plomo llevó a vetar desde 2001 el uso de munición con ese metal en los humedales por sus daños para las aves acuáticas.

También hay quien hace negocio con esa desidia. Varias decenas de empresas se dedican a recoger (comprar) por todo el país piezas de caza mayor para trabajar su carne y venderla. Un 80% del género de este sector, que factura en torno a 45 millones de euros anuales, se exporta. No obstante, no toda la caza de trofeos es furtiva. De hecho, la captura legal de los mismos trofeos que buscan los cazadores clandestinos ha generado un turismo de alto nivel en áreas rurales como los puertos de Beceite, entre Teruel y Tarragona, donde hay varias colonias de cabra montesa. Llegan a pagar 5.000 euros por abatir un macho adulto, a lo que hay que sumar el desplazamiento, a menudo desde otros países europeos, y el alojamiento, lo que ha hecho proliferar los establecimientos de cierto lujo en la zona.

Melania Trump en un safari en el Parque nacional de Nairobi (Kenya).- SAUL LOEB / AFP)

Es la derivada local de la cara versión de la caza (6.000 euros por cinco días tras los antílopes, 50.000 por ir a por un león, desplazamiento aparte) que practican algunas elites económicas, con ejemplos como las batidas de elefantes del rey emérito en África que escandalizaron al país hace un lustro o los viajes internacionales de Donald Trump junior –al menos dos de ellos en los últimos años– a la reserva de Gredos en busca de machos de cabra montés.

Junto a esa caza de ‘alto standing’ de ámbito internacional prolifera otra, furtiva, vinculada al tráfico del marfil que ofrecen los colmillos de los elefantes y que año tras año intensifica la catástrofe animal de las sabanas, con miles de ejemplares muertos mientras genera un negocio tan millonario como clandestino.

En España, esa caza de elites “es una actividad muy restringida por su alto coste, pero es muy positiva para determinadas zonas rurales. Es una especie de turismo de alta calidad”, defiende Valle, que explica que “las especies reinas son el rebeco y el sarrio en el Pirineo, la cabra montesa en el norte y las sierras de la meseta y el ciervo en varias áreas. Son especies muy difíciles de cazar que siempre se buscan en zonas abiertas, nunca en cotos”.