Ciudades para vivir: el gran reto del siglo XXI

Hablemos con claridad. Las ciudades que  tenemos no están pensadas para el ser humano ni  mucho menos para las mujeres....

Alejandro Torrús

1 octubre, 2019

Hablemos con claridad. Las ciudades que  tenemos no están pensadas para el ser humano ni  mucho menos para las mujeres. No se diseñaron  para que los niños y niñas tengan parques donde  jugar, para que jóvenes y adultos tengan su  derecho de acceso a la vivienda garantizado y,  por supuesto, tampoco se pensaron para que las personas mayores encuentren un lugar donde  proseguir con el tiempo de júbilo, ese respiro que  te da el sistema para poder existir sin trabajar  hasta el día de tu muerte.

Las ciudades que tenemos se planificaron, en  el mejor de los casos, para los coches. Para  los negocios. Para la actividad económica. Las  plazas se llenaron de cemento, desaparecieron  los árboles que daban sombra a largas conversaciones vecinales y los parques vieron cómo la arena era sustituida por asfalto. Los  cuidados, los derechos de la ciudadanía y el  bienestar ciudadano quedaron en un segundo plano. La vivienda y el suelo fueron y son, hoy  día, una mercancía más. Que se compra, que  se vende y, sobre todo, con la que se especula.  Un lugar donde invertir. Un valor seguro. Como si del suelo no dependiera el más básico de los  derechos: el acceso a una vivienda digna.

El resultado, ya en pleno siglo XXI, es el de unas  grandes ciudades cada vez más congestionadas de tráfico. Contaminadas hasta el punto de perjudicar la existencia humana y tan contaminantes como para seguir agravando  la crisis climática que vive el planeta. Y las tendencias no invitan al optimismo. Las megalópolis siguen creciendo en todo el mundo en un proceso de aglomeración de la población  de la que tampoco escapa España. La ONU ha señalado que actualmente el 55% de los más de 7.000 millones de personas que habitan la Tierra  viven en grandes urbes y en 2050 este porcentaje  ascenderá al 68% de los, según las previsiones, 8.500 millones de personas que formarán la  población mundial.

La tendencia, por tanto, es que las grandes urbes del mundo sigan el camino de metrópolis como Tokyo, la más habitada del mundo, con 38 millones, Nueva Delhi, 26 millones, o Shanghái con 24 millones. El mismo informe de la ONU  también alerta del crecimiento exponencial de  los suburbios. En la actualidad 800 millones de seres humanos viven en áreas marginales donde la única lucha es la supervivencia diaria. Territorios insalubres y en muchos casos también inhabitables que se parecen más a un campo de refugiados que a lo que entendemos por barrio o ciudad.

Asentamiento informal de Kibera, en Nairobi.- EFE

Pero si no se toman medidas puede ser aún peor. El mayor crecimiento urbano, según los cálculos de la ONU, se producirá en Asia y en  África, lugares donde hoy en día ya abundan los suburbios en las megaciudades. En África más de  la mitad de la población vive en condiciones muy por debajo de los estándares mínimos, mientras que en India o China más de la tercera parte de la  población se ha instalado en viviendas ilegales en suburbios. Todas estas tendencias confirman un  futuro incierto para la población de las grandes  ciudades. Una especie de sálvese quien pueda según las capacidades económicas de cada cual.

España, como se decía anteriormente, tampoco escapa de las tendencias mundiales. Un estudio del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universidad Autónoma de Barcelona muestra cómo la población rural española y la de las capitales de provincia se desplaza en masa hacia  Madrid y Barcelona, las dos grandes ciudades del Estado. Jóvenes, independientemente  de su formación, terminan recurriendo a las grandes ciudades o al litoral mediterráneo para intentar desarrollar un proyecto de vida. Van donde hay trabajo, aunque sea precario e inestable. Comunidades como Castilla-La  Mancha, Asturias, Cantabria, Andalucía y Galicia  siguen desangrándose, mientras que las dos megalópolis continúan en un crecimiento sin destino conocido.

La situación española, comparada con la de los  países de nuestro entorno, se hace especialmente complicada por los grandes obstáculos que tiene hoy la ciudadanía para acceder a una vivienda digna. Sin entrar en muchos detalles sí hay que destacar que el precio de la vivienda nueva  en España sigue subiendo. Según los datos difundidos por Eurostat, en el primer trimestre de 2019 subió un 10,6% en comparación con  el mismo periodo del año anterior. Se trata del  mayor alza del precio de las construcciones desde el verano de 2007, justo en el pico de la  burbuja, y coloca a España como el país europeo en el que más rápido se encarece la obra nueva.  Por otra parte, los alquileres se han disparado.  Según el portal inmobiliario Fotocasa, el alquiler en ciudades como Madrid o Barcelona se ha  encarecido en alrededor de un 40% en los  últimos seis años.

El doctor en Ciencia Política y Políticas Públicas Rubén Martínez explica a Público que hoy por hoy el problema más acuciante de las grandes urbes españoles es, de hecho, el acceso a la  vivienda. Martínez apunta a una serie de claves  para explicar la situación. Por un lado, el experto denuncia que en España «no ha habido políticas de vivienda sino políticas económicas asociadas a la conversión del territorio en mercancía«. Así,  prosigue, en el Estado hay una gran cantidad de «rentistas, fondos de inversión y grandes propietarios» que han encontrado en la vivienda una mina de beneficios. Pero hay más causas. «Hay una que se nos suele olvidar —incide  Martínez — y es que la ciudadanía sigue estando empobrecida, con empleos precarios, temporales o a jornada parcial y que tiene que invertir el 50%  de sus ingresos en el techo en el que duerme cada noche». Es decir, los españoles se encuentran con un panorama desolador. Salarios bajos, trabajo inestable y vivienda cara.

¿Cómo podemos revertir esta situación? Martínez  señala algunas claves a corto plazo. Por un lado, dotar a los ayuntamientos de más competencias  para regular la vivienda en sus municipios.  Por otro, modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobada por el Partido Popular, que redujo a tres años la duración de los contratos  de alquiler; tratar de excluir o, al menos, dejar  de proteger figuras jurídicas como las Socimis,  controladas en gran medida por fondos buitre,  que han entrado a fuego en el mercado de vivienda  con beneficios fiscales. Por último, tratar de crear trabajo más estable y mejor remunerado.

Sin embargo, 40 años de políticas de vivienda  basadas en el negocio y no en los derechos de la ciudadanía no se revierten tan fácilmente. Martínez explica que a medio plazo hay que batallar para que se reserve una parte más que importante de suelo público para vivienda social en cada una de las nuevas construcciones; que hay que obligar a los grandes tenedores de vivienda  a sacar las casas vacías al mercado recurriendo a multas e, incluso, a expropiaciones. La siguiente  lucha, explica Martínez, sería recuperar para los ayuntamientos y la administración pública la capacidad de gestionar sus economías. Se refiere, concretamente, a polos logísticos como el puerto de Barcelona, la gestión del turismo o la zona franca de Barcelona.

El objetivo, apunta, sería acabar con un sistema, el  actual, en el que los agentes públicos no ponen en el centro de su acción la vida y los derechos de la ciudadanía y sí la creación de nichos de mercado para empresas privadas. «Creo que una cosa tiene  que quedar clara. Eso que llamamos capitalismo  o economía neoliberal no es libre mercado. No  tiene nada que ver con la libertad de mercado. Es  una intervención constante y perseverante de los  agentes públicos para abrir nichos de mercados  a agentes privados. El capitalismo en su forma  verdadera, tal y como lo vemos en el Estado  español, es poder público abriendo mercados a  agentes privados», incide el doctor en Ciencia Política y coautor de obras como Rebeldías en común (Libros en Acción, 2017).

La ausencia de acceso a vivienda digna, no obstante, es un problema compartido de todo  el mundo. Un informe del World Economic  Forum (WEF), nada sospechoso de ser un agente  antisistema, señala que actualmente el 90% de  las urbes del planeta «son incapaces de proveer a  sus residentes inmuebles asequibles». El estudio  también advierte que de seguir por este camino, en 2050, más del 30% de la población urbana de todo el mundo, alrededor de 2.500 millones de personas, «vivirán en hogares con condiciones  poco dignas o acabarán ahogadas financieramente por los costes con los que se han comprometido».

El organismo propone como vías para solucionar  esta situación «la rehabilitación y reposición» de edificios en situación de precariedad en detrimento de los de nueva construcción, además de reformas legales que permitan una bajada del  precio medio de la vivienda, así como mecanismos de financiación más diversificados para acceder a  un techo digno. Por tanto, el futuro de gran parte de la humanidad, sino de toda, parece jugarse en las ciudades. Y el partido es corto ya que las soluciones tienen que servir para frenar una situación que en 30 años puede ser insostenible.

Una visión feminista, por favor

Pero, como se decía al inicio de este artículo y tal y como ha incidido Rubén Martínez, los problemas de las grandes ciudades en la actualidad no se limitan al acceso a la vivienda. Es necesario que las administraciones públicas y también los promotores privados cambien de enfoque. Que usen,  como en tantas otras facetas de la vida, unas gafas más feministas. Es decir, que pongan la vida y no el negocio en el centro de cualquier plan o proyecto. Así lo reclama desde hace más de una década,  por ejemplo, el col·lectiu Punt 6 de Barcelona,  una cooperativa de arquitectas, sociólogas y  urbanistas que trabaja para que el urbanismo de  las grandes ciudades esté pensado para «facilitar  la vida cotidiana» de los habitantes de la ciudad  y no para los negocios.

Así lo explica su portavoz  Sara Ortiz Escalante: «Las ciudades se han pensado  y remodelado desde una visión capitalista y  patriarcal. Han creado ciudades que funcionan como espacios de producción y consumo donde la  movilidad, los equipamientos e incluso la vivienda  se han construido desde una mira androcéntrica  muy asociada a un modelo de hombre blanco,  adulto, con trabajo y de clase media. La ciudad está  pensada para que este tipo de hombre se pueda  desplazar con facilidad por la ciudad con su coche». Así, Ortiz Escalante denuncia una serie de  problemas a resolver. Por ejemplo: se sigue invirtiendo más en carreteras y en soluciones para  el transporte privado que en transporte público, aún a sabiendas que hay más gente que saldría  beneficiada con la segunda opción. «El coche ocupa el 60% del espacio público en nuestras  ciudades y eso es inadmisible», prosigue.

La lista de agravios para la ciudadanía no se limita a la invasión de automóviles. «Durante años en Madrid o Barcelona se ha apostado por un urbanismo excluyente. Se construían plazas sin bancos o donde difícilmente te podías sentar  porque no había un solo árbol que diera sombra. Nuestra apuesta es reconvertir estos espacios con  pequeñas reformas. Por ejemplo, construyendo una red de bancos, plantando árboles que den sombra en parques, identificando los barrios con peores accesos al transporte público y  mejorándolos…», prosigue Ortiz Escalante,  que señala como crucial que en este proceso de rehabilitación participen los vecinos y vecinas de los barrios. «Se trata más de mejorar y hacer habitable lo existente que de tirarlo todo abajo y volver a empezar», sentencia.

En este sentido, Mayte Sancho, una de las  mayores expertas del país en gerontología social, insta también a las administraciones a contar en sus planes de intervención con las personas mayores o en situación de fragilidad y atender a sus necesidades a la hora de realizar la planificación urbanística de la ciudad. Sancho llama a eliminar en la medida de lo posible todas las «barreras arquitectónicas» que impiden que,  por ejemplo, las personas en silla de ruedas  puedan moverse con total libertad y sin ayuda  de nadie. Incide en la necesidad de contar con  bancos, aseos públicos, equipamiento para el  ejercicio físico de los mayores y de aquello que  contribuya a que la ciudad sea «un espacio más  amable». Siempre con la vista puesta, dice, a no  «segregar». «Es importante que los espacios no  sean solo de personas mayores». Por ejemplo,  valora positivamente que haya espacios en zonas públicas para que los mayores hagan ejercicio  físico, pero estos deben estar cerca de jardines de  infancia o de cualquier otro lugar con un tránsito mixto de personas.

Asimismo, insta a las administración a estudiar  las viviendas de las ciudades y a realizar  inversiones para, tal y como ha hecho Amsterdam,  equipar las viejas viviendas de ascensores que  posibiliten el acceso. «Donde hay una barrera  arquitectónica hay riesgo de una soledad no  deseada», sentencia Sancho.

Los vecinos de Amsterdam utilizan muchísimo la bicicleta.- REUTERS

Por otro lado, el trabajo a realizar en las ciudades  para hacer más seguro el espacio público para  mujeres, adolescentes y niñas necesita de una mención especial en este artículo. Un informe de la ONG Plan Internacional, tras un estudio en  cinco ciudades del mundo entre las que se incluye Madrid, revela que niñas y mujeres afrontan  «obstáculos» desconocidos para los hombres en el  espacio público. El informe denuncia «la atención  no deseada, el acoso, el temor a la agresión física o  verbal o el abuso cuando viajan solas, al anochecer  o incluso a plena luz del día» como algunos de  estos obstáculos a los que las mujeres tienen que  hacer frente en la gran ciudad.

«La evidencia y los testimonios de las  participantes en Nueva Delhi, Lima, Kampala,  Madrid y Sidney son muy desalentadores. Tienen  muchas cosas en común. En las cinco ciudades,  ellas experimentan acoso sexual y violencia física en el espacio público, que comprende desde piropos indeseados hasta agresiones de forma diaria», explica el informe que también apunta a algunas claves para solucionar un problema real: las mujeres no disponen del espacio público en las mismas condiciones que los hombres.

Más participación femenina

Entre las soluciones, hay, obviamente, algunas  que no son de tipo urbanístico. La primera  de estas sería promover un cambio en la  sociedad y, especialmente, en los hombres para estar concienciados de que el acoso callejero, aunque sea en forma de piropo,  «no es una práctica divertida e inofensiva».  «El acoso desempodera, es atemorizante y  completamente inaceptable», prosigue el  informe. Otras, por contra, sí tienen que ver  con el urbanismo.

Por una parte, hay que promover que las niñas y las jóvenes participen en el diseño de sus  barrios y ciudades, que las autoridades escuchen  a las mujeres en la toma de decisiones de  planificación urbana, así como en la creación de lugares libres de violencia machista como  en centros escolares o en rutas de transporte público con formación específica de género para  los profesionales que trabajan en estos espacios. Por otra, la ONG emplaza a los gobiernos de todas las administraciones a «adoptar e  implementar leyes y políticas que criminalicen todas las formas de violencia de género, incluido el acoso sexual callejero» como una forma de enviar una señal clara de que «no se tolerará el  abuso de chicas y mujeres» .