02/12/20. Un hombre pasa por la puerta de una oficina de empleo, SEPE (antiguo INEM) horas después de conocer los datos del paro de noviembre, en Madrid. EUROPA PRESS/ Óscar Cañas. 02/12/20. Un hombre pasa por la puerta de una oficina de empleo, SEPE (antiguo INEM) horas después de conocer los datos del paro de noviembre, en Madrid. EUROPA PRESS/ Óscar Cañas.

El Ingreso Mínimo Vital, una vacuna contra la exclusión social que no despega

Jose Carmona

5 de marzo de 2021

Alivio es la palabra que usa Angelines para explicar su sentir, ahora que percibe mensualmente el Ingreso Mínimo Vital (IMV). «No sales de pobre, obviamente, porque eso solo se consigue con un trabajo, pero es un alivio para una persona que no tiene ingresos», se congratula. Esta madrileña residente en el barrio de Orcasitas recibe todos los meses 800 euros con los que paga su alquiler y mantiene a sus dos hijos. Una aportación que le permite sacar la cabeza del pozo y mirar con menos miedo al coronavirus y la precariedad laboral, que desde abajo parecen dos monstruos gigantescos e inagotables.

Angelines se considera afortunada, visto lo visto, al ser una de las pocas personas que cobra el Ingreso Mínimo Vital, una de las principales medidas que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos aprobó para paliar el desastre económico que la pandemia llevó a los hogares españoles. La medida, envuelta en polémicas por su escasa aplicación y por sus continuas reformas, ha generado apatía en los movimientos sociales, que esperaban una solución ante la pobreza crónica y se ha mostrado, por momentos, colapsada.

«Hoy nace un nuevo derecho social en España», afirmaba Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, en la rueda de prensa de presentación. La medida, puesta en marcha a finales de mayo de 2020, estaba pensada para que alcanzara a 2,3 millones de personas, o lo que es lo mismo, 850.000 hogares españoles. Diez meses después, apenas 160.000 familias se benefician de esta renta, una de las medidas estrella del Gobierno de coalición.

La medida fue pensada para al menos 850.000 hogares y solo ha llegado a 160.000

¿Qué ha fallado en el IMV? Apenas el 25% de las solicitudes han sido aprobadas y tanto asociaciones como particulares denuncian la saturación de la Seguridad Social, incapaz de dar abasto con todas las peticiones, respuestas y trámites administrativos.

Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y uno de los ideólogos del IMV, atiende a Público y defiende la medida: «La aprobación del Ingreso Mínimo Vital ha sido sin duda uno de los principales avances en materia de protección social que se han registrado en las últimas décadas, probablemente desde la aprobación de la Ley de Dependencia. Pero también somos conscientes de que estos meses nos indican aspectos importantes de mejora que tenemos que abordar», asegura el que fuera secretario de Economía de Podemos.

El economista, que reconoce errores a subsanar, explica que los objetivos del IMV van más allá de combatir la pobreza, ya que el IMV también surgió como enmienda a los agujeros que el coronavirus le hizo al sistema nacional: «El IMV no solo tiene que atender situaciones de pobreza estructural, sino también otras de falta de ingresos de carácter sobrevenido, como las que se han derivado de la covid. Por eso se aprobó urgentemente, y por eso nos preocupa que su implantación esté siendo lenta. Aunque se han introducido ya algunas mejoras, hay que aligerar los trámites y simplificar la documentación exigida para evitar atascos burocráticos«, arguye.

Saturación del sistema

Sheila hizo todo el papeleo el pasado 14 de julio y todavía no ha obtenido respuesta, ni de confirmación ni de denegación. Esta vecina del también barrio madrileño de San Blas, con dos hijos de 19 y 13 años a su cargo, se quedó sin trabajo durante la irrupción de la pandemia y no ha podido reincorporarse a la rueda laboral: «Tuve una prestación de 426 euros por hijo a cargo hasta noviembre. Desde entonces estoy sin cobrar. Solo ingreso 200 euros de la manutención de mis hijos», apunta.

De su malestar, la mala gestión es lo que más le enerva: «Después de cuatro meses para que me dieran una cita, lo he conseguido, me han llamado y dicen que no saben porqué no han contestado y que se ha pasado el plazo de respuesta. Lo tengo todo bien, en orden, no falta nada, no entienden por qué no arrancan… Intento sacar cita todos los días, pero los teléfonos no responden y cuando vas presencialmente no te dejan pasar«, confiesa con desazón, a sabiendas de que ahora tiene que enviar un certificado para que se le pueda aprobar el ingreso de la renta.

Hontanares Arranz, experta en Administración Pública y parte de la plataforma Invisibles Tetuán, que ha seguido de cerca la aplicación del IMV, tiene una visión muy crítica con la medida: «Desgraciadamente, vemos muchos problemas. Una de las cosas que nos anima es que hay cambios, pero están siendo a cuentagotas e insuficientes», asegura a Público.

«Los Centros de Atención de la Seguridad Social siguen cerrados porque les faltan medios tecnológicos, lo cual complica que las personas que están en extrema pobreza puedan ser atendidas», apunta Arranz. Además, critica el «silencio administrativo» y problemas derivados de que todos los trámites sean de forma digital: «Hasta que no hay resolución escrita, no hay respuesta oficial de la administración y estas personas están sin saber qué hacer. A veces ven en la web que tienen pendiente entregar documentación y aun no les ha llegado la carta diciendo qué documentación es, por lo que eso les genera estrés. Han maltratado a la gente con burocracia inútil. El ciudadano no sabe a qué atenerse».

Eso mismo es lo que ha padecido Luisa, vallecana de 55 años: «En agosto me enviaron un requerimiento para que aportara documentación que ya había dado; me la volvieron a pedir», asegura sobre sus tramitaciones, que finalmente y, para su sorpresa, fueron denegadas. Sin ingresos en todo 2020 y únicamente el paro como fuente de ingresos en 2019, esta mujer no entiende la negativa de su IMV. «En la página no pone los motivos por los que me lo han rechazado, se supone que te tienen que enviar una carta con la resolución, pero aún no me ha llegado nada. También tengo solicitada la Renta Minina de Inserción (RMI) que da el Ayuntamiento, pero hasta que no haya respuesta oficial del IMV no puedo tramitar esta otra solicitud. Es una situación angustiosa», confiesa por teléfono a Público.

Algunas de estas historias han sido trasladadas al secretario de Estado de Derechos Sociales. Álvarez asume estos conflictos y asegura que «la poca cantidad de solicitudes que han recibido respuesta a día de hoy supone un problema que hay que resolver simplificando la burocracia, y adaptando los trámites a las situaciones en las que se encuentra la población vulnerable.

Cambios en la ley

El pasado febrero se propusieron una batería de cambios para ampliar las posibilidades de solicitar el IMV. El propio grupo de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados impulsó las medidas. Por ejemplo, al hacer desaparecer el límite de dos usuarios por unidad convivencial, se permite el acceso al IMV de personas en situación de vulnerabilidad que se agrupan en una misma vivienda con el único fin de compartir gastos.

Organizaciones como la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales aplauden las reformas que ya se han llevado a cabo y proponen algunas más, todas enfocadas a canalizar correctamente el flujo de información y ayudas, con la idea de contribuir al desbloqueo institucional de la Administración, desbordaba con millones de solicitudes.

«Es preciso que se ponga en marcha la pasarela con los 297.183 solicitantes de las rentas mínimas de las comunidades y se integren de manera automática en el ingreso mínimo vital»

Esta asociación ve imprescindible que en el futuro se haga un traspaso automático de aquellos que reciben ayudas de Comunidades Autónomas hacia el IMV, que lo gestiona el Estado. Así, quedará liberado presupuesto de las CCAA para ser utilizado en otras ayudas. «Es preciso que se ponga en marcha la pasarela con los 297.183 solicitantes de las rentas mínimas de las comunidades y se integren de manera automática en el ingreso mínimo vital. Y que los 1.686 millones de euros que las Comunidades Autónomas invertían en rentas mínimas se orienten a la garantía del derecho a la inserción social, reforzando los servicios sociales municipales para la lucha contra la exclusión social que produce la pobreza continuada, transmitida generacionalmente y sin salida en un contexto de escasez y precariedad del mercado laboral», apuntan en un extenso informe que han facilitado a Público.

Nacho Álvarez considera clave esta misma medida y además aporta algunas reformas más: «Es necesario computar [para analizar si la persona es apta para el IMV] los ingresos recientes y no los del año anterior, y cambiar algunos requisitos de acceso para grupos ahora excluidos. Las enmiendas que ha presentado Unidas Podemos van precisamente en esta dirección, y podrían no solo mejorar su implantación, sino también reforzar el consenso social en torno a esta prestación». El economista es optimista de cara al futuro, donde, a juzgar por sus palabras, el Ingreso Mínimo Vital será mucho más contundente: «Estamos a tiempo de solucionar estos problemas. En todo caso, es importante destacar que, para los 160.000 hogares que ya se están beneficiando de esta prestación, el IMV ha sido una medida positiva».