Alertadores: héroes de la sociedad civil

Artículo de Pablo Romero

Los alertadores se la juegan por todos nosotros para que sepamos la verdad detrás de las apariencias de Gobiernos y corporaciones. Por ellos sabemos que Juan Carlos I tiene fortunas escondidas en cuentas secretas y que el Partido Popular es culpable de corrupción 'a título lucrativo'. También sabemos que EEUU vigila indiscriminadamente incluso a sus propios ciudadanos, que muchos Gobiernos torturan a seres humanos a escondidas y que los ricos del planeta no pagan los impuestos que les corresponden gracias a las relaciones entre paraísos fiscales, grandes bancos y poderosos bufetes de abogados.

Un puñado de mujeres y hombres, generalmente anónimos, nos han proporcionado pruebas de cómo funciona el mundo detrás del escenario. Los ciudadanos asistimos con estupor a la realidad del mundo que otros no quieren que sepamos; el periodismo debe mucho a los alertadores —en este caso, fuentes anónimas—, y también el resto de la sociedad. Sólo un pueblo bien informado puede elegir a sus representantes sin temor a equivocarse. La clave de un buen Gobierno es la transparencia; proteger el anonimato de los alertadores es una herramienta perfecta precisamente para forzar dicha transparencia en los procesos.

Hay casos mundialmente famosos, como los de Chelsea Manning —cuya masiva filtración fue el origen de WikiLeaks, condenada a 35 años de prisión en EEUU por revelación de secretos y más tarde indultada—, Edward Snowden —acusado de espionaje en la agencia de seguridad nacional (NSA) y hoy exiliado y sin paradero conocido en Rusia— o Hervé Falciani —cuya 'lista', extraída de una filial suiza del banco HSBC, ha servido para descubrir una ingente cantidad de defraudadores de todo el mundo, pero al que han amenazado de muerte y detenido varias veces—.

En España, Ana Garrido (que destapó la trama Gürtel y sufrió todo tipo de presiones), Roberto Macías (que señaló un caso de corrupción en el sindicato UGT-A y está acusado de revelación de secretos), Teodoro Sánchez (y el escándalo de los fondos de formación en la Andalucía del PSOE) o el exteniente Luis Gonzalo Segura (expulsado del Ejército por expresar opiniones) son algunos de los casos más mediáticos y significativos de lo que le sucede a un alertador sin la necesaria protección legal.

En cualquier caso, existen pocos asuntos más complicados de abordar que el de los alertadores; por un lado es necesaria la protección de su anonimato para evitar represalias, pero por otro no puede convertirse dicha protección en un mecanismo perverso que ampare a cualquiera que divulgue un secreto. Porque un alertador no tiene que ser un chivato. Tampoco es necesariamente un ser vengativo y oscuro, ni es un enemigo en casa. Y sin embargo, hoy en día, puede llegar a convertirse en delincuente.

Cuando un particular decide dar un paso al frente y señala al corrupto, al defraudador o incluso un sistema torturador y asesino, literalmente se la juega; la divulgación de secretos personales o corporativos, así como los actos de difamación, pueden constituir delito en virtud de los artículos 197 y siguientes del Código Penal.

"Algo importante que hay que tener en cuenta es que hay alertadores 'buenos' y 'malos' pero, en definitiva, es alguien que saca a la luz algo importante a nivel sistémico —no pequeños delitos personales—, que abarcan temas desde medio ambiente hasta corrupción, pasando por salud pública", destaca Simona Levi, dramaturga e incansable activista portavoz de Xnet, una de las voces más importantes en defensa de los alertadores. Y zanja: "No se puede validar o invalidar una información útil y relevante dependiendo de si la persona que lo filtra lo hace por un motivo ético o no".

Por su parte, para la abogada consultora y auditora de sistemas Paloma Llaneza, conviene distinguir entre aquellos alertadores que filtran información secreta pero valiosa para una compañía, que no debería tener protección, de quienes actúan para señalar un comportamiento grave que tenga "un interés social evidente".

"Si esa información filtrada es útil, los motivos del alertador no deberían importar: hay quien filtra información por un sentimiento de ayudar a la comunidad, pero los hay que lo hacen para vengarse, por razones personales, o por despecho (parte del caso Pujol, por ejemplo, deriva de las confesiones de una expareja)", recuerda Simona Levi, que añade: "Existe una situación bastante común, que es la de una persona que se encuentra en su trabajo y que es testigo diario de asuntos de corrupción —por ejemplo, una funcionaria en un departamento corrupto— y tiene que elegir entre callar y ser cómplice y sacarlo a la luz: en estos casos, normalmente, filtrar información no es algo que quiera hacer, sino que las circunstancias le obligan a dar ese paso adelante".

El necesario anonimato

Es importante subrayar que los llamamos alertadores, y no denunciantes, porque el término 'denunciante' ya está recogido en la legislación española y no puede mantenerse en el anonimato. Y como estamos viendo, ese anonimato es importante. "El caso del alertador, que es la figura que la directiva europea quiere proteger, es quien proporciona lo que se llama una 'notitia criminis', es quien avisa de un crimen sistémico, y esa persona no debería quedar atada a las investigaciones del crimen —insisto, sistémico— expuesto", apunta la activista, que explica: "Un denunciante es alguien que se queda vinculado al caso, mientras que el alertador es el que da la voz de alarma y señala un problema, pero debe poder permanecer anónimo para que pueda seguir haciendo su vida".

Imaginemos a un funcionario honesto, buena persona, diligente y trabajador, pero que ve que en el departamento en el que tiene su plaza existe un entramado de corrupción. "Si tiene que ser 'denunciante', en el momento en el que desvele los hechos ilícitos se verá vinculado para siempre a la investigación sobre la corrupción que él mismo ha alertado: será testigo en un posible juicio, se conocerá su nombre y sus datos personales, la prensa le pondrá cara...", sostiene la activista.

Pero el alertador lo que hace es señalar problemas importantes, sistémicos, siempre contra los poderosos, y "no podemos poner a un ciudadano normal en la diana de los poderosos", dice Levi, quien afirma que las represalias más comunes contra los denunciantes son "pleitear por temas que no tienen que ver con el núcleo de la denuncia, como acusaciones de difamación o incluso acoso sexual".

"Por eso es tan importante mantener y defender el anonimato de estas personas, los alertadores, porque realizan un gran servicio a la comunidad y este no debería cambiarles la vida", dice la activista.

Si una empresa u organismo tiene un comportamiento que raya lo ilegítimo, habría que abordar si esa organización cumple con lo que Paloma Llaneza llama un "sistema de 'compliance' penal", que incluya un canal de denuncias activado que necesariamente ha de ser anónimo. Para esta experta, si bien "es importante evitar situaciones tipo la Santa Inquisición, que alguien te denuncie y no sepas quién es, en los casos graves hay que mantener ese anonimato frente a la persona denunciada y durante la investigación".

Queremos saber

Existe una vieja definición del oficio del informador, mal atribuida a George Orwell, que dice que "periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques; lo demás, es propaganda". Los alertadores —que podríamos comparar con las fuentes periodísticas de toda la vida— llegan en estos tiempos de sobreinformación, relaciones públicas y ruido, para ayudarnos a comprender lo que realmente pasa detrás del colorido telón de las pantallas.

Ahora que la democracia es más frágil que nunca, la labor de vigilancia al poderoso se vuelve imprescindible. Por eso es tan necesario proteger a quien se juega el trabajo, la familia y hasta la vida para que sepamos cómo funciona realmente el mundo. Y por eso no podemos permitir que el miedo sea un arma más al servicio de los poderosos. No es un asunto ajeno a la opinión pública: por ejemplo, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 93% de los españoles cree que el fraude fiscal tiene un impacto negativo en la sociedad, frente al 1% que piensa que no tiene efecto alguno.

El poder político y el judicial también tienen un especial interés en las denuncias que surgen de la actividad de los alertadores. La famosa Lista Falciani, filtrada hade una década por el ingeniero y extrabajador en el banco HSBC Falciani, incluye nombres de más de 130.000 presuntos evasores fiscales de todo el mundo a través de cuentas en una sucursal del citado banco en Ginebra (Suiza). España tuvo acceso, gracias a esta filtración, a más de medio centenar de nombres —como los de Emilio Botín, Joan Laporta, Juan Carlos Escotet, las familias Pujol y Luca de Tena, Fernando Alonso—, a quienes el ministro de Hacienda de entonces, Cristóbal Montoro, concedió la oportunidad de regularizar sus deberes fiscales. Algunos lo hicieron, pero más de la mitad, no. Y este tipo de filtraciones también parece interesar a los partidos políticos: al menos, a los que insisten públicamente en tener 'tolerancia cero' ante la corrupción.

Cuidado con los secretos

"Hablar de alertadores es complicado, el asunto tiene muchas aristas", recuerda Paloma Llaneza. Por ejemplo, una información obtenida de manera ilegítima pero que se publica porque tiene interés social es lo que define la exclusiva o 'scoop' tradicional: el periodista se puede acoger al secreto de fuentes. "Si el periodista obtiene algo secreto y estrictamente interno de una organización pero que tiene un interés social evidente, pues la publica y tiene esa garantía", comenta, y añade: "Esa protección no la tiene quien filtra la información".

"Aparte", añade la abogada, "es muy probable que el alertador esté sujeto a una relación contractual con su empresa u organización, posiblemente habrá firmado una cláusula de confidencialidad y le habrán dicho que lo que sabe de su empresa no lo puede contar". O sea, legalmente hablando, esa persona está cometiendo un delito de revelación de secretos del artículo 199 del Código Penal.

Porque no podemos olvidar que las empresas o los organismos públicos tienen secretos legítimos, que tienen que ver con sus patentes o con su modo de operar, entre otros. Paloma Llaneza piensa que "es necesario establecer normas de transparencia que funcionen de verdad". Una alertadora como Frances Haugen, que reveló abundante documentación interna de Facebook en la que se mostraba la indiferencia de la plataforma ante asuntos como la polarización, la injerencia política o la toxicidad de los contenidos para jóvenes, "tendría una querella encima de la mesa si no fuese porque la red social ya tiene demasiados problemas que afrontar", asegura la letrada. Y de hecho, la red social podría haber exigido que respetase el acuerdo de confidencialidad que, sin duda, tiene firmado.

El problema es que hay que ponderar hasta qué punto una persona obligada a mantener el silencio puede saltárselo y conseguir una eximente completa de su responsabilidad, "que sería una manera de hacerlo", comenta Llaneza, que concluye: "Pero también hay que ponderar hasta qué punto lo que filtra una persona es relevante para el interés general, y dictar en cada caso qué es el interés general, qué es relevante, etcétera; en ese momento entramos en el terreno de la indefinición".

Es decir, mientras uno no tenga una seguridad de que pueda denunciar casos de corrupción, nepotismo, irregularidades o delitos en el seno de su trabajo (público o en una empresa privada) sin tener que afrontar represalias, el miedo seguirá condicionando las denuncias que, en realidad, hacen de nuestra sociedad un espacio más transparente y democrático. Eso es un clamor de quienes han sido filtradores de información y de quienes han trabajado con ellos.

Así se trabaja con los alertadores

Para proteger a los alertadores siempre es necesario conocer el marco legal en el que nos movemos. En Europa ya existe la Directiva 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, y que España debería trasponer antes del 17 de diciembre.

Pero también es imprescindible saber cómo ayudar a un alertador a mantener el anonimato. Pocas personas pueden contarlo mejor que Mar Cabra, periodista que coordinó desde el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación la publicación de los Papeles de Panamá en 2016, un trabajo que mereció el Premio Pulitzer.

"Los documentos digitales pueden llevar metadatos ocultos, por ello en los Papeles de Panamá no podíamos volcar todos los documentos en Internet, sino una parte de ellos asociados a los datos de los registros mercantiles de los paraísos fiscales", comenta la periodista, que añade: "Hay que tener muchísimo cuidado con todos esos detalles; nosotros usábamos correos cifrados, discos duros encriptados, y sin embargo la manera más fácil de delatar a alguien es la ingeniería social, es decir, que alguien se vaya de la lengua".

Pensemos en el MIEDO, con mayúsculas. Un miedo cercano y que le puede afectar a usted. El miedo a perder el trabajo, la casa, la familia, la libertad. El miedo a perder incluso la integridad física y la propia vida. El miedo que sufren muchas personas de todo el mundo, también en España, simplemente porque han señalado algo que está mal: corrupción, delitos ocultos, torturas...

"Ser un alertador es algo muy complejo. En el momento en el que aparece tu nombre publicado te expones a que nunca más te contrate nadie, sin mencionar los posibles problemas legales, por eso en EEUU existe una norma específica que ayuda al alertador dándole un porcentaje del dinero que se recupere en casos de corrupción", dice Mar Cabra, que añade: "Pero claro, en casos de seguridad nacional no se aplica, como sucede en el caso de Edward Snowden".

Hay que ser muy valiente, recuerda la periodista, para correr el riesgo de arruinar una carrera laboral y verse expuesto a posibles acciones judiciales sólo por cumplir con su deber y señalar algo que está mal. Algunos ciudadanos actúan como auténticos héroes para que los demás sepamos qué hay detrás del escenario. Pero denunciar corrupción no debería ser una heroicidad, sino una buena práctica democrática. Igual que proteger a quien denuncia.

Glosario

• Alertador/a: También se le conoce como denunciante o por la expresión inglesa wistleblower. Persona o grupo de personas con acceso directo a información o documentación reservada o secreta y que decide denunciar públicamente una mala práctica apoyada en dicha documentación.
• Anonimato: En el caso de un alertador, puede ser una condición indispensable para animarse a denunciar sin que nadie sepa quién es por miedo a posibles represalias. Hasta ahora, por ejemplo, la figura del denunciante sí tiene amparo legal en España, pero no puede ser anónimo. En algunos casos, el alertador da la cara desde el primer momento también para protegerse y reivindicar su acción, como el caso de Frances Haugen contra Facebook.
• Huella digital: Toda acción que realiza cualquier persona en la red —comentar en una red social, tener una o varias cuentas en redes sociales, el correo electrónico...— deja un rastro o huella digital. A menudo, no hace falta ni siquiera que el afectado tenga acceso a la red: basta con que familiares o amigos etiqueten imágenes en las que aparece.
• Metadatos: Literalmente, son los 'datos que describen datos'. Cualquier acción que realizamos con un sitio web, una aplicación, un programa o un archivo multimedia los genera. No son visibles y los ciudadanos suelen ignorar su existencia, pero son claves para, por ejemplo, rastrear el comportamiento de alguien.
• Buzón seguro: Se llama así a un canal de comunicación que garantice el anonimato del alertador, de manera que ni siquiera pueda rastrearse el lugar o dispositivo desde en que se realiza la denuncia. Es conveniente que a través de él se puedan aportar pruebas y documentos que apoyen la denuncia; para asegurar la confidencialidad se suele utilizar tecnología de cifrado y se aconseja generalmente utilizar el navegador TOR.
• Filtración: Es la acción de trasladar a la opinión pública, bien directamente o bien a través de periodistas y medios de comunicación de masas, los documentos o pruebas que avalan la denuncia del alertador. Una filtración puede ser anónima o no, puede tratarse de un papel o de billones de datos. Generalmente, es necesaria la ayuda de los periodistas para seleccionar, ordenar y contextualizar esa información.
• Directiva de alertadores: Se trata del marco legal que, por primera vez en Europa, está dedicado específicamente a proteger a la figura del alertador anónimo, de una manera amplia. Con esta herramienta, la UE pretende aumentar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales, la contratación pública, la seguridad alimentaria o nuclear, la salud pública o la protección de datos. Obliga a disponer de un canal de denuncias en empresas de más de 50 trabajadores.
• Ley de alertadores: La trasposición de la mencionada directiva, que España debería tener lista como muy tarde el 17 de diciembre, marcará un hito en la lucha contra la corrupción, ya que hasta hoy no existe protección para denunciantes salvo en algunas comunidades, especialmente en el País Valencià, que incluso cuenta con una Agencia Antifraude abierta a alertadores.
• Ética del alertador: Con carácter general se presupone que el alertador que denuncia situaciones que considera injustas o ilegales actúa de buena fe. Esto es así porque en todos los casos se le suele exigir pruebas documentales de lo que señala. Conviene recordar que el alertador lo es en tanto que exclusivamente denuncia irregularidades o prácticas directamente delictivas.
• Revelación de secretos: Se trata de una figura delictiva cuyo tipo se recoge en el artículo 197 y siguientes del Código Penal. La norma es tan amplia que, en realidad, se puede condenar a cualquier alertador simplemente por acceder a documentos o datos no públicos; si los publica o cede a un tercero, le pueden caer hasta cinco años de cárcel. Por tanto, volvamos al inicio de este glosario: ¿a que es muy importante garantizar el anonimato del alertador?