La pesadilla de denunciar corrupción en España
Reportaje de Carlos Enrique Bayo
Hace ya dos años que está en vigor, y es de obligado cumplimiento para todos los países miembros de la Unión Europea, la Directiva UE 2019/1937, que ordena proteger y ayudar a los alertadores de corrupción. Pero en todo este tiempo —mientras se multiplican las causas judiciales por esa lacra, que en España causa cada año pérdidas por valor de más de 90.000 millones de euros— el Gobierno no sólo no ha cumplido el plazo para trasponer esa ley comunitaria a la legislación española, sino que ni siquiera ha apoyado a los denunciantes de casos de corrupción tan importantes como el fraude de las subvenciones a UGT-A o la trama Gürtel en Boadilla del Monte, que en estos momentos está siendo juzgada en la Audiencia Nacional.
Aún peor, en el caso de Roberto Macías —quien filtró a la prensa las facturas falsas de UGT-A, desencadenando la investigación judicial contra la antigua cúpula sindical por desviar 40,7 millones de euros— la Fiscalía siguió acusándole de "revelación de secretos" y consiguió que fuera condenado a dos años de cárcel, en mayo de 2020, menos de un mes después de que el Juzgado de Instrucción nº 9 de Sevilla abriera procedimiento contra el ex secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, y otras 14 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, como consecuencia de la filtración de Macías.
Semejante aberración jurídica fue justificada por el fiscal Fernando Soto Patiño aduciendo que Macías "no es denunciante de nada" porque no presentó una denuncia judicial formal en su día, sino que filtró las pruebas de la corrupción; y por la jueza Ana María León Gallego, argumentando que "la referida Directiva [de la UE] aún no forma parte propiamente de nuestro derecho interno, pues está pendiente su trasposición al derecho nacional" —precisamente por dejación de las autoridades— y "que la misma prevé unos concretos canales de denuncia", por supuesto inexistentes cuando Macías alertó del fraude (en 2012) y que tampoco están todavía en vigor al incumplir el Gobierno el plazo máximo de dos años para trasponer las disposiciones europeas a nuestra legislación.
El Gobierno no responde y la Fiscalía da largas
Diputados que llevan más de un año presionando al Gobierno para que agilice el proceso de cumplimiento de la Directiva europea confirmaban a Público a finales de noviembre que el Gobierno seguía sin remitir al Congreso ningún proyecto de ley sobre el tema y, además, mantenía una absoluta falta de transparencia sobre sus planes al respecto. Circunstancia que hizo circular rumores de que se disponía a despachar el asunto mediante un decreto- ley, sin cumplir la consulta pública previa que requiere la UE ni atender a las dos completas proposiciones de ley —la de Protección Integral de las y los Alertadores (41 artículos de Xnet) y la de Prevención y Lucha contra la Corrupción (80 artículos)— que le fueron remitidas por organizaciones de la sociedad civil y por una comisión de destacados juristas y activistas, con la participación de magistrados en su redacción y el apoyo de numerosos parlamentarios en su presentación.
Por no hacer nada en favor de los alertadores (conocidos con el término inglés de whistleblowers), el Ejecutivo de Pedro Sánchez ni siquiera los ha querido escuchar. En concreto, los abogados de Macías pidieron una reunión con la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para solicitar que se impartiera una directiva interna en la Fiscalía instruyendo al Ministerio Público a, al menos, no perseguir a los denunciantes de corrupción en tanto no se efectuase la trasposición legal de la Directiva de la UE. En un principio, se les convocó en octubre de 2020 a una primera sesión por videoconferencia con la Secretaría Técnica de la Fiscalía, pero esa cita fue anulada por el fiscal jefe, Álvaro García Ortiz, sin más explicación que "problemas de agenda" y sin dar plazo ninguno para una nueva fecha. Más de un año después, nada se ha hecho en la Fiscalía en favor de los alertadores, pese a que García Ortiz expresó inicialmente "nuestra voluntad de reunirnos con ustedes para que nos trasladen sus valiosos puntos de vista y propuestas en la materia", tal como reza su carta de 28 de octubre de 2020, a la que ha tenido acceso Público.
Una Directiva de relevancia excepcional en la UE
Todo ello es sorprendente no sólo por la enorme trascendencia del problema de la corrupción en España, sino también porque esta Directiva (EU) 2019/1937, de la Eurocámara y del Consejo de la Unión, es de una relevancia excepcional en la historia de la UE, ya que establece la soberanía europea en ese ámbito por encima de las normativas estatales; es de nueva generación, al articular toda la legislación ya publicada; permite la denuncia anónima e invierte la carga de la prueba, al requerir que el denunciado demuestre ser inocente; no exime de su cumplimiento a ninguna autoridad por alta que sea: desde jueces, magistrados y policías, hasta cargos políticos o incluso jefes de Estado, toda norma que los exonere queda derogada y no existe aforado ninguno, ni siquiera los integrantes de un Tribunal Constitucional; y además prevé que puedan ser autoridades judiciales de otros países de la UE las que investiguen, determinen y castiguen las vulneraciones cometidas por la Administración española.
Por tanto, la Directiva establece la creación de una Fiscalía Europea (que empezó a actuar el pasado 1 de junio) ante la que ya se pueden presentar directamente —y sin ningún trámite judicial previo en España— las denuncias por represalias o falta de apoyo oficial a los alertadores de corrupción. También decreta la obligatoriedad de crear canales (o buzones) de denuncias para todas las instituciones públicas y todas las empresas privadas que tengan más de 50 trabajadores o trabajen con administraciones públicas.
Así que la apatía gubernamental y el silencio administrativo que han regido durante estos dos años en este ámbito no tienen justificación posible, ya que son más que conocidos e indignantes los casos de alertadores españoles de corrupción que han sufrido todo tipo de represalias, amenazas y persecución, perdiendo sus empleos y domicilios hasta el punto de tener que exiliarse al extranjero. Como es el caso de Ana Garrido Ramos, primera denunciante de la trama de la Gürtel en Boadilla del Monte que por fin está siendo juzgada en estos días en la Audiencia Nacional, quien fue sometida a acoso laboral en el Ayuntamiento no sólo por parte de los que ahora se sientan en el banquillo (como el entonces alcalde Arturo González Panero, El Albondiguilla) sino más tarde por su sucesor, Antonio González Terol, actualmente vicesecretario de Política Territorial del PP designado por Pablo Casado.
Acosada por un alto cargo del PP de Casado
"De hecho, al reincorporarme al equipo municipal de Boadilla, con González Terol como alcalde, me lo hicieron pasar aún peor, por haber denunciado la trama, que el equipo de los que ahora están en el banquillo", explica a Público Ana Garrido, rememorando los 14 años de calvario en los que perdió su plaza de funcionaria por oposición. Incluso tuvo que refugiarse en Costa Rica durante dos años por las amenazas contra su integridad física en venganza por haber desvelado el sistema de pagos ilegales a cambio de contratos públicos con el que se financiaba el Partido Popular, y cuya investigación judicial acabó diez años después con la presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy.
Galardonada por Transparency International con el Premio Anticorrupción 2018, Garrido ha logrado salir del infierno en el que bregó sin medios de subsistencia hasta que el Supremo condenó al Ayuntamiento de Boadilla a indemnizarla por acoso laboral. El 80% de lo que le dieron se le fue en pagar las deudas de abogados, los préstamos y los impuestos, y hace dos años se vio obligada a vender su casa, lo último que le quedaba de su etapa como técnica municipal, una carrera profesional destruida por las represalias de los políticos corruptos. Ni después de esa sentencia, ni para cumplir con la Directiva de la UE, el Gobierno le ha prestado auxilio directo.
"Si el Gobierno me hubiera proporcionado alguna ayuda, no habría tenido que vender mi casa", continúa su relato Ana Garrido. "Pero ni siquiera nos han dado respuesta a nuestra proposición de ley de prevención y lucha contra la corrupción, a pesar de que hemos recibido el apoyo de destacados parlamentarios, como Odón Elorza".
Una alianza de profesionales para ayudar a whistleblowers
Garrido ha participado en la elaboración de esa iniciativa porque logró sobreponerse a la trituradora del PP y a la indiferencia del PSOE, y ahora es una experta (con un título por la Facultad de Derecho) y una activista contra la corrupción, y preside la consultora Proética&Compliance (proetica.es) que se presentó este último 25 de noviembre con oficinas en Madrid y Sevilla; una alianza de profesionales independientes —letrados, peritos, abogados especializados en acoso laboral y en blanqueo de capitales, y un magistrado de contencioso-administrativo— dedicados a asesorar y defender a los que denuncian delitos fiscales o de cohecho, bullying en su empresa, acoso, amenazas o calumnias. También elaboran informes periciales informáticos y de redes sociales, así como auditorías sobre el cumplimiento jurídico de las empresas y sobre ciberseguridad.
"Lo que yo he vivido es el patrón que sufren en España todos los denunciantes de corrupción, incluido el acoso de los medios de comunicación que participan de las tramas corruptas", subraya Garrido a este diario. "Pero ahora va a cambiar todo, haga lo que haga el Gobierno, porque las disposiciones de la Directiva, como la de abrir buzones de denuncia, obligarán a partir del 18 de diciembre a todas las instituciones y empresas españolas, aunque no se haya efectuado la trasposición de la normativa a nuestra legislación".
"Así que ahora hay que mandar un mensaje de esperanza y de resiliencia a la gente", continúa Ana Garrido, "porque yo tengo tratos con muchos denunciantes que se sienten abandonados por las autoridades… salvo en casos concretos como el de la Oficina Antifraude de Valencia, que es auténticamente independiente y lleva cinco años funcionando bajo la dirección de Joan Linares, o la de Baleares".
"Lo malo que tiene este país es que los organismos de control los presiden personas que están a su vez controladas por los políticos. No hay vigilancia independiente de la gestión del poder y ahora se están apuntando a este carro de los buzones de denuncias muchas entidades que no tienen ni idea del tema pero prometen a los alertadores gestionar sus problemas".
Campañas mediáticas para desprestigiar a los alertadores
"Tengo casi la certeza de que Villarejo me puso micrófonos en mi casa a través de Carlos Mier, el único periodista que ha estado en mi casa… y dos veces, una para ponerlos y otra para retirarlos", rememora Garrido. "Sé muchas cosas de Villarejo, porque vivía en Boadilla, y el último juicio lo tuve hace un par de meses porque denuncié a OKdiario y Libertad Digital, ya que mi expareja era un infiltrado de ellos que difundió bulos como que yo era amante del Albondiguilla y estaba metida en la trama pero denuncié porque no me llevé mi parte… Bueno, pues resulta que llevaban de abogado al hijo de Ana Rosa Quintana y Alfonso Rojo, porque parece que son como un clan y están formando a sus propios abogados para el futuro".
Uno de los más graves problemas con los que se enfrentan los alertadores son las campañas mediáticas de desprestigio que lanzan contra ellos las tramas corruptas a través de las redes sociales y de sus periodistas afines. Esa presión, combinada con el vacío al que los someten muchas empresas de su ramo como represalia por su deslealtad, acaba cerrándoles todas las puertas y empujándoles a emigrar. Como le ocurrió al testigo protegido 29 del caso Cursach en Mallorca, quien se ha tenido que exiliar en Suiza porque ni la Policía ni la Fiscalía lo protegieron de las palizas de sicarios mafiosos.
"Yo también estoy aprendiendo alemán y estudiando formación profesional de otras especialidades, porque ya no tengo futuro laboral en España y tendré que irme a Alemania o algún otro país que me pueda ofrecer empleo", explica a Público Roberto Macías. La trama corrupta que denunció aún no se ha juzgado y sentenciado, pero su vida sí ha sido arruinada.
Igual que la del exteniente Luis Gonzalo Segura, expulsado del Ejército por denunciar corrupción en su seno, ya que en los cuarteles sigue rigiendo una Justicia Militar que, a partir de ahora, tendrá también que someterse a la Directiva de la UE, puesto que no establece diferencia alguna entre las jurisdicciones civil, penal, laboral, militar o administrativa.
De momento, el único rayo de esperanza para los alertadores de corrupción viene de Europa.