Una cuestión democrática

Alejandro Torrús

11 de diciembre de 2020

Cuenta el experto en Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, catedrático de la Universidad de Sevilla, que la democracia que nacía bajo el amparo de la Constitución de 1978 era una “democracia muy condicionada”. El proceso, prácticamente, lo conocemos de memoria. Juan Carlos I fue proclamado rey como consecuencia de una decisión del dictador Francisco Franco. Fue el autodenominado Generalísimo el que impuso la restauración de la monarquía en el año 47 con la Ley de Sucesión y definió España como un reino.

La opción monárquica, de hecho, sería ratificada años después en la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958 y, también, el 22 de julio de 1969, día en el que Franco, saltándose el orden sucesorio natural de las propias reglas monárquicas, designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor en la jefatura del Estado. Habría que esperar, no obstante, hasta noviembre de 1975 para que Juan Carlos I accediera de manera real y efectiva a esa jefatura del Estado.

Pero, ¿podía sobrevivir un reino como el de España en 1975 en la Europa del momento? La respuesta parece evidente. “En la Europa de finales del XX era imposible la supervivencia de un Estado sin democracia. Juan Carlos I acude a la democracia como forma de garantizar su supervivencia. Es su instinto de conservación lo que le hace dar ese paso”, prosigue Javier Pérez Royo. Por esta razón, incide el catedrático, España tiene una democracia muy condicionada. La condición viene marcada por su origen: la pervivencia de la monarquía borbónica independientemente de la opinión de la ciudadanía española.

El experto jurista prosigue de la siguiente manera su razonamiento. “Tenemos una democracia muy condicionada por lo que fue la Ley para la Reforma Política de Suárez. Las instituciones clave para la futura democracia española estaban prácticamente establecidas en esa Ley y no debería ser así. Esas instituciones deberían haberse decidido durante un proceso constituyente”. Sin embargo, la Ley para la Reforma Política nos dejó una institución monárquica, unas cortes bicamerales con una composición fijada y, además, tuvimos un decreto ley que fijaba normas electorales como es el sistema de elección. Todo eso antes de las primeras elecciones democráticas. Y sin un proceso constituyente que permitiera a la ciudadanía pronunciarse al respecto. Venían fijados por el régimen del general Franco y por Juan Carlos como heredero de ese régimen.

Hoy ya sabemos que el propio Adolfo Suárez confesó a la periodista Victoria Prego en 1995 que el pilar monárquico fue incluido en la Ley para la Reforma Política Ilustración: para evitar que la ciudadanía se votara sobre la jefatura del Estado. Las encuestas que entonces manejaban en Moncloa pronosticaban que, en caso de celebrarse un referéndum, la ciudadanía elegiría la opción republicana. El prestigioso abogado Joan Garcés, ganador del Premio Nobel Alternativo (Suecia, 1999) y Oficial de la Orden de Mérito de Francia (2000) por sus contribuciones al derecho internacional en la lucha contra la impunidad de las dictaduras, desveló en el libro Soberanos e intervenidos que aquellas encuestas de las que hablaba Suárez sí existían.

“La confesión de Suárez a Prego no revela nada que no fuera conocido por quien quisiera conocerlo. Algunas de las encuestas hechas en los setenta son de libre acceso, como las publicadas por la Fundación Foessa, o por otras instituciones españolas y extranjeras, que corroboran lo que Suárez dijo a Prego”, explicó a Público Joan Garcés, asesor, entre otros, de Gobiernos como el de Salvador Allende en Chile o François Miterrand en Francia.

La Fundación Foessa realizó en 1970 una encuesta en España sobre sus preferencias para “después de Franco” en el Informe sociológico sobre la situación social de España, 1970. La encuesta preguntó a los españoles por el “sistema preferido para después de Franco” y la respuesta fue clara y contundente: el 49,4% apostaba por una república, mientras que la monarquía cosechó el apoyo del 20,8% de los encuestados, nueve puntos menos (29,8%) del apoyo que recibía la continuidad del régimen franquista.

De esta manera, Garcés considera que el “cambio de régimen de partido único al del pluripartidismo entre 1975 y 1977 fue pensado para perpetuar la subordinación/discriminación de los republicanos españoles”, por lo que “las instituciones creadas a partir de 1975 buscaron tener bajo control al electorado antes de que se abrieran las urnas por primera vez desde las elecciones de febrero de 1936”.

El veto a los republicanos

Prueba de la subordinación que explica Joan Garcés es el maltrato que sufrieron durante la Transición los partidos que llevaban entre sus siglas la palabra “república” o derivados. El mejor ejemplo fue Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, último presidente de la II República española. La formación, pese a su importancia histórica en la primera democracia española, no fue legalizada por el régimen para las elecciones constituyentes de 1977. Era imposible participar en el proceso democrático con una ‘R’ de “republicano”. El veto lo explicó en las páginas de Público el propio Isabelo Herreros, líder del partido durante aquellos años.

“Primero hubo un encuentro con Manuel Fraga, ministro de la Gobernación hasta julio de 1976, donde nos dijo que hasta que no quitásemos la ‘R’ no se nos legalizaría, ni con ese Gobierno ni con ninguno de la monarquía. Con el Gobierno de Suárez apenas hubo contactos pues la única interlocución era a través de Juan José Rosón, Gobernador Civil de Madrid entre 1976 y 1980, y siempre dijo que el obstáculo era el PSOE. Nos animaba a convencer a Felipe González, Javier Solana o Enrique Múgica, al parecer los más intransigentes con nuestra legalización. Presentamos los papeles cuando se abrieron los plazos. Martín Villa remitió al Tribunal Supremo la documentación, pero no para que nos legalizasen y sí para que vieran si en nuestra actuación había hechos delictivos y así proceder contra nosotros”, señaló Herreros.

Las elecciones constituyentes se celebraron finalmente el 15 de junio de 1977. El 2 de agosto de ese año fueron legalizados Esquerra Republicana de Catalunya y Acción Republicana. El partido fundado por Manuel Azaña no normalizó su situación hasta el 10 de noviembre. Las opciones republicanas ni siquiera tuvieron oportunidad de presentarse a las primeras elecciones. Sí lo había hecho el PCE, que previamente había tenido que acatar la bandera monárquica como el emblema oficial del país. La democracia que nacía quiso evitar a toda costa lo que había sucedido en las elecciones de 1931, cuando unas municipales se convirtieron en un plebiscito sobre la continuidad de la monarquía que entonces encarnaba Alfonso XIII, bisabuelo de Felipe VI.

Así nació la Constitución de 1978, que tal y como explica Joan Garcés supuso un avance “muy positivo en derechos y libertades”, trajo un periodo de paz y prosperidad y, también, algunos de los problemas actuales como la ya famosa “inviolabilidad del rey” o las propias dificultades para su reforma.

En este sentido, el catedrático Pérez Royo denuncia que el problema de aquel proceso es que enterró el principio de legitimidad democrática por debajo de la supervivencia de la institución monárquica. Es decir, sin monarquía no podía haber democracia y si se quería democracia se tenía que aceptar la monarquía.  “Eso nos lleva a una serie de problemas que tenemos hoy y que tienen difícil solución. Como por ejemplo la incapacidad para poder reformar en profundidad la Constitución española”, explica Pérez Royo. Pero no solo.

La “condicionada” democracia española ha otorgado a la monarquía una inviolabilidad que prácticamente ha hecho imposible que el poder político, el Congreso elegido democráticamente por la ciudadanía, pueda controlar los negocios y actividades del monarca incluso cuando hay sospechas más que fundadas de posibles irregularidades. En este sentido, Pérez Royo incide en que es más importante, bajo su punto de vista, que el rey dé explicaciones en una comisión de investigación del Congreso que ante la propia justicia. Es el principio democrático. Nada debe estar fuera del control de los representantes de la ciudadanía.

“Para mí el problema fundamental es político y no judicial. A mí me daría igual un juicio al rey. Eso tiene mucho morbo y tal, pero debería darnos igual. Creo que lo que nos tiene que preocupar es qué papel ha jugado esta monarquía en nuestra democracia, qué clase de monarca queremos o si queremos vivir en una república en lugar de en una monarquía. Ese es el problema fundamental”, apunta.

Y es que la monarquía en España está fuera de control. Al menos, fuera de todo control político. Ni siquiera las graves irregularidades y comportamientos poco éticos para un jefe de Estado que se han ido descubriendo en los últimos años, y que en las siguientes páginas iremos desgranando, han dado pie a que el Congreso inicie una investigación parlamentaria. Partidos como Unidas Podemos, ERC, PNV, BNG, Junts, Más País, Compromís, EH Bildu o CUP lo han pedido insistentemente a lo largo de los últimos años. La respuesta siempre ha sido la misma: no.

El propio Aitor Esteban, portavoz del PNV, una formación conservadora, advertía en conversación con Público que no es entendible que, en una democracia, una institución tan fundamental como es la jefatura del Estado “esté excluida de cualquier control”. “¿Puede utilizarse la institución para enriquecerse privadamente? La respuesta de todos es “no”. Entonces, si hay sospecha de que puede haber sido así, ¿cómo es que nadie puede investigarlo? ¿Estamos en una democracia occidental? Porque eso es precisamente lo que está en juego. Es muy grave. No entiendo que partidos democráticos no permitan que se realice una investigación desde el Parlamento. ¿Qué temen?”, se preguntaba Esteban.

La ayuda prestada por los grandes partidos de la actual democracia española, como son el PP y el PSOE, tampoco ha sido desdeñable. Por un lado, tal y como denunciaba Esteban, negando sistemáticamente la posibilidad de abrir una comisión de investigación en el Congreso, sede de la soberanía nacional. Por otro lado, a raíz de pequeñas actuaciones, en su mayoría desconocidas, como la que contaba el expresidente del Congreso de los Diputados José Bono en su libro de 2009 Se levanta la sesión.

Bono explicaba que un día, tras rechazar la mesa del Congreso la pregunta del entonces líder de Izquierda Unida Gaspar Llamazares sobre las posibles cuentas en Suiza del monarca Juan Carlos, recibió la llamada del rey para agradecerle personalmente la decisión del Congreso. “Es normal que el rey en un asunto que le afectaba directamente llamase y preguntase por lo ocurrido. Se le informó conforme a la ley”, respondió Bono a preguntas del periodista Gonzo en Salvados. En ese mismo programa también se veía cómo José Manuel García Margallo confesaba que el rey Juan Carlos I le había llamado dos veces, mientras era ministro de Asuntos Exteriores, para mantener sendas reuniones con Corinna. ¿De qué hablaron? García Margallo replicó que no se acordaba de nada, pero que era una asunto privado.

La lealtad socialista

Otro ejemplo de este apoyo continuado de los principales partidos políticos para apuntalar una monarquía que estaba siendo poco ejemplar se da en los momentos en los que el rey Juan Carlos, ya acorralado por los escándalos que le rodeaban, decide dar un paso atrás y abdicar. Era junio de 2014. La popularidad del Borbón había caído de una manera importante y Eduardo Madina, por entonces aspirante a liderar el PSOE, reconocía que los socialistas debían impulsar este debate.

Sin embargo, Madina fue rápidamente rectificado por el entonces líder de los socialistas en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ya tenía previsto dimitir, pero que antes ratificó la Ley Orgánica que garantizaba la sucesión en la Corona y cortaba de raíz las aspiraciones —o más bien ensoñaciones— del ala más republicana del PSOE. “Le deseo al príncipe lo mejor para su reinado, reiterándole el respeto y la lealtad del grupo socialista y el compromiso con un nuevo tiempo”, señaló Rubalcaba en el Congreso solo un día antes de que la Cámara ratificara la mencionada Ley Orgánica.

Apenas tres meses después de esa votación, en septiembre de 2014, el Congreso tenía que dirimir una propuesta de IU para celebrar un referéndum no vinculante sobre monarquía o república. El PSOE, que también había empezado su proceso de renovación, ya estaba liderado por Pedro Sánchez, quien se había impuesto en las primarias a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias. Los socialistas volvieron a votar en bloque junto al Partido Popular y tumbaron toda opción de referéndum. “No comprendo la necesidad de deshonrar a nuestros padres para honrar a nuestros abuelos”, explicó la diputada socialista Meritxell Batet desde la tribuna del Congreso, donde también defendió que el PSOE debía estar a la altura de sus padres y respetar el pacto constitucional de 1978.

Otros favores son probablemente menos fáciles de apreciar, pero también sobrevuelan cada cierto tiempo la Casa Real y a los diferentes Gobiernos de la democracia. Uno de estos casos es el recurrente papel del monarca durante el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Su intervención para frenarlo en una intervención televisada fue crucial para el asentamiento de la democracia. Pero, ¿sabía el rey más de lo que contó? La respuesta sigue siendo una incógnita porque, pese a lo mucho ya publicado, los papeles clave para conocer qué ocurrió en aquellas horas todavía contienen fragmentos por desclasificar bajo una Ley de Secretos Oficiales que sigue vigente desde 1968 ante la pasividad de los diferentes Gobiernos que ha tenido el país.

Todas estas sombras, y algunas más, planean sobre la legitimidad de una monarquía considerada intocable hasta hace relativamente poco tiempo y cuyos principales detractores han encontrado en la figura de Juan Carlos I a su principal aliado. De hecho, Unidas Podemos, actualmente en el Gobierno, es el único partido estatal con cierta implantación en todo el territorio que defiende abiertamente la necesidad de reflexionar sobre un horizonte republicano.

Sin embargo, el proyecto sobre el que se asentaría esa España republicana está sin definir. También, y casi más importante, está completamente sin decidir el proceso que llevaría a, al menos, un referéndum. En el horizonte republicano solo se aprecian dudas y la única certeza de que la decisión debe venir de la ciudadanía y no de los poderes ya establecidos.

A partir de ahí, sin embargo, asaltan nuevas dudas. Por ejemplo, el ex coordinador general de Podemos en Catalunya, Xavi Domènech, defendía recientemente en las páginas de Público la necesidad de que tras un referéndum en todo el Estado se iniciara un proceso constituyente que llevara nuevas consultas a las nacionalidades históricas con aspiraciones de soberanía, como pueden ser los casos de Catalunya, Euskadi o Galicia, para que fueran ellas mismas las que decidieran y definieran su relación con España. Lo único que sí estaba prefijado en las declaraciones de Domènech es que el futuro pasaba por una república federal. El futuro federalista también ha sido defendido recientemente por otro ex de Podemos, y actual eurodiputado, Miguel Urbán, en la obra ¡Abajo el rey! Repúblicas.

El proyecto republicano está hoy en día prácticamente desnudo. Su principal impulsor es el olor a corrupción que emana de la monarquía y la cerrazón de los principales partidos a debatir sobre la forma del Estado. Han pasado más de 40 años desde la aprobación de la Constitución que dio forma a la “democracia consolidada”. Parece un tiempo más que suficiente para poder quitarse de encima los corsés de la Transición y poder preguntar abiertamente a la ciudadanía en qué modelo de Estado les gustaría pagar impuestos. Es una cuestión de higiene democrática.