El turismo ya no es estacional en Barcelona. Y la venta ambulante tampoco. Pero lo cierto es que las informaciones acerca de los manteros aumentan en verano. Aziz Faye, uno de los fundadores del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, el colectivo que los representa desde 2015, lo tiene claro: no es que haya más manteros, sino que en estos meses hay menos noticias de política. "Si no son los manteros, son los menores extranjeros no acompañados; el caso es que, con el calor, se persigue más a los vulnerables. Parece que no haya otra cosa de la que hablar", lamenta.

Según la organización en la que Faye ejerce de vocero, los manteros en Barcelona oscilan desde hace más de un lustro entre los 200 y los 400. Para el colectivo, esta cifra permanece estable desde hace cuatro años. "Aunque los hay que intentan ver muchos más", denuncia Faye. Lo cierto es que existe un auténtico baile de números acerca de la venta ambulante. En parte porque, en realidad, "no existen datos". Esa fue una de las principales conclusiones a las que Rafael Ribó, el Síndic de Greuges, llegó hace unos meses, cuando puso punto y final a tres reuniones interadministrativas para abordar el fenómeno y de las que no se sacó nada en claro. A pesar de estos encuentros, a día de hoy nadie ha sabido encontrar una solución al top manta. Con los manteros se vive un eterno día –o verano– de la marmota.

Pero, ¿por qué de vez en cuando repuntan las informaciones acerca de este colectivo? El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes denuncia un "debate interesado" por parte de la clase política y los medios de comunicación, mientras que, en el otro extremo –donde se ubican los comerciantes y la oposición municipal– se apunta a la permisividad de la alcaldesa Ada Colau (BComú) como principal motivo del enroque. Entre tanto, el Gobierno barcelonés mantiene su máxima. Por una parte, priorizar los planes sociales, una apuesta pionera de los Gobiernos de Barcelona: por volumen, se trata de los planes de empleo más cuantiosos de la ciudad para un colectivo en situación administrativa irregular. Por otra, el despliegue policial, que incluye la colaboración entre cuerpos de seguridad: la Guàrdia Urbana y los Mossos d’Esquadra. Y, finalmente, los planes de saturación del espacio, como, por ejemplo, la colocación de mobiliario en las zonas de la ciudad de máxima afluencia de vendedores.

Los planes de empleo de Colau sacaron de la calle durante el pasado mandato a más de 70 manteros. Incluso han favorecido la creación de una cooperativa de exvendedores ambulantes, la llamada Diomcoop. Pero, en paralelo, el juego del gato y el ratón entre manteros y agentes de la Guàrdia Urbana se sigue produciendo. Solo cambia el lugar. En los últimos días se han podido ver de nuevo manteros en la zona alta de las Ramblas, cuando hace unos meses éstos habían quedado relegados a las Drassanes y al subsuelo de plaza de Catalunya, sobre todo al vestíbulo de la estación de Renfe, FGC y metro.

La manta, más allá de los datos

Pese a las multas y los decomisos practicados por la Guàrdia Urbana –más de 15.000 en las últimas semanas–, los vendedores ambulantes siguen llevando a cabo su actividad. "Es cuestión de supervivencia. Dan igual los datos, lo que quieran inventar", destaca Faye, que se dedicó a la venta ambulante en la capital catalana durante años. Y la de la Policía municipal no es la única presión que aguantan. "Cada cierto tiempo somos violentos. O mafia. O sale un estudio que dice que afectamos al comercio, cuando la propia Generalitat dice lo contrario", explica el fundador del Sindicato, refiriéndose al fallo de la Agencia Catalana de la Competència en beneficio de los manteros de 2016. El ente del Gobierno autonómico sostuvo que la actividad de este colectivo no era un perjuicio suficientemente grave como para tener que intervenir. Aunque no todo el mundo opina lo mismo: este mes de julio, un estudio de la patronal PimeComerç cifraba en 65 millones de euros el perjuicio directo del top mantapara los comercios de proximidad, y en 69 millones de euros lo que estaría perdiendo la industria ante la comercialización de productos falsificados.

Aziz, como la mayoría de sus compañeros del Sindicato, recaló en la capital catalana movido por el afán de encontrar un apoyo económico extra para su familia –en su caso, residente en una población del interior de Senegal–. A través de la venta, pueden mantenerse en la ciudad y enviar una remesa económica a los suyos. La práctica totalidad de los vendedores ambulantes de Barcelona proceden de países de África del Oeste y se encuentran en situación irregular administrativa en España. Tal y como recogen el colectivo de manteros y otras entidades que les prestan apoyo –como es el caso del Espacio del Inmigrante–, todos traen consigo oficios y estudios. Pero al llegar aquí se ven arrastrados a la calle. Pese a que muchos manteros son hombres, también hay mujeres en el colectivo, dedicadas en su mayoría a trabajos de cuidados, pero también a hacer trenzas durante el verano. Dos mujeres exmanteras, Marie Faye y Fatou Mbaye, capitanean ahora Diomcoop.

Hay algo en lo que están de acuerdo todos los agentes implicados en el top manta –incluso los comerciantes–: hacen falta más recursos sociales para los vendedores. Para ello, el Sindicato colaboró con el Gobierno de Colau al principio del anterior mandato. En la actualidad, las versiones sobre esa conexión son contradictorias. Mientras que el colectivo sostiene que las conversaciones están paralizadas, el Consistorio mantiene lo contrario.

El autoempleo, una salida

Sea como sea, el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes tiene claro que no quiere depender exclusivamente de esos planes, y es por ello que hace dos años puso en marcha su propia marca, Top Manta, y ahora está en vías de formalizar una cooperativa para emplear a los manteros. "Los Gobiernos pasan, pero los manteros no. Necesitamos seguridad más allá del Gobierno de turno", mantiene Faye. Él es el primer empleado de la cooperativa del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes. Desde hace algo más de un año, vive de vender ropa que él mismo confecciona. La distribuye en la tienda que el colectivo tiene en el barrio del Raval o a particulares. Ahora mismo hay otros dos exvendedores más que se preparan para emplearse.

Además de los trabajos estables, el Sindicato se dedica a montar cenas populares para recaudar dinero para su caja de resistencia. Con ella pagan a los abogados que a menudo requieren por su actividad en la calle. De cara al cuarto aniversario de la organización, en octubre, el colectivo prepara algunas iniciativas, entre ellas una cumbre de manteros de todo el Estado español. También se está estudiando, tal y como adelantó Lamine Bathily –otro de los portavoces del Sindicato– en una entrevista en el número 5 de El Quinze, la cesión de terrenos en los alrededores de Barcelona para poder cultivarlos. Una medida que, sin embargo, está en barbecho.

El Sindicato también trabaja en la posibilidad de crear filiales en el resto de poblaciones catalanas, ya que han identificado una nueva realidad: cada vez más personas de las que venden en Barcelona no viven en la ciudad, por lo que no pueden beneficiarse de los planes sociales del Consistorio ni tampoco aprovechar el paraguas del colectivo organizado. "Los planes sociales deben ampliarse al resto de ciudades catalanas", reivindica el portavoz del Sindicato.

Una realidad metropolitana

La nueva realidad de la venta en Barcelona, con manteros que no viven en la urbe, supone un reto para la organización: así resulta mucho más dificultoso tejer lazos con las personas que se dedican a la venta ambulante en la calle. La movilidad entre poblaciones es todavía mayor. Es por ello que una de las tareas más complicadas para el Sindicato es la de "captar" a nuevos miembros. Incluso tienen un grupo de Whatsapp para arropar a los recién llegados. "La solución pasa por estar unidos, por demostrar que somos valiosos para esta sociedad", defiende Faye. Tal vez de ello depende que esa marmotadeje de ser la norma en los veranos de la capital catalana.

A finales de mayo de este año, El Periódico de Catalunya publicaba la filtración de un documento fruto de un pacto entre Administraciones, el denominado Acuerdo integral interadministrativo para el abordaje de la venta ambulante no autorizada, que implicaba al Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Port de Barcelona, la Renfe y Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Proponía la colocación de jardineras y chiringuitos para disuadir a los manteros, y pretendía la modificación de la ley de Extranjería, para lograr que los permisos de trabajo se concedieran con empleos de tres meses y no de un año. Ni rastro de más medidas sociales. En los últimos días, eso sí, el Ayuntamiento ha presentado una ampliación del plan de acción aplicado a mitad de mandato, con la suma de 30 nuevas plazas de empleo para este colectivo.

ACTIVIDAD PENADA DESDE EL AÑO 2015

La venta ambulante no autorizada es una actividad delictiva desde 2015, fruto de una reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno del PP. La modificación de la norma convirtió en delito la venta ambulante de productos falsificados, que hasta entonces suponía solo una multa económica. Antes, la presión de las entidades en pro de los derechos de los migrantes había conseguido despenalizar la manta. Ahora, un mantero puede ser detenido, encarcelado o deportado a su país por vender una docena de bolsos en la calle. La Policía puede perseguirlos sin importar el valor de lo que estén vendiendo. La norma es laxa y deja en manos del juez su interpretación. Y la pena puede ascender a tres años. Además, los antecedentes penales dificultan la posibilidad de regularizar la situación administrativa de la persona y dificultan su inserción en los planes de las Administraciones. Cancelar los antecedentes penales es costoso y largo.

LAS MULTAS Y LOS DECOMISOS

Las multas impuestas por la Policía son otra de las patatas calientes del fenómeno del top manta: minan las posibilidades de regularización añadiendo una sobrecarga a los manteros en forma de deuda. El Gobierno municipal apuesta por los decomisos en detrimento de las multas, que la mayoría de manteros no abonan por insolvencia. Pero los decomisos tampoco escapan a la polémica. Como han denunciado entidades como SOS Racisme Catalunya, a menudo se producen bajo sospecha: los vendedores denuncian que no siempre se les entregan los comprobantes y que se les requisan los productos hasta cuando no los están vendiendo. Los manteros dicen disponer de tickets que prueban que han comprado sus mercancías de forma legal, sobre todo en las naves industriales de Gran Land, en Badalona, donde la Guardia Urbana ha practicado repetidas inspecciones sin indicio delictivo.