La conquista de la jornada laboral de las ocho horas fue el resultado de una lucha titánica del movimiento obrero organizado que se reivindicaba desde los años de la Primera Internacional (1864). Los tres ochos formaban parte de la mitología obrera: ocho horas de trabajo, ocho horas de estudio y esparcimiento, y ocho horas de descanso. A partir de 1889, tras el Congreso Socialista de París, se había establecido una fecha anual, el Primero de Mayo, para reivindicar la jornada de las ocho horas. La lucha obrera fue constante, y 30 años después se conseguía en España, el primer lugar del mundo en decretarla. Y no gratuitamente, sino tras una dura huelga local que, gracias a los principios anarcosindicalistas de solidaridad, se convirtió en general.

En 1919 el proletariado catalán, afiliado masivamente a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), llevó a cabo la huelga de la Canadiense –el capital de la fábrica en la que se originó provenía de Canadà–. Los años anteriores habían estado marcados por el triunfo de la Revolución rusa y la crisis económica derivada del fin de la Guerra Mundial. El paro y la miseria hicieron mella en la sociedad catalana, que se organizó rápido en la CNT, que pasó de tener 15.000 afiliados en 1915 a 423.000 en 1919. Entremedio participó con la UGT en la huelga general de 1917 y organizó el Congreso Regional de Sants de 1918, donde los anarcosindicalistas ratificaron sus postulados de acción directa, solidaridad, apoyo mutuo y federalismo, y crearon los sindicatos únicos o de industria, claves en la modernidad sindicalista.

La huelga de la Canadiense tiene su prólogo en diciembre de 1918, en el conflicto derivado de la construcción de la presa de Camarasa, en la Noguera, Lleida, cuando los trabajadores, indignados por las malas condiciones laborales, se declararon en huelga y buscaron el apoyo de la CNT. El 15 de diciembre se convocó la huelga general en la provincia. La lucha se trasladó a Barcelona en febrero de 1919, cuando ocho trabajadores de la oficina de facturación fueron despedidos por no aceptar la oferta de la empresa de reducción de salario. La solidaridad no se hizo esperar: primero fueron los oficinistas, luego se unieron los electricistas y el resto de afiliados al Sindicato Único de Agua, Gas y Electricidad. La solidaridad se extendió a los sectores de transporte –carreteros, tranviarios, ferrocarriles de Catalunya, estibadores–, artes gráficas, alimentación, metal, construcción... El 17 de febrero se unió el sector textil, en el que el 80% de la plantilla eran mujeres.

El 21 de febrero, los trabajadores de la central térmica del Paral·lel cortaron la luz, dejando Barcelona sin energía. La ciudad quedó sin alumbrado público y privado, lo que afectó a oficinas, talleres, comercios, almacenes, espectáculos, prensa... El capitán general de Catalunya, Milans del Bosch, decretó el Estado de Guerra y militarizó a unos 3.000 trabajadores, que se negaron a trabajar, siendo detenidos y conducidos al castillo de Montjuïc. El Sindicato Único de Artes Gráficas aplicó la censura roja tanto en las imprentas como en las rotativas de los periódicos, negándose a publicar ningún bando en contra de la huelga.

El 17 de marzo se iniciaron las negociaciones entre los representantes de la empresa, el delegado del Gobierno y el comité de huelga, que había sido excarcelado para que pudiera asistir a las reuniones donde se aprobaron las bases de trabajo, estableciéndose, entre otras cuestiones, la jornada de ocho horas. El comité de huelga, a su vez, pidió la libertad de todos los presos, lo que se concedió con la excepción de unos cuantos obreros que tenían causas pendientes.

Las bases laborales fueron ratificadas por los trabajadores en la asamblea de la plaza de toros de Las Arenas, donde destacó la oratoria de Salvador Seguí, El Noi del Sucre. Los trabajadores dieron un plazo de 72 horas al Gobierno para que dejara libres a todos los detenidos. El incumplimiento gubernamental hizo estallar el 24 de marzo la huelga general en Catalunya, que duró 15 días. En este intervalo de tiempo, el 3 de abril de 1919, el Gobierno, presidido por el conde de Romanones, firmó el Real Decreto Laboral de las ocho horas o 48 semanales. El 8 de abril terminó la huelga general con la victoria de los trabajadores.