A raíz del despliegue de los Mossos d’Esquadra en Catalunya (1994-2008) y la suspensión del servicio militar obligatorio en el Estado español (2001), algunas poblaciones catalanas han ido viendo cómo los cuarteles de la Guardia Civil y el Ejército quedaban infrautilizados, en desuso o incluso abandonados. La acuciante necesidad de vivienda social y equipamientos públicos en las ciudades ha llevado a vecinos y Ayuntamientos a alzar la voz para recuperar algunas de estas instalaciones para la ciudadanía. Sant Boi de Llobregat, Badia del Vallès o Sabadell son solo algunos ejemplos de localidades que reivindican desde hace años estos inmuebles a los ministerios de Defensa e Interior. Ninguno de estos municipios se opone a la presencia de las fuerzas de seguridad. Tampoco denuncian problemas de convivencia entre vecinos y agentes o militares. Sin embargo, sí que alertan de la necesidad de abordar la ubicación y el uso de esas instalaciones.

El acuartelamiento militar de Sant Boi de Llobregat, construido en los años 40, es el único en Catalunya ubicado en pleno núcleo urbano, lo que lo convierte en una auténtica barrera física que divide la ciudad. "El cuartel produce una brecha en la cohesión urbana", explica José Ángel Carcelén (PSC), teniente de alcalde de Territorio. Argumenta que esto es así debido a la gran superficie que la instalación militar ocupa, algo más de diez hectáreas, que, sumadas a las seis de la subestación eléctrica de Endesa –situada junto al equipamiento–, dificultan la movilidad.

El Ayuntamiento de Sant Boi reivindica desde hace años el traslado del cuartel. Carcelén, quien asegura que el Consistorio podría ofrecer otras ubicaciones más adecuadas en la ciudad, indica que mantienen contactos con el Ministerio de Defensa: "Hay que trabajar conjuntamente para encontrar una solución que nos permita a todos mejorar: a ellos con unas instalaciones más modernas y a nosotros con una mejor organización de la trama urbana". "Consideramos que en la actualidad hay pocos militares y personal civil para un uso tan extensivo del suelo", defiende el responsable municipal para justificar el cambio de ubicación.

En 2007, el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento ya firmaron un protocolo por el que el Estado cedía los terrenos del cuartel al municipio para la construcción de un máximo de 1.627 viviendas. Defensa –que no ha respondido a las preguntas de El Quinze– accedía así a abandonar las instalaciones para trasladarse a otra superficie, para "favorecer el desarrollo urbanístico de la ciudad". La crisis, sin embargo, paralizó el proyecto, y 12 años después el acuerdo todavía no se ha materializado. "Hay necesidad de vivienda. Tenemos un modelo de ciudad compacta con un entorno agrícola y fluvial, una vía verde que no vamos a sobrepasar. Por ello las necesidades habitacionales tenemos que abordarlas a partir de los espacios urbanos internos", sostiene Carcelén.

Más vivienda en Badia del Vallès

Esta es la misma petición que hace la alcaldesa de Badia del Vallès, Eva Menor (PSC). Desde su construcción, en los años 70, la localidad convive con un cuartel de la Guardia Civil que ocupa tres bloques de 11 plantas. Su ocupación, sin embargo, "no es la misma ahora que hace 40 años, porque el despliegue de otros cuerpos de seguridad ha modificado el papel de la Guardia Civil en el territorio", recuerda Menor. "Nuestra reivindicación como municipio siempre ha sido que esas viviendas se pusieran a disposición de la ciudad y que no solo fueran para las personas que forman parte del cuerpo de seguridad", explica la alcaldesa.

El Ayuntamiento trasladó hace unos años su petición al instituto armado, que manifestó que su intención era rehabilitar los edificios y llevar más agentes a vivir a Badia, un hecho que no desagrada a Menor, para quien el problema no es quién ocupa las viviendas, sino que estas estén vacías. "Ya nos va bien que vengan agentes con sus familias, porque en Badia la población está envejeciendo. Lo que no queremos es que ese parque de viviendas esté abandonado o infrautilizado", recalca la alcaldesa, que opina que, con la necesidad residencial que existe en la actualidad, no se puede permitir que haya pisos vacíos.

Los problemas que se derivan de la falta de conservación del cuartel son bien conocidos: el pasado mes de octubre un balcón de un quinto piso se desprendió. No hubo que lamentar daños personales. Según el informe de los arquitectos municipales, la caída pudo deberse a la falta de mantenimiento. Tras el incidente, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunciaba en su cuenta de Twitter: "De nuevo la falta de inspecciones y rehabilitación de las viviendas de la Guardia Civil ponen en riesgo a los agentes y sus familias". Días después, el subdelegado del Gobierno en Barcelona, Carlos Prieto (PSC), y responsables del cuerpo visitaban el cuartel. Prieto comunicó al Ayuntamiento que trasladaría a Interior la necesidad de rehabilitar las viviendas.

Fuentes de Interior explican a El Quinze que el cuartel de Badia "no se encuentra dentro del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025, con el que se invierten 600 millones de euros para la reforma y construcción de comisarías de la Policía Nacional y cuarteles de la Guardia Civil". Añaden, sin embargo, que eso no significa que no se vaya a actuar, y que "cualquier reforma u obra dependería de la Dirección General de la Guardia Civil y no del Ministerio".

En Sabadell, un cuartel para los vecinos

Un ejemplo del estado de abandono en el que se hallan algunas instalaciones es el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Sabadell. Construido en 1911, albergó hasta 1998 el acuartelamiento y las viviendas de los agentes. Y desde entonces no ha acogido ningún tipo de actividad. La ciudad ha venido reclamando los más de 9.000 m² que ocupa, una demanda que se ha intensificado en los últimos tiempos. Hace poco más de dos años, la plataforma ciudadana Volem la Caserna ocupó el edificio para reivindicar su uso vecinal. En abril de este año, el Ayuntamiento lo desalojó para realizar "obras de emergencia", debido a las deficiencias estructurales que presentaba y que, según el Consistorio, comprometían su solidez. Isidor Fernández, portavoz de la plataforma, recuerda que la ocupación se hizo para "dotar a las entidades de equipamientos en los que hacer actividades y para recuperar el patrimonio". Isidor, además, niega que el edificio esté en peligro de derrumbe.

Mientras tanto, Ayuntamiento e Interior mantienen un largo litigio sobre la titularidad del edificio. El anterior equipo de gobierno inició los trámites para municipalizar el cuartel y anular el convenio firmado por el exalcalde Manuel Bustos (PSC) para obtener el inmueble a cambio de abonar tres millones de euros y ceder al cuerpo 5.000 m² para construir un nuevo cuartel. La Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat consideró nulo el acuerdo y declaró de titularidad municipal el cuartel, pero el Ministerio interpuso un recurso contencioso-administrativo que está pendiente de resolverse. En la cocapital vallesana, donde no hay agentes de la Guardia Civil, pero sí efectivos de la Policía Nacional, las protestas contra las fuerzas de seguridad del Estado también se han recrudecido desde la consulta del 1 de octubre de 2017.

La coyuntura política en Catalunya ha contribuido a intensificar el debate sobre la idoneidad de la ubicación de ciertas dependencias de las fuerzas de seguridad. Sant Andreu de la Barca, por ejemplo, acaparó muchas miradas en otoño de 2017, cuando algunas familias denunciaron supuestos comentarios despectivos de algunos profesores de un instituto a alumnos hijos de guardias civiles –un caso que finalmente fue archivado–. "Esto no ha supuesto ningún enfrentamiento con los agentes. No tenemos ningún problema de convivencia. Desde 1992 vivimos con la Guardia Civil, y sus agentes se encuentran totalmente integrados en el pueblo. Nunca hemos tenido problemas", asegura el alcalde, Enric Llorca (PSC). Y recuerda que "hay una guardería en el cuartel que el cuerpo abre a la ciudadanía, y el 60% de sus alumnos son del pueblo". En cuanto a las instalaciones deportivas del cuartel, que es el segundo más grande de España, algunas ya son accesibles para las entidades del municipio y otras podrían serlo en el futuro: según el alcalde, están intentado llegar a un acuerdo para poder compartirlas también.

La reciente sentencia del procés ha puesto el foco en otra instalación: la Jefatura Superior de Policía de la céntrica Via Laietana de Barcelona, blanco de muchas de las protestas. El Ayuntamiento de Barcelona (BComú-PSC) ha aprobado a instancias de ERC avanzar en las gestiones para que las dependencias se trasladen a otro lugar y el edificio se convierta en un centro memorial y documental.

De comisaría a espacio de memoria

El concejal de Ciutat Vella y responsable de Memòria Democràtica, Jordi Rabassa, da por hecho que, si el PSC ha votado a favor de la propuesta junto a BComú y Junts per Catalunya, el equipamiento debe trasladarse, si bien "no se han iniciado las negociaciones ni se ha hablado de alternativas". El edil espera que, una vez se forme Gobierno en Madrid, el Ayuntamiento incluya en las listas de peticiones al Ejecutivo el traslado de las dependencias de la Policía Nacional. Algo que se tendrá que trabajar también con la Generalitat. En cuanto a las alternativas de espacios disponibles, "seguro que aparecerán una vez se hayan iniciado las negociaciones". Según Rabassa, el traslado es necesario porque se trata de "un equipamiento antiguo, en el centro de la ciudad, rodeado de calles estrechas y con vecinos a pocos metros". "Cada vez que despliegan un dispositivo se cortan las calles de alrededor, y esto perturba la vida cotidiana de los vecinos", lamenta el concejal, que considera que el actual no es el lugar adecuado para la jefatura.

También recuerda que hace más de un año ya se colocó en frente un atril para recordar la historia del edificio: "Este tendría que ser un espacio memorial en el que se explicase su historia como equipamiento público y lo que representó durante la represión franquista, que seguro que fue el episodio que más impactó en la vida de los barceloneses". Rabassa agrega que, además, "seguro que [los agentes] no pueden desarrollar las labores que sí llevarían a cabo en una instalación más moderna y más grande". Pese a la confianza del concejal en un cambio, Interior ha informado de que "no hay intención de trasladar la comisaría".