La segregación escolar por género tiene los días contados

La Generalitat ultima dos decretos que impedirán financiar las escuelas que separan a niños y niñas y que también favorecerán una distribución más equilibrada de los alumnos con necesidades específicas

Las niñas en un colegio y los niños en otro es una imagen que podría dejar de verse el próximo curso en las escuelas concertadas catalanas, en aplicación de dos decretos que la Generalitat ya prepara y que impedirán financiar con fondos públicos a este tipo de centros, una quincena en Catalunya, con cerca de 9.000 alumnos. La futura normativa –el Decreto de programación de la oferta educativa y del procedimiento de admisión en los centros del Servei d’Educació de Catalunya y el Decreto de conciertos educativos– también permitirá que las escuelas públicas no se vean obligadas a hacerse cargo de la mayoría de alumnos con necesidades específicas, haciendo que estos se repartan también entre las concertadas.

Juan José Falcó, director general de Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa del Departament d’Educació, detalla que el Decreto de programación prevé un mecanismo doble: el primero, que la programación de la oferta escolar pública y concertada sea única y a cargo del Departament, evitando así «diferencias de criterios» y orientándose a la equidad –por tanto, sin segregaciones como la de género– y a la distribución equilibrada de los alumnos. El segundo mecanismo consistirá en blindar esa equidad con novedades como la definición de segregación, el establecimiento de una proporción máxima de alumnos con necesidades específicas y la fijación de limitaciones en la escolarización de los alumnos en centros de alta complejidad.

Educación mixta por ley

¿Por qué dejar de financiar a las escuelas que separan al alumnado por género? Falcó defiende que la voluntad política del Govern es aplicar lo que la Ley de Educación de Catalunya (LEC) ya prevé: la coeducación con escolarización mixta que, por ley, «tiene que ser objeto de atención preferente». Falcó remarca que la normativa prevé que las escuelas públicas y concertadas no puedan establecer diferencias en el acceso ni en la escolarización de los alumnos por razón de género. Siguiendo esta línea, el proyecto de Decreto de programación sitúa entre los requisitos para acceder al concierto educativo «garantizar la coeducación por medio de la escolarización mixta». Una vez que se apruebe este decreto, tanto escuelas de titularidad privada como pública «tendrán que cumplir este requisito».

Todo esto quedará «blindado» con el segundo Decreto que prepara la Generalitat, el de conciertos, que hará que «los centros que actualmente hacen escolarización diferenciada por razón de sexo y que están concertados, si quieren mantener su vinculación a la prestación del Servei d’Educació de Catalunya, tendrán que cumplir este principio» y, si no lo hacen, no se les podrá renovar el concierto. «No obstante, lo que esperamos es que estos centros, como han hecho otros muchos en el pasado, pasen a una escolarización mixta y se puedan mantener concertados», agrega Falcó. Sobre la admisión de alumnos con necesidades específicas, señala que, aunque todos los centros públicos y concertados participan en su escolarización, los públicos «lo hacen en mayor proporción que los concertados», registrándose desequilibrios en algunas zonas. «Uno de los objetivos del nuevo decreto es corregir estos desequilibrios», añade. Todo esto tiene que suceder en un breve lapso de tiempo, ya que ambos decretos se están tramitando por la vía de urgencia. El segundo decreto va con un poco más de demora, pero, según Falcó, el «compromiso» del departamento es aplicar el Decreto de programación en el curso 2020-2021: «Estamos impulsando con la máxima celeridad el resto de trámites hasta la aprobación y la publicación de la norma, para que se puedan aplicar a todo o parte del proceso de escolarización del próximo curso».

Preguntado sobre la reacción por parte de las escuelas afectadas, esgrime que la normativa es el resultado de un consenso alcanzado en torno al pacto contra la segregación escolar: «Estamos convencidos de que el nuevo decreto será bienvenido por toda la comunidad educativa», asegura Falcó acerca del Decreto de programación. En cuanto al de conciertos, ha avanzado que en las próximas semanas se reunirán con los centros concertados para explicar su contenido.

Las escuelas apuntan a las familias

Las escuelas que segregan en Catalunya a los niños por género reciben unos 28 millones de euros en concepto del concierto. El Quinze ha contactado con varios centros y ninguno ha querido realizar declaraciones. Consideran que la nueva normativa afectará a las familias, no a los centros. Josep Manuel Prats, presidente de la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Escoles Lliures de Catalunya (Fapel), recuerda que el concierto cubre ahora entre el 50% y el 60% del coste de la plaza. Y agrega: «Los perjudicados somos los padres, que somos los que tenemos que asumir el coste». Prats rechaza esta medida que, asegura, «va contra» la LOE y la LOMCE, que, además, son de rango superior a la ley catalana.

Asimismo, Prats esgrime que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que «los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos» y que la Constitución fija también que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». También recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de abril de 2018 que avala que las Administraciones subvencionen con dinero público a los colegios que segregan por sexo a sus alumnos. Ante esto, considera que los decretos de la Generalitat «limitan la libertad de los padres de elegir modelos educativos» y reta al Govern a «cerrar totalmente» estos centros si considera que discriminan, en lugar de limitarse a retirarles el concierto.

Prats advierte que la Fapel presentará alegaciones a la nueva normativa para intentar que no se pueda desplegar durante el próximo curso. Sobre el reparto de alumnos con necesidades específicas, manifiesta su acuerdo en que todos los centros luchen contra la segregación, pero considera que hacen falta más recursos. Y reflexiona: «Tengo clarísimo que la voluntad es tener un dibujo del mapa escolar en el que la concertada tenga un peso cada vez menor y la pública mayor». Prats, que asegura no estar en contra de que la pública tenga las plazas que necesite, siempre que la concertada tenga plazas mientras haya demanda, mantiene que «la sensación es de acoso a la libertad de los padres».

Contra estos postulados, Ramon Font, portavoz del sindicato de la educación Ustec-Stes, pronostica que el decreto «puede llegar a tiempo» y, si hay voluntad política, aplicarse. Sobre el precedente que sienta la sentencia del TC, considera que un fallo en este sentido sería muy negativo para un tema tan importante como la educación, en un momento «tan emergente de la lucha feminista y con tanto por hacer con la violencia de género y la educación afectivo-sexual». Font apunta que el modelo de segregación por género es ahora muy minoritario, sin aval social y más bien rechazado mayoritariamente, con escuelas «normalmente del Opus Dei, que se han quedado muy atrás de las necesidades que manifiesta la sociedad».

Font sostiene que «una cosa es la libertad de elección y de educación y otra es el derecho a que te la paguen». A su juicio, igual que sucede con la censura parental, el derecho de los padres de educar a sus hijos no puede sobreponerse al de los niños a tener una buena educación y a recibirla sin discriminación por origen social, étnico ni de género. «La libertad de educación a veces se traduce en libertad para elegir a los compañeros de clase de nuestros hijos», critica Font, para el que la búsqueda del bien del niño es muy legítima, pero se convierte en un «desastre absoluto» cuando esto se traslada a la colectividad.

Más recursos, más éxito

Marina Subirats, catedrática emérita de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), opina que «muy a menudo los debates en los que aparentemente se habla de educación son, conscientemente o no por parte de quienes participan en ellos, campos en que se libran otras batallas, otros intereses, otros conflictos». Ante las ventajas que esgrimen los defensores de la educación segregada –como facilitar una mayor concentración y rendimiento del alumno–, Subirats responde que, en general, las escuelas segregadas se caracterizan por un alto nivel económico y dotaciones de profesorado más elevadas que las públicas, de manera que el éxito no procede de su separación, sino del nivel económico y de disponer de más recursos.

Para Subirats, en el pasado la educación segregada tenía una argumentación simple: «Si el destino social de hombres y mujeres es distinto, si ellos deben dedicarse a la vida pública y ellas a la vida privada, su educación, obviamente, no puede ser la misma». La argumentación, sin embargo, «es hoy mucho menos obviamente misógina» y se basa en las diferencias en el desarrollo y la maduración del cerebro entre niños y niñas, que complican, al educarlos juntos, los procesos educativos. Para la experta, lo que la escuela segregada sugiere en realidad es una reacción a los avances de las mujeres, que parece tener especial virulencia en las grandes religiones y sobre todo en la Iglesia católica y en el Islam. «Aparentemente, los avances individuales y colectivos de las mujeres, los pequeños retrocesos que ha experimentado el patriarcado, ponen en peligro el mantenimiento de estas grandes construcciones androcéntricas que son las religiones», agrega Subirats, que asegura que, en la sociedad actual, hombre y mujer «conviven intensamente y necesitan entenderse, partir de unas bases comunes, para no ser desconocidos unos para otras y viceversa».

COEDUCACIÓN DESDE LA SEGUNDA REPÚBLICA

La catedrática emérita de Sociología Marina Subirats recuerda que la escolarización segregada ha ido retrocediendo a medida que avanzaba la idea de igualdad y que, en España, la Segunda República ya consideró que la forma adecuada de escolarizar era la escuela mixta, también llamada entonces coeducación, siguiendo la terminología inglesa. “Así se inició el cambio hacia la construcción de una escuela pública mixta, pensada para llegar a ser mayoritaria: en 1936 aproximadamente el 30% de las escuelas públicas eran ya de niñas y niños”, un cambio que la Guerra Civil impidió completar y que el franquismo revirtió, hacia una educación segregada casi exclusiva hasta 1970. En la actualidad predomina la mixta. “Queda sólo un reducto de escuelas segregadas, la mayoría de ellas vinculadas al Opus Dei o a alguna orden religiosa”, añade Subirats.