Francina Armengol: “Sería óptimo hacer una reforma de la Constitución para convertir el actual Estado autonómico en un Estado federal”
Francina Armengol (Inca, Illes Balears, 1971) es presidenta del Congreso de los Diputados desde agosto de 2023. Fue la primera apuesta de Pedro Sánchez en esta XV legislatura. Compagina el cargo con el de secretaria general del PSOE en Balears, región que presidió entre 2015 y 2023.
Usted ha hablado muchas veces de la necesidad de que el Congreso de los Diputados se parezca, tanto como sea posible, a la “España real”. ¿Qué es para usted esa España real?
España tiene una gran riqueza, que es su pluralidad y su diversidad. Efectivamente, España no es Madrid, es mucho más que eso. Por tanto, creo que el Congreso tiene que representar las sensibilidades de los diferentes territorios que conforman España; también, evidentemente, desde el punto de vista cultural y lingüístico. La gente tiene que sentirse representada y ver que hablan su lengua y de lo que les preocupa. Tenemos la riqueza y diversidad que conforman los diferentes pueblos de España y eso es bueno representarlo en el Congreso. Siempre he dicho que es fundamental que abramos esta casa, que es la de todos: hay que conseguir que la ciudadanía se sienta cerca y representada. Por otra parte, hay que hacer que a la gente le interese lo que se está haciendo en el Congreso y que pueda venir a visitarlo.
¿Qué han hecho para avanzar en ese sentido?
Una de las cosas más novedosas, ya normalizada, es que se puedan hablar las lenguas cooficiales sin problema. Así, la ciudadanía que es catalanoparlante o que habla euskera o gallego se siente más representada. Yo soy catalanoparlante y soy consciente de esa realidad. Eso hace más por unir España que otras cuestiones. Estoy convencida. Por otro lado, estamos trabajando para aprobar un primer plan de Congreso abierto con otras iniciativas para acercar el Congreso a la ciudadanía; y también nos estamos modernizando tecnológicamente y en materia de comunicación.
Cuando se votó la reforma del Reglamento para introducir en la vida parlamentaria las lenguas cooficiales, el PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro votaron en contra. ¿Cree que puede llegar a dar la sensación de que esa lucha por las lenguas es una cuestión de izquierdas? ¿A qué cree que se debió ese voto en contra?
Ellos tendrían que explicar por qué votan en contra de algo que, además, tienen normalizado en parlamentos donde ha gobernado muchísimo tiempo la derecha. Creo que es un error que se hayan opuesto a esta reforma. Y también creo que el tiempo nos dará la razón. Las lenguas no son de ninguna ideología; son patrimonio de un pueblo y de toda España. Las lenguas cooficiales tienen que ser vistas como lenguas del Estado español y, por tanto, hay que protegerlas, difundirlas, utilizarlas, quererlas y respetarlas. Por eso es importante que el Congreso sea capaz de acogerlas y que los diputados se puedan expresar en ellas. Proteger nuestro patrimonio lingüístico y utilizarlo es nuestro deber. Que esta casa lo utilice de forma normal es un mensaje a la ciudadanía.
Usted se autodefine como federalista. El PSOE también tiene bastante resuelto ese debate, a pesar de que existen diferentes almas dentro de la formación. ¿Cómo se debe recorrer un eventual camino entre el actual Estado de las autonomías y un Estado federal?
Yo siempre me he definido como federalista. Me encanta la palabra porque federal viene de foedus, que es “pacto”, “diálogo”, “acuerdo”. Apuesto por el diálogo para llegar a consensos. Y España tiene una historia que es la que es; con sentimientos diferentes según los territorios. Esa es una realidad objetiva, así que hay que intentar coser y cohesionar desde el respeto; y la mejor forma de cohesionar es respetar identidades y sensibilidades diferentes. La forma de coser es pactar con los territorios el futuro que queremos para esta España común. Lo óptimo sería poder reformar la Constitución para convertir el Estado autonómico en un Estado federal, como ocurre en Alemania. También podríamos tratar de convertir el Senado en una cámara territorial y definir mejor las competencias autonómicas y las estatales. Es decir, hacer un planteamiento más claro del [reparto de] poder, entre territorios y Estado. España ya es un país muy descentralizado. Considero que la gestión desde el ámbito cercano al ciudadano, desde los ayuntamientos o la comunidad autónoma es más eficiente. Desde cerca conoces mucho más la problemática que tiene la ciudadanía y puedes buscar mejor la solución. Eso no significa prescindir del Estado, cuyo papel coordinador, por ejemplo en materia de política internacional o económica, es fundamental. Esos ámbitos son, claramente, cosa del Estado central. Durante la pandemia, por ejemplo, vimos clara la importancia de la descentralización. Las autonomías, competentes en Sanidad, funcionamos muy bien y pudimos aportar en la compra de vacunas. Utilicemos lo que hemos aprendido con el interés de servir mejor a la ciudadanía.
¿Cree que se dan las condiciones para emprender una reforma de la Constitución de ese calibre? ¿Existe la posibilidad de que a corto plazo se trace el camino a un Estado federal?
Me gustaría decir que sí, pero en este momento veo que no, aunque eso no tiene que significar rendirnos. Si hace unos años me hubieran dicho que en el Congreso se hablaría catalán, hubiera dicho: “Uf, falta mucho tiempo”. Y mire, ya está sucediendo. Por tanto, no hay que rendirse y hay que seguir trabajando con la idea de que eso es factible; eso es lo que está haciendo el Gobierno, que sigue con la descentralización, la transferencia de competencias para un sistema de financiación más adecuado para los territorios y con el planteamiento de la cogobernanza. O sea, consultar y compartir la toma de decisiones no solo en las competencias de las comunidades, sino en decisiones que son, incluso, estatales. Un Estado federal sería muchísimo mejor para la ciudadanía desde el punto de vista de la eficiencia económica o la calidad de los servicios públicos y de la toma de decisiones.
“Introducir en el Congreso el catalán, el euskera o el gallego hace más por unir España que otras muchas cosas”.
Hablemos de descentralización. Según datos de 2021 del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el 44,5% de las 1.000 mayores empresas españolas tiene su sede en la Comunidad de Madrid. ¿Eso es natural? ¿Comparte la opinión de un sector de la población de que Madrid funciona, en algún sentido, como una especie de aspiradora de recursos?
Yo no lo veo natural. Históricamente, hemos ido descentralizando, pero hay que tener presente de dónde venimos. Venimos de una dictadura que, además de muchísimas otras cosas terribles, como la merma de las libertades de la ciudadanía, también hizo mucho daño en el reconocimiento de los territorios. Desde la prohibición de las lenguas que no eran el castellano a tener un Estado hipercentralizado. En el proceso de descentralización autonómica aún queda por avanzar. El poder económico se concentra en Madrid, y la toma de decisiones también. Que casi todos los organismos estatales tengan su sede en la capital es un dislate. Si todos somos parte de España, ¿por qué casi todas las instituciones nacionales se concentran aquí? Eso le da a la Comunidad de Madrid muchas ventajas. Además, el hecho de que concurra en un espacio pequeño todo el movimiento político, económico y social hace que la toma de decisiones, muchas veces, se haga en el entorno de la M-30. Eso distorsiona la realidad del resto de territorios. La concentración no es justa en términos de justicia social para con los otros territorios. [Madrid] tiene más financiación por ser la capital de España y por ser la que concentra más poder económico, social y político. Y luego eso no se compensa en el sistema de financiación.
Eso nos lleva a la financiación autonómica, un tema troncal prácticamente en todas las legislaturas. ¿Cuál sería, a su juicio, el sistema ideal?
Lo primero que tiene que haber es voluntad política no solo por parte del Gobierno de España, que me consta que la hay, sino por parte de las CCAA para afrontar el debate desde la transparencia, el rigor, la seriedad, los datos y la intención de llegar a un acuerdo. Cuando se negocia, también hay que ceder. Creo que el actual sistema de financiación autonómico está caducado. Hay que romper el statu quo existente y corregir algunas cuestiones. Hablábamos antes del influjo de Madrid y una sobrefinanciación que le permite bajar impuestos, algo que crea dumping fiscal con otros territorios, y que le permite seguir haciendo de centrifugadora de las empresas. Esto es insolidario, si uno tiene una concepción de una España unida.
¿Qué opinión le merece el pacto tributario que alcanzaron el PSC y ERC?
Creo que todo el planteamiento que se ha hecho para normalizar la situación en Catalunya es totalmente acertado. Un problema que es político tiene que resolverse desde la política. En cuanto al acuerdo de financiación, pienso que abre una gran oportunidad para avanzar en la federalización del sistema de financiación. Desde Baleares hemos defendido esa necesidad desde hace tiempo avanzando de forma clara en la corresponsabilidad fiscal y el principio de ordinalidad. Por tanto, es bienvenido un debate y una propuesta que permitan mayor justicia en hacer posible la garantía de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía
Es imposible hablar de Catalunya sin hablar del procés. ¿En qué fase cree usted que se encuentra actualmente?
El sentimiento de una parte considerable de la población catalana es que forman parte de una nación [distinta a la española]. El sentimiento es real y se tiene que respetar y desde ahí, tomar decisiones políticas. Es, por tanto, un problema de sentimientos muchas veces con motivos claros y demostrables. Hay una parte de la población que se quiere independizar y ahí hay dos opciones. Una es entender la situación que vive Catalunya y, desde la comprensión y el respeto, buscar soluciones para continuar estando juntos y seguir construyendo. Eso es lo que está haciendo el Gobierno actual y creo que con buenos datos. La otra opción es tratar de solucionarlo desde la judicialización del procés, tanto por una parte como por la otra. ¿Cómo está Catalunya en estos momentos? Creo que mucho mejor. Desde la situación de diálogo, consensos y paz social se ha ido reconduciendo lo que la política nunca debería haber abandonado. Aún queda mucho por trabajar, sin duda.
¿Cómo encaja Catalunya en su idea de una España federal?
Casa igual que podría casar en el País Vasco, que tiene una pulsión identitaria también muy fuerte. Se trata de la única opción viable, yo creo que muchos catalanes lo ven. El hecho de que el PSC haya ganado las últimas elecciones quiere decir que muchos catalanes ven que la opción viable es avanzar desde la realidad actual hacia más cuotas de autogobierno y de respeto al sentimiento nacional y al sentimiento de diversidad. Si no engañas a la ciudadanía, si apuestas por esas mayores cuotas de autogobierno, la mayor capacidad de decisión sobre el presente y el futuro; y si cuentas también con el respeto del otro… te permite acercarte a la ciudadanía catalana.
“Creo que la mejor forma de cohesionar es respetar identidades diferentes”.
¿Considera legítima la aspiración de decidir el futuro de Catalunya por la vía del referéndum?
Yo no soy independentista; soy federalista y siempre he apostado por crear puentes de diálogo. He dicho muchas veces que Baleares necesita que Catalunya continúe queriendo estar en España porque somos territorios que venimos de una cultura y una historia común, y tenemos, además, muchos intereses económicos compartidos. Ahora bien, respeto cualquier planteamiento democrático de cualquier ciudadano. También, de un ciudadano o de un partido político cuyo objetivo final es ser independiente desde el planteamiento democrático, no desde la imposición, que es el que hicieron los independentistas con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), pero sí desde el de convencer a los demás teniendo en cuenta, eso sí, que se necesitan modificaciones legales para poder llegar al objetivo final. Yo plantearía el avance hacia ese Estado federal, más respetuoso con los territorios y no solo con Catalunya. También, por ejemplo, con mi comunidad autónoma, que tiene más problemas de financiación que Catalunya. Siempre desde el respeto y la comprensión de lo que piense otro partido político u otro ciudadano. El planteamiento independentista tiene muchos ciudadanos que lo han votado, y hay que respetarlo. La forma de “combatirlo”, si hay que decirlo así, entre comillas, es convencerles de que hay otra España posible mejor que la que ellos plantean, que es de salida y de ruptura. La cuestión es convencerles de que quieran quedarse en esa España mejor. Esa es la postura optimista y esperanzadora.
¿Cree que actualmente las leyes, tal y como están construidas, permiten un suficiente desarrollo de esas nacionalidades reconocidas en la Constitución?
Creo que la Constitución de 1978 es un marco maravilloso, en el sentido de que es flexible para seguir avanzando, y lo hemos visto. Sin apenas tener que modificarla, hemos avanzado en la descentralización. Al principio de la entrevista decía que se podría llegar a cambiar la Constitución para [modificar] el papel que tiene que tener el Senado o en lo referente a la diferenciación de competencias. Y en cuanto a qué se les puede ofrecer a los independentistas… Transferencia de competencias y un sistema de financiación que garantice el ejercicio de esas competencias con suficiencia financiera. Eso quiere decir un reparto, también, de la corresponsabilidad fiscal: cobrar tus propios impuestos. Es un planteamiento que hace Catalunya y que los socialistas de Baleares también hemos hecho siempre. Lo comparto perfectamente. Por último, está la planificación y la ejecución de los Presupuestos Generales. Ahí también hay, siempre, una discusión alrededor de que lo que se plantea en el Presupuesto se ejecute y haga factibles las inversiones que se necesitan en cada territorio. Ese debate siempre crea ampollas.
Le pido un ejercicio de futurología. Si en la última década el independentismo catalán ha sido, posiblemente, el asunto que ha atravesado la política nacional, ¿Cuál va a ser el gran tema de la próxima década?
En la política nacional y europea —y me atrevería a decir que en la mundial— tenemos dos temas que son los que van a marcar nuestras vidas y nuestras sociedades. En primer lugar está la lucha contra el cambio climático; y por el otro, el tema migratorio. Son dos debates no resueltos porque los países hemos sido poco valientes a la hora de afrontarlos. Y son temas acuciantes, ya no para hacer diagnósticos, sino para tomar decisiones.
Cuando llegó al Congreso como presidenta, en agosto de 2023, lo hizo con un compromiso: la introducción de las lenguas cooficiales en el Reglamento del Congreso y en la vida parlamentaria. ¿A qué se compromete en este segundo curso al frente de la Cámara Baja?
Estamos en la elaboración del primer plan de Congreso abierto. Por otro lado, estamos ya trabajando en un gran tema de futuro: la eficiencia energética. El Congreso está adaptándose a esa realidad y vamos a seguir trabajando en este compromiso. Por último, continuaremos apostando por los planes de igualdad, que ya empezaron a trabajarse en pasadas legislaturas, y que estamos apuntalando también en esta. ◼