Vanessa sostiene a su hija en la ventana de su cocina en Valladolid el 30 de enero de 2014, mientras miembros de la PAH luchan para evitar el desahuciio.- AFP Vanessa sostiene a su hija en la ventana de su cocina en Valladolid el 30 de enero de 2014, mientras miembros de la PAH luchan para evitar el desahuciio.- AFP

Ni gente sin casa ni casas sin gente

Lucía Delgado Portavoz de la PAH

12 de mayo de 2021

A finales de 2009 acumulábamos 63.477 desahucios en todo el Estado, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Familias que habían sido expulsadas de sus casas sin alternativa habitacional y en silencio. Muchas de ellas abandonaban la vivienda antes de que les llegara ninguna demanda judicial, víctimas de la vergüenza y del miedo por no poder pagar su hipoteca. Ese mismo año 2009 nació la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) en Barcelona, con el objetivo de dar una respuesta ciudadana a la situación de aquellas personas que ya entonces empezaban a no poder pagar su hipoteca y veían cómo el banco les podía reclamar una deuda de por vida, incluso después de haberlas desahuciado. El principal objetivo de la PAH fue claro desde el inicio: conseguir cambios legislativos para acabar con la burbuja inmobiliaria y garantizar el derecho a la vivienda.

Los inicios de la PAH fueron duros. Éramos un grito en el desierto. Empezamos a hacer asambleas semanales de asesoramiento colectivo sobre estos problemas. Las familias explicaban su caso y a través de la experiencia y de conocimientos, algunos más jurídicos, aconsejábamos qué hacer a las familias que asistían en busca de soluciones a su problema. Los primeros años fueron un laboratorio de ensayo y error, y a la larga, sin saberlo, nos hemos convertido en las mejores abogadas y técnicas de vivienda. La PAH ha sido y es una escuela en movimiento y de empoderamiento, la mejor universidad, como han apuntado algunas en ocasiones.

El primer escollo que se tuvo que superar fue la vergüenza y la propia culpa que sufrían las personas en situación de emergencia habitacional. Convertimos la PAH en un espacio de encuentro, ayuda mutua y confianza, en el que las personas se sienten escuchadas y pueden ayudar y ser ayudadas. Esta forma de hacer, "de cuidar siendo cuidadas", ha sido clave para que, a día de hoy, doce años después, se pueda decir que la PAH es un movimiento social sólido con más de 200 nodos locales en todo el Estado, que trabaja de forma asamblearia y cuyo ADN principal es buscar soluciones colectivas a partir de los problemas individuales.

El mejor ejemplo, en 2010, frente a todo pronóstico, fue conseguir parar el primer desahucio. Fue el de Luis en La Bisbal del Penedés (Tarragona) y fue la demostración de que ¡Sí se puede! Que si nos organizamos y cuidamos podemos ponerle freno a la usura bancaria y balancear el pulso con las entidades financieras. El StopDesahucios de Luis evidenció una realidad invisibilizada que hoy en día algunos grupos políticos y entidades financieras insisten en esconder: los datos muestran que los desahucios siguen siendo el pan de cada día, y el pronóstico es que sigan aumentando si seguimos con políticas de vivienda que dejen en la cuneta a las personas.

El 15-M en la PAH

El 15-M llegó a la PAH como agua de mayo. En un momento en el que la PAH estaba afianzando el movimiento por el derecho a la vivienda y tenía claras sus demandas, el 15-M ayudó a sistematizar las prácticas que se estaban llevando a cabo y a catalizarlas. Con el lema "Gente sin casa y casas sin gente, no se entiende" se expresaba la incongruencia que existía y sigue existiendo frente a los desahucios, consecuencia de no tener leyes ambiciosas y políticas valientes en temas de vivienda que defiendan a la parte más vulnerable de la demanda judicial: las familias vulnerables. Las plazas y las diferentes comisiones se llenaron de frescura, gente joven, ganas de canalizar la indignación en propuestas claras y objetivos concretos. También ayudaron a innovar en acciones directas para expresar alto y claro que "no somos mercancía en manos de políticos y banqueros".

La PAH consiguió un altavoz en el 15-M con el que elevar sus demandas y visibilizar prácticas concretas. Así, las ocupaciones a entidades financieras para exigir soluciones a casos  individuales tuvieron mucha aceptación, igual que la campaña de "Obra social de la PAH" donde, después de agotar todas las vías posibles en las Administraciones y tras exigir soluciones a bancos, recuperábamos viviendas vacías de las entidades financieras para realojar a familias que habían sido desahuciadas.

En este sentido, hemos visto cómo desde las instituciones, a lo largo de 2019, se puso mucho interés en proteger las viviendas vacías que tienen fondos de inversión como Blackstone, en vez de conseguir que pusieran dichas viviendas en alquiler social, evitando así un desahucio y también una ocupación. Siguiendo el hilo de las campañas de la PAH, que catalizó como la pólvora el 15-M, cabe destacar la ILP hipotecaria (Iniciativa Legislativa Popular de ámbito estatal), que se nutrió del 15-M para recoger 1.402.854 firmas, tres veces más de las necesarias, con el lema "¡Qué no nos hipotequen la vida!". El objetivo de la iniciativa, que contaba con el apoyo de sindicatos y sociedad civil organizada, era conseguir que se debatiesen en el Congreso de los Diputados tres medidas de mínimos: la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios que afectaran a viviendas habituales de deudores hipotecarios y la posibilidad de que las personas afectadas pudieran permanecer en sus viviendas en régimen de alquiler social, ampliando también el parque público de alquiler (inexistente en nuestras ciudades) con las casas vacías de los bancos.

En este periodo de recogida de firmas hicimos llegar nuestras demandas a los políticos mediante los llamados ‘escraches’, donde familias a punto de perder su casa, junto a la PAH, se plantaban micro en mano explicando su situación delante de sedes del PP o lugares de trabajo para acercarles a la realidad que no querían ver. Es en este periodo cuando más desahucios se produjeron y cuando el Partido Popular estableció las bases para generar la nueva burbuja de alquiler, legislando el desahucio exprés y creando las bases para las Socimis. En octubre de 2013, en el Congreso de los Diputados, la ILP hipotecaria se topó con la mayoría absoluta del PP y fue rechazada.

Rompiendo desde abajo

Con la lógica positivista de la PAH y con una democracia secuestrada en el Congreso de los Diputados con la mayoría absoluta del PP, en la PAH comenzamos a exigir cambios legales en las comunidades autónomas. Así se presentaron leyes en Murcia, València, Andalucía y Navarra, y se promovieron iniciativas legislativas populares en Catalunya y Madrid. ¿El resultado? Conquistas concretas y avances en la defensa de atenuar las situaciones de emergencia social y habitacional.

En 2015, de hecho, conseguimos un hito histórico: la primera Ley de la PAH aprobada por unanimidad en Catalunya y con un fuerte apoyo del mundo municipal y de la sociedad civil. Se impulsó a través de una Iniciativa Legislativa Popular que recogió casi 150.000 firmas (el mínimo eran 50.000). Su Grupo Promotor estaba formado por las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca de Catalunya, la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC. Sus resoluciones principales protegían la vivienda habitual de las familias en exclusión residencial recogiendo medidas contra el sobreendeudamiento, contra los desahucios sin alternativa habitacional (como obligar a los grandes tenedores de vivienda a ofrecer un alquiler social obligatorio al precio que marca la ley en caso de impago) o la prohibición de los cortes de suministros indiscriminados.

En 2016, el Partido Popular interpuso un recurso a petición expresa de la banca que desencadenó protestas de la PAH en todo el Estado dado que suspendía artículos contra el sobreendeudamiento, los alquileres sociales y la cesión obligatoria. Todos los grupos del Congreso, menos el PP, se comprometieron a retirar el recurso si cambiaba el Gobierno. Este tema tuvo mucho impacto en Catalunya y se convocaron dos cumbres para tratarlo. Durante este periodo, la banca volvió a poner difícil firmar alquileres sociales a familias vulnerables y Catalunya continuó liderando el ranking de desahucios, en 2017 con 13.626, y en 2018 con 13.941.

En 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy y con el nuevo Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez, se llevaron a cabo reuniones del Grupo Promotor de la Ley 24/2015 (GP) con la Generalitat y el Ministerio y exigimos un compromiso de recuperación de los artículos impugnados. Fue un momento importantísimo. El GP de la Ley hemos sido interlocutor directo de los dos gobiernos. Gracias a la presión y al trabajo ingente se recuperaron los artículos relacionados con la oferta obligatoria de alquiler social en los casos de impago de hipoteca y de alquiler y con la cesión obligatoria (a condición de definir normativamente el precio de esta cesión).

No se consiguieron recuperar las medidas contra el sobreendeudamiento. El desistimiento parecía imposible, ¡pero se consigue! La consecuencia fue que Catalunya vivió una disminución clara de los desahucios, pasando a 12.446 en 2019. Aun así, una cifra todavía muy elevada que demuestra que se necesitan medidas más ambiciosas para hacer frente a la inseguridad habitacional que se ha anclado en Catalunya (y en el resto del Estado) y no dar la espalda al fenómeno del empleo y los incrementos desorbitados del precio del alquiler. En marzo de 2019, la Generalitat de Catalunya llevó un decreto de vivienda al Parlament, que fue ampliamente rechazado por los movimientos sociales y los ayuntamientos.

Finalmente, no salió adelante. Gracias a esta presión se construyó un nuevo texto acordado en el que el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 aportó toda la experiencia de la realidad de la emergencia habitacional para conseguir, entre otras cosas, la renovación obligatoria de contratos de alquiler social pasando de una duración de 3+1 año a 7+3 años, ampliando la definición de gran tenedor de vivienda (incluía a personas físicas) o estableciendo alquileres sociales obligatorios para los casos de contrato de alquiler en extinción en situaciones de emergencia. Pero el PP, una vez más, volvió a recurrir la ampliación de la Ley y en 2021 el Tribunal Constitucional (TC) anuló los artículos.

El grupo promotor, no obstante, ya está trabajando con el nuevo Parlament en Catalunya para restituir los artículos anulados en los próximos meses.

 Nuevo Gobierno progresista y coronavirus

Paralelamente en el tiempo, en las asambleas de los nodos locales, la problemática de vivienda se ha ido ampliando cada vez hacia más capas de la población. En las grandes ciudades nos encontramos con que el problema principal son los alquileres abusivos y los desahucios que se originan por no poder pagar las rentas; y, por otro lado, las familias que no han podido recuperarse de la crisis hipotecaria y que se han visto obligadas a ocupar una vivienda vacía de la banca. Con el cambio de Gobierno en el Estado, presentamos la propuesta legislativa de “las cinco de la PAH”, que contaba con un gran apoyo social y político.

A través de la Ley de Vivienda de la PAH se propuso legislar cinco medidas de mínimos para acabar con la emergencia habitacional y construir unos cimientos para trabajar de forma estructural el derecho a la vivienda. Medidas como:

1) Dación en pago retroactiva y eliminación y compensación por cláusulas abusivas.
2) Alquiler asequible, para garantizar estabilidad y precios adecuados.
3) Stop desahucios para que no haya ni un solo desahucio más.
4) Vivienda social para realojar familias en pisos vacíos en manos de la banca.
5) Suministros básicos garantizados para que toda familia tenga acceso a agua, luz y gas.

Con la formación del nuevo Gobierno nuestra exigencia es retomar las medidas de la Ley de Vivienda de la PAH. Esta será la verdadera prueba del algodón de este Gobierno: conseguir la paralización de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional. En plena campaña llegó el coronavirus, sin previo aviso y originando la mayor crisis sanitaria y social vivida en décadas. En un momento como el actual, de pandemia y nuevas desigualdades, la vivienda y el acceso a suministros básicos se vuelven más urgentes que nunca.

No podemos dejar de lado que hay que priorizar y cambiar el modelo actual. Si realmente queremos luchar contra el coronavirus, debemos poder garantizar una vivienda digna a toda persona, y todas las personas deben poder acceder a una vivienda digna. Hoy este acceso no está garantizado y los desahucios continúan sin importar dónde vivirán las familias desahuciadas, al tiempo que las autoridades recomiendan que estemos confinadas. Una vez más, y con más apoyo que nunca, hemos puesto en marcha junto a más de 50 organizaciones estatales la Iniciativa Ley Vivienda, para exigir que la próxima legislación sobre la materia, en la que está trabajando el Gobierno, contenga el ADN de las demandas de la PAH.

Así lo hemos recogido en un manifiesto con ocho medidas que ha contado con un amplio apoyo popular: sindicatos, entidades del tercer sector como Cáritas y entidades en defensa de la vivienda, como el Sindicato de Inquilinas. Estas medidas van desde garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada hasta ampliar el parque público de vivienda o la regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios.

Nosotros creemos que existe una mayoría social suficiente para conseguir que esta Ley sea la garantía del derecho a la vivienda. Otra cosa es que falte voluntad política. Estas medidas concretas no pueden esperar y la acción del Gobierno será una de sus pruebas del algodón en materia de derechos fundamentales. Prueba del algodón o prueba de fuego: escojan lo que más les guste. En resumen, diez años después del 15-M la vivienda sigue siendo un derecho ninguneado y que se le niega a gran parte de la población, sometiéndola a los intereses de las elites económicas.

Lejos de aprender de los errores del pasado y del boom inmobiliario, durante el cual se rescató con más de 60.000 millones de dinero público a bancos y cajas de ahorros sin ningún tipo de condicionantes mientras se permitía que echaran a familias con menores a la calle, nos encontramos ahora con una crisis sanitaria sin precedentes y unos precios del alquiler que impiden el acceso a la vivienda. Ahora el PSOE y Podemos tienen la oportunidad de poner fin a este drama, corresponsabilizando al sector privado que lleva más de diez años lucrándose de la vida (literal) de las pobres o perpetuar las políticas del PP que han permitido dejar en la cuneta a las familias y enriquecerse individualmente de ellas.

El éxito de la PAH recae en que ha sido capaz de actuar en muchos campos a la vez y de forma asistencial. Ha sido un empoderamiento colectivo. Hemos actuado desde el campo emocional, mediático, judicial, comunicativo, para promover cambios legales que den respuesta a la vulneración de derechos. Es decir, actuamos con y las personas afectadas. Son ellas las protagonistas para proponer soluciones y hacer efectivo el derecho a la vivienda. Desde la PAH lo tenemos claro, seguiremos exigiendo, gobierne quien gobierne, medidas para dejar atrás los desahucios y sentar las bases para que las siguientes generaciones tengan acceso a una vivienda digna. Mientras tanto, seguiremos engrosando nuestros logros: parando desahucios, ocupando oficinas bancarias para exigir soluciones, recuperando vivienda vacía de bancos y fondos de inversión, firmando miles de alquileres sociales y cambiando leyes injustas.

¡Porque hemos demostrado que, juntas, somos capaces de hacer posible lo imposible!

Nunca lo olvides: ¡Sí Se Puede!