Fotografía: La Policía desaloja la Acampada en la Puerta del Sol en los primeros días del mes de agosto de 2011.- DANI POZO / AFP Fotografía: La Policía desaloja la Acampada en la Puerta del Sol en los primeros días del mes de agosto de 2011.- DANI POZO / AFP

Solo la lucha hace justicia

Eric Sanz de Bremond

12 de mayo de 2021

Apenas unas horas después de dar por finalizada la masiva manifestación del 15 de mayo de 2011, un grupo de personas comenzó a reunirse en la Puerta del Sol madrileña. La Comisión Legal nació de manera informal ese mismo 15 de mayo, cuando una compañera negoció con los dos primeros agentes de la Policía Municipal que se acercaron a los reunidos, convenciéndoles de que les dejaran estar, y otro compañero distribuyó información legal sobre los riesgos legales de acampar ya entrada la madrugada del día 16.

Esa misma madrugada del 16 de mayo se publicó, desde la Puerta del Sol, el primer comunicado de la Acampada Sol. Tras la asamblea que se celebró la tarde del 16 de mayo en Sol, en la que se acordó reunirse en pequeños grupos temáticos y logísticos, se crearon formalmente las primeras comisiones de la acampada, entre ellas, la Comisión Legal. En esa primera asamblea de la Comisión, se decidió asegurar la defensa jurídica de las personas acampadas poniendo a una abogada de guardia y asumiendo de manera desinteresada la defensa letrada de cualquier persona que tuviera a bien designarnos.

En ese momento no podíamos imaginar lo que nos supondría sostener ese compromiso durante las movilizaciones que tuvieron lugar en los años siguientes. En la madrugada del 17 de mayo, la Policía desalojó a las personas acampadas y se produjo la primera detención de la acampada, y, con ella, el primer defendido de la Comisión Legal. Si bien su caso no fue sobreseído hasta casi seis años después, las imágenes de los acampados siendo desalojados violentamente pese a su actitud pacífica provocó que al día siguiente miles de personas retomaran la plaza, dando inicio a una acampada que duró hasta el 12 de junio, y a un ciclo de movilizaciones con repercusiones internacionales que duró varios años.

Nuestro trabajo consistió entonces en la defensa jurídica de la acampada, centrada especialmente en una lectura crítica del derecho de reunión, tratando de difundirla lo máximo posible para garantizar el pleno ejercicio de este derecho. Asimismo, la Comisión asumió la interlocución con la Policía Nacional, en concreto con D., «Inspector-jefe 15-M», nombrado ad hoc por Delegación de Gobierno para hablar con nosotras. A las detenciones que hubo en las sucesivas movilizaciones, se añadieron de manera novedosa cientos de sanciones por la Ley Corcuera (posteriormente sustituida por la Ley Mordaza), por lo que se fue articulando una estructura para garantizar un/a abogado/a de guardia en cada movilización así como poder asumir la defensa jurídica tanto de los procedimientos penales que abrían a las personas detenidas como el de centenares de sanciones que iban llegando.

Todo ello, por acuerdo de la asamblea, se hacía y se hace sin cobrar contraprestación económica alguna. Este consenso, mantenido a día de hoy, si bien nos ha precarizado en muchas ocasiones, también nos ha garantizado una libertad, autonomía e independencia en nuestro trabajo. Con el levantamiento de la acampada, la Comisión pasó a reunirse en la cercana Plaza de las Descalzas y se fueron configurando lo que han sido sus grandes líneas de trabajo: – Penal: Desde mayo de 2011 se han organizado guardias para las grandes movilizaciones de protesta del ciclo 2011-2015, y hasta el día de hoy (25S y todos los Rodeas el Congreso, Marchas de la Dignidad, etc.).

Estas guardias suponían asegurar la asistencia letrada de quien nos designara y su defensa hasta el día del juicio; recopilar testigos, fotos y vídeos que pudieran servir para la defensa de las personas detenidas; así como asesorar a quien deseara denunciar por haber sufrido alguna agresión. – Psicosocial: En las guardias que se organizaban para dar cobertura legal a los manifestantes, y ante la alarmante evidencia de las consecuencias psicosociales que dejaban las detenciones, un grupo de psicosocial acudía a las puertas de las comisarías y juzgados para tranquilizar y asesorar a los familiares de las personas detenidas.

– Administrativo: El grupo de administrativo de la Comisión ha recurrido muchísimas sanciones a participantes en movilizaciones de protesta. Si bien desconocemos el número exacto, podemos asegurar que desde la Comisión se han recurrido más de 400 sanciones de todo tipo.

– Relaciones exteriores: somos y hemos sido parte de varios colectivos con los que trabajamos codo a codo como la derogación de las leyes.

– Formación: Paralelamente al trabajo jurídico, y en especial a raíz del anuncio de la aprobación de la reforma del Código Penal y de la Ley Mordaza, comenzamos a dar talleres, charlas y formaciones por todo el Estado.

Todo ello, además, acompañado de graves y falsas acusaciones vertidas desde distintos cargos públicos. Un día éramos un grupo de abogadas/os a sueldo de grandes despachos, otro día éramos cercanos al entorno de ETA o estábamos financiados y dirigidos por Soros. En estos diez años son muchos los éxitos, y también fracasos, que hemos vivido.

Hemos conseguido el sobreseimiento y archivo de decenas de causas penales abiertas a personas detenidas en movilizaciones. Igualmente, son decenas las absoluciones conseguidas ya en juicio; hemos recurrido cada sanción que nos ha llegado a la Comisión, consiguiendo “recuperar” decenas de miles de euros que Delegación de Gobierno, en especial bajo el mandato de Cifuentes, pretendió usurpar a la ciudadanía por manifestarse.

Nos hemos centrado, desde recién empezada la acampada, en denunciar la falta de identificación sistemática de los agentes antidisturbios, consiguiendo que en 2013 se aprobara la obligación de portar un número de identificación visible a la espalda (NOP); hemos conseguido que se condene a varios funcionarios de Policía pertenecientes a la UIP (antidisturbios) por agresiones en manifestaciones, desde un agarrón de los testículos de un manifestante a agresiones a reporteros gráficos en la movilización de “Jaque al Rey”.

De la misma manera, recientemente hemos conseguido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a España por no realizar una investigación efectiva de las agresiones indiscriminadas que cometieron los antidisturbios la noche del 29 de septiembre de 2012. En estos años también recordamos nuestros fracasos. Hemos defendido a personas que han sido, desde nuestra experiencia, injustamente condenadas.

Aunque estas condenas son anecdóticas frente a los sobreseimientos y absoluciones conseguidas, cada una de ellas nos han quitado el sueño. Si bien en estos diez años hemos conseguido avanzar en algún tema, consideramos que queda mucho trabajo por hacer. Seguimos sin renunciar a que todo policía en servicio, en especial antidisturbios, vaya debidamente identificado. Nos sigue preocupando la prolongación indebida de la detención que ocurre de manera sistemática en Madrid, pese a las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional y la ausencia de cámaras en los centros de detención, como Moratalaz.

El ejercicio del derecho de reunión nunca ha dejado de estar amenazado, por lo que requiere de una constante defensa en distintos planos. Los indicios de la existencia de ficheros policiales de carácter político han sido constantes en estos años, y aún queda mucho trabajo al respecto. El uso de determinado material por parte de la Policía, como balas de goma, foam o el taser, supone un peligro real para la integridad de las personas que se manifiestan; o la merma del derecho a la libertad de expresión que hemos podido observar en estos últimos años con la dudosa aplicación del delito de enaltecimiento del terrorismo.

En definitiva, creemos que aquella necesidad que nos hizo juntarnos en las plazas sigue hoy vigente. También las razones. Como Comisión, diez años después, seguimos existiendo y funcionando. Y es que todavía hoy aún colean procedimientos penales de entonces: la de los detenidos en la protesta contra la reforma laboral, la de los detenidos en el primer Rodea el Congreso del 25S e igualmente, la denuncia que éstos interpusieron por los malos tratos sufridos en comisaría. Como entonces, nos seguimos reuniendo cada martes, en asamblea abierta, para seguir defendiendo a quien lucha por un mundo mejor. Porque, como solemos decir: “Solo la lucha hace justicia”.