Una mujer cose mascarillas en plena emergencia del coronavirus.- MIGUEL RIOPA / AFP Una mujer cose mascarillas en plena emergencia del coronavirus.- MIGUEL RIOPA / AFP

Las esenciales no llevan corbata

Guillermo Martínez

23 junio 2020

Lo han repetido hasta la saciedad desde el inicio de la emergencia sanitaria del coronavirus: “Este virus nos afecta y nos iguala a todo los humanos” o su variante “este virus no entiende de clases sociales”. La afirmación, por más veces que se repita, no deja de ser falsa. Ahora, además, hay datos encima de la mesa que permiten desmentirla. Un ejemplo: el virus ha dejado un 26% más de afectados en el humilde barrio barcelonés de Nous Barris que en el acomodado de Pedralbes, según un estudio de la Generalitat. Otro ejemplo, en Inglaterra y Gales la mortalidad por la covid-19 es más del doble en las áreas pobres que en las privilegiadas. Hay muchos más.

El virus, por tanto, sí entiende de clases sociales. Y sus consecuencias, que no son solo el número de muertos, también. La pandemia ha traído más pobreza, más precariedad y más, si cabe, distanciamiento entre ricos y pobres. Un estudio del Ayuntamiento de Madrid muestra que la reducción más drástica de ingresos se ha vivido en los hogares con rentas inferiores a los 2.000 euros mensuales y, muy especialmente, entre los que ingresan menos de 500 euros. Más ejemplos. Una de cada diez personas con renta alta que vive en Madrid se ha visto afectada por un ERTE. En cambio, la proporción asciende a una de cada dos en el caso de las rentas más bajas.

La llegada de la pandemia, además, se produjo en un contexto en el que una parte más que considerable de la ciudadanía no había tenido ni tiempo de comenzar a recuperarse de los efectos de la crisis económica que comenzó en 2008. Así, parece que ya ha nacido una nueva medida en el escenario global para medir las generaciones. Ya no son los años, sino las crisis superadas. Y en esto de superar crisis en España hay una generación que, contra su voluntad, se está haciendo experta. Hablamos de jóvenes y adultos que a duras penas consiguieron emanciparse de su casa por culpa de los bajos salarios, la inestabilidad laboral y los elevados precios de la vivienda. Y que ahora se han visto obligados a apretarse un cinturón sin espacio para nuevos agujeros.

Una trabajadora desinfectando un edificio.- JOSEP LAGO / AFP
Una trabajadora desinfectando un edificio.-
JOSEP LAGO / AFP

Hablamos de personas como Pedro Larrosa, de 32 años, estudiante de Ingeniería Mecánica y pescadero a tiempo parcial en un pequeño negocio de una pedanía ilicitana que fue despedido por cese de actividad nada más comenzar el estado de alarma. Sin haberse independizado (ya lo dijo Marina Lobo, “la clase media son los padres”) se ha dedicado estos meses a crear pantallas protectoras con su impresora 3D para donarlas después a los hospitales de su ciudad. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Solidaridad. O como César Sierra, de 31 años, que estudia un módulo de grado medio mientras ha continuado trabajando en un supermercado en un momento en el que salir de casa ya suponía un peligro real.

Son una generación cuya normalidad reciente ya se asemeja más a una sucesión de crisis que a eso que ahora ya llaman “vieja normalidad”. Y cuya reacción ante la pandemia no ha sido la de amilanarse o caer en un discurso victimista. Muy al contrario, frente a otras imágenes en barrios más ricos, han sido los protagonistas de una reacción solidaria frente a la pandemia, dando un paso adelante y ofreciéndose a hacer la compra a mayores, estableciendo redes de cuidado, participando en bancos de alimentos o simplemente saliendo a trabajar en un momento por un salario que a final de mes incluye más decimales que ceros. Frente al egoísmo de unos pocos, la solidaridad de muchos.

La situación, sin embargo, es todavía más grave si se aplica un enfoque de género. Y es que cuando la crisis entra por la puerta, la pretendida y nunca alcanzada igualdad de género es la primera en saltar por los aires. La pandemia ha demostrado, nuevamente, que enfrentar frente a frente el denostado y maltrecho mundo de los cuidados es una obligación de cualquier Gobierno que aspire a ser progresista. Se trata de un universo hiperfeminizado en el que ellas sufren los peores estragos. Ejemplos no faltan. De todas las edades.

Alba Oranto, de 19 años, trabajó como auxiliar sociosanitaria en los peores momentos de la pandemia del coronavirus en una residencia en la que no le renovaron el contrato por reclamar el equipo de protección individual (EPI). O Susana García, de 35 años, madre soltera a cargo de una hija pequeña que padece síndrome de down y que ha seguido trabajando en una gasolinera siete días seguidos entre descansos por un sueldo que no alcanza los 1.100 euros mensuales. O el caso de Sara Paredes, de 24 años, que desde Toledo se desplaza a Madrid de lunes a viernes para limpiar en colegios públicos. “Se valora muy poquito el sector de la limpieza hasta que llegan cosas como esta”, explica la profesional.

Los ojos de los que miran desde arriba se esfuerzan en no observar esta parcela de la realidad que abarca más de lo que uno es capaz de imaginar con casos como el de Harriette Domínguez, de 43 años, enfermera de profesión y natural de Honduras que cuida a un anciano en Badalona. Desde el 16 de marzo apenas ha salido de su lugar de trabajo, en el que también vive El cierre de los colegios, escuelas infantiles o la limitación de asistencia a la tercera edad también han provocado que los cuidados de niños y mayores recaigan en las familias, que en muchos casos no deja de ser otra manera de decir que los cuidarán las mujeres de la casa.

Y así siguen los ejemplos de precariedad y solidaridad. Como el de Guislan Jmel, de 35 años. La emergencia sanitaria hizo que le despidieran y esta madre soltera a cargo de dos niños pasó de limpiar apartamentos turísticos para un gran tenedor de viviendas a encargarse de la centralita de La CuBa, un proyecto en Lavapiés (Madrid) en el que ofrecen comida a mil familias. O como Ana R. Martín, 21 años, estudiante de Relaciones Internacionales. Un ERTE de su empresa hizo que no pudiera seguir limpiando aviones en Barajas. Antes, durante y después de la pandemia, integró, integra e integrará la asamblea del banco de alimentos del barrio madrileño de Prosperidad, gracias al cual más de 50 familias reciben ayuda.

Un 'rider' llevando comida a domicilio durante este estado de alarma.- GABRIEL BOUYS / AFP
Un ‘rider’ llevando comida a domicilio durante este
estado de alarma.- GABRIEL BOUYS / AFP

El estado de alarma tampoco ha servido para detener los abusos empresariales. Eso sí, los abusos y la alarma tampoco han servido para frenar las reivindicaciones de los trabajadores. Ernesto (nombre ficticio por miedo a represalias), de 35 años, participó en la manifestación espontánea en la que 200 repartidores de diferentes empresas, los conocidos como riders, recorrió por unos minutos las calles de la capital antes de que la Policía Nacional pusiera el punto final. Este hombre, economista de origen venezolano, trabaja diez horas diarias por un salario neto mileurista, una realidad que no evitó que fuera identificado por las fuerzas policiales durante esa movilización. También es el caso de Adrián Ruiz, de 24 años y trabajador de un Telepizza en Zaragoza, compañía en la que él y sus compañeros iniciaron una huelga para reclamar los EPI: “Al día siguiente ya teníamos mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico”, cuenta victorioso.

La emergencia del coronavirus, además, nos dejó en sus inicios una división entre trabajadores y trabajadoras esenciales y no esenciales. Durante largos años se había predicado aquello de que los esenciales eran aquellos empresarios, los Amancio Ortega de cada ciudad, provincia y país que generaban empleo y riqueza. A ellos había que adaptarse y a ellos había que agradecer su dedicación. Pero, contradicciones de la vida, una vez llegado el estado de alarma los esenciales eran cientos de miles de anónimas y anónimos que se jugaban el tipo para acudir a su puesto de trabajo, al supermercado, al campo, al camión, al hospital. Los grandes beneficios, en cambio, iban a parar a otras manos que, en mitad de este estado de incertidumbre, habían conseguido hacer pasar sus servicios como esenciales.

Un trabajador de la construcción durante el estado de alarma.- GABRIEL BOUYS / AFP
Un trabajador de la construcción durante el estado
de alarma.- GABRIEL BOUYS / AFP

La facturación de Amazon no cayó durante los momentos más delicados de la pandemia, el envío de ropa en Inditex no dejó de funcionar y la comida rápida de Telepizza fue defendida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como la mejor alimentación para los chavales y chavalas con beca de comedor por falta de recursos económicos. Ni siquiera en esta situación excepcional las casas de apuestas, un problema real que se extiende por las zonas más humildes y encuentra en los barrios más vulnerables vidas que destrozar, se han visto perjudicadas de la misma manera que otros negocios.

Cristina Barrial, 26 años, es la portavoz de una red ciudadana contra las casas de apuestas en Madrid. Ella perdió su trabajo al inicio de la pandemia. Estaba en periodo de pruebas y para la empresa no era tiempo de oportunidades. Pero Cristina tampoco encontró tiempo para la resignación. Solo espacio para la lucha. Ahora coordina Invisibles Podcast, mientras sigue preparando su tesis doctoral sobre nuevas formas de sindicalismo en relación a las empleadas del hogar. Precisamente desde el sindicalismo realiza su aportación al común Lorena Santander, de 28 años y militante de la central anarcosindicalista CNT. Trabaja sin subvenciones, sin salario, pero orgullosa de la bandera del apoyo mutuo y la autogestión.

Son importantes sus nombres propios, todos ellos. Son las generaciones que han sentido el rodillo neoliberal en sus entrañas e ideales. Hablamos de generaciones enteras que tratan de ponerse en pie entre crisis y pandemias y que tienen como espejo donde mirarse a otras generaciones más mayores como la que integra Esther Acasuso, de 79 años, jubilada de Barakaldo que participa en el movimiento por unas pensiones dignas. Ella empezó a trabajar con 12 años de recadera y estuvo en “todas las movidas obreras”. Ahora se da cuenta de que “los trabajos más esenciales no precisan de ningún traje con corbata”.

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En primera persona

Manuel Linde. 33 años. 

Licenciado en ingeniería técnica, trabaja en una empresa de mantenimiento de aguas que acabó desinfectando hasta 40 residencias de ancianos en regiones como Madrid y Toledo. Tuvo que trabajar viendo el “descontrol absoluto en la organización y la falta de material” que había en los geriátricos, un hecho que, en su experiencia, sucedía más en los centros públicos que en los privados: “Eso me toca más la moral”, incide.

Su empresa no cobró nada a dos residencias públicas con pocos recursos, y a las demás se les ha facturado lo mínimo en material y fuerza de trabajo. En algunas ocasiones, la Unidad Militar de Emergencias (UME) les acompañó a las residencias, donde pudo comprobar la inexactitud del recuento de los fallecidos o las consecuencias que tenían decisiones como que ancianos con complicaciones no fuesen derivados a los hospitales o que no se realizaran pruebas a los ya fallecidos.

“La rapidez con la que teníamos que actuar en las residencias menguaba el confort de los residentes, a los que casi nunca se cuidaba debidamente por los pocos profesionales que había en plantilla”, explica Linde. En teoría, trabaja dos semanas al mes en Elche, mientras que las otras dos semanas tiene que desplazarse hasta la capital. Las condiciones han cambiado y cada vez pasa más tiempo en Madrid, donde se hospeda en casa de unos familiares porque “e inviable poder pagar una casa con los precios que hay”, incide el profesional.

Esther Acasuso. 79 años.

Empezó a trabajar con 12 años como recadera para un almacén de bisutería. Ahora, rayando los 80, participa en todas las convocatorias del movimiento pensionista. Entre medias, allá por los 50, consiguió ser oficiala en una modistería. A partir de su matrimonio, desempeñó diferentes trabajos: pasó de vender muebles a ser comercial de una marca de pequeños electrodomésticos.

“En 1983 hubo una especie de crisis como otras tantas hemos vivido los que tienen mi edad, y vi cómo la gente que pagaba a plazos los productos que vendía no podían hacer frente a las cuotas, y la empresa me llamaba la atención a mí, que tenía que cobrarles. Decidí que había ganado unas perras muy buenas y que me iba del trabajo, porque no me gustaba ver cómo personas de mi misma clase social se metían en líos”, agrega Acasuso.

Tras el fallecimiento de su marido, Esther ha intentado poner en marcha una asociación de viudas, exclusivamente para mujeres. “La soledad no deseada es lo peor que le puede pasar a alguien”, narra la pensionista. Así explica que la organización es solo para mujeres: “Unas a otras nos cuidamos y levantamos la autoestima. Además, excluimos a los hombres porque no queremos tener el compromiso de tener que dar más de lo que nos apetece», reflexiona.

“Mira, yo, en el primer año de viuda, tuve que espantar a tres moscones, así que ahora estamos juntas, manteniendo las distancias con ellos para que sepan que podemos ser amigos sin tener que ser nada más”, finaliza Acasuso.

Harriete Domínguez. 43 años. 

Esta enfermera hondureña trabaja como empleada del hogar interna en Badalona. La mayor parte de su salario se lo envía a los tres hijos —de 22, 19 y 6 años— que permanecen en su país de origen. Es integrante de la Asociación Mujeres Migrantes Diversas, desde donde reivindican que se respete a su sector, sus derechos laborales, un salario digno y la regularización administrativa inmediata de todas ellas.

La Asociación agrupa a 400 mujeres en toda España, y entre sus principales demandas está que se acoten los trámites administrativos a los que están obligadas. Domínguez, que lleva desde el 16 de marzo viviendo en su centro de trabajo casi sin salir por miedo a contagiarse y a transmitírselo al anciano que cuida, expresa la situación de algunas de sus compañeras: “Hay muchos abusos por parte de los empleadores. No se respetan los horarios de descanso, limitan la comida de las internas, a algunas las obligan a beber agua del grifo. Además, debido al confinamiento la mayoría hemos tenido que vivir con nuestros empleadores de lunes a lunes, y a muchas no les han pagado esos fines de semana que antes tenían libres cuando han seguido trabajando como cualquier otro día”.

Muchas de sus compañeras han sufrido un desequilibrio emocional muy alto porque “el encierro, mentalmente, ha creado mucha ansiedad”, se reafirma la trabajadora. Por su parte, critica que el Gobierno haya alargado los permisos de residencia a los migrantes únicamente por la emergencia sanitaria: “Se nos ha visto como si fuéramos un producto”, denuncia Domínguez.

 

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