Imagen nocturna de la valla fronteriza entre Melilla y Marruecos .-FOTO: JAIRO VARGAS

Un año de investigación y más de 1.600 contratos analizados

porCausa / Público

1 julio 2020

Industria del Control Migratorio (ICM) es una investigación de Fundación porCausa con el apoyo de Público y que tiene por objetivo desvelar quién se beneficia de las políticas antimigratorias y cuánto dinero cuestan. Este trabajo da continuidad al trabajo iniciado en 2017.

Esta investigación tiene dos grandes componentes: por un lado, parte de un estudio exhaustivo de los mecanismos europeos implicados en el diseño de las políticas migratorias comunitarias; por otro, profundiza en el caso español, apoyándose en una serie de entrevistas a fuentes relevantes del negocio migratorio, y partiendo de una amplia base de datos que recopila en detalle y analiza 1.677 contratos públicos* (fuentes abiertas) que suman más de 660 millones de euros, y que fueron adjudicados por el Gobierno de España entre 2014 y 2019, coincidiendo con el marco financiero de la Unión Europea para consolidar su políticas antimigratorias en los diferentes Estados miembros. La vertiente periodística de esta investigación también presta atención al fenómeno de las puertas giratorias y revela más de cien ex altos cargos del Estado que fueron contratados por las multinacionales de la ICM.

A lo largo de un año, esta investigación ha enfrentado grandes escollos a la hora de obtener información de interés general. Los principales obstáculos se concentraron en la obtención de contratos públicos que, según la Ley de Transparencia, deberían ser de pleno acceso público. En este sentido, Fundación porCausa está pendiente de numerosas resoluciones del Portal de Transparencia. Debido a la opacidad en torno a la gestión del dinero público y el carácter securitario del negocio antimigratorio, la base de datos de porCausa solo refleja aquellos contratos que el Gobierno hizo públicos, y que representan solo una parte de todo el gasto europeo y de los presupuestos generales del Estado en la ICM. Quedan fuera de esta base de datos los contratos públicos clasificados bajo la etiqueta «confidencial» por razones de seguridad nacional, así como las subvenciones, nóminas de funcionarios al servicio de la ICM y otros gastos sufragados con dinero público.

Esta investigación es fruto del trabajo colectivo de la red de periodistas e investigadores que colaboran en porCausa. A lo largo de un año, han participado en Industria del Control Migratorio: Ana González-Páramo, Alberto Alonso, Emilia G. Morales, Lucila Rodríguez-Alarcón, Gonzalo Fanjul, Sheyla Bermúdez, Pablo Fernández, Sara Ortega, Joseba Torronteras, Alessandra Guida, Lorena Alonso, Álvaro Bravo, Enric Vall, Fermín Godira, Santiago Pedrazzoli, Sabela González, Diana Moreno, Arturo Martín, Marta Maroto, Macarena Decabo, Julio Díez y José Bautista. Por la parte de Público han participado Jaime Jiménez, Jairo Vargas y Pablo Oliveira.

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*Hasta marzo de 2018, la Ley de contratación pública permitía el procedimiento menor (sin concurso público) en contratos de servicios y suministros con importes de hasta 18.000 euros, o hasta 50.000 euros para contratos de obras. A partir de esa fecha, el límite de los contratos menores de servicios es de 15.000 euros, y el de los de obras, de 40.000.