ILUSTRACIÓN: DIANA MORENO

La ‘España fortaleza’ gasta ocho veces más en detener y expulsar migrantes que en integrarlos

¿Qué se paga? Drones, detectores de pasos, alambradas con cuchillas, sistemas de reconocimiento facial e incluso software militar para escanear las redes sociales de cualquier migrante. Casi cien millones para repeler a quienes quieren entrar y apenas 11 millones para acoger e integrar a los pocos que logran llegar.

porCausa / Público

2 julio 2020

Drones, detectores de pasos, alambradas con cuchillas, sistemas de reconocimiento facial e incluso software militar para escanear las redes sociales de cualquier migrante. Las últimas ediciones de Homsec y Sicur, las mayores ferias armamentísticas y de seguridad de España, son un escaparate del negocio que florece en torno a las migraciones, y que encuentra en España uno de sus principales mercados.

La obsesión de Europa con frenar las migraciones hace que la élite policial y militar que frecuenta estos eventos llegue con la cartera llena —de dinero público— en busca de equipamiento y servicios que, hasta la fecha, se han probado incapaces de detener las migraciones pero sí logran aumentar el riesgo que padecen quienes buscan una vida mejor en Europa.

Los barcos militares se transforman en embarcaciones de vigilancia y salvamento, los radares de última tecnología presumen de su capacidad para detectar pateras e incluso se estudia el despliegue de submarinos con control remoto para detener a quienes migran a través del mar.

Desde 2014 hasta 2019, el Gobierno de España adjudicó al menos 660 millones de euros en contratos para la Industria del Control Migratorio (ICM), sin contar el gasto público para control migratorio que trasciende a esos contratos, como el despliegue de miles de efectivos policiales y militares en la frontera Sur de Europa y varios países de África, o los fondos para control migratorio transferidos a Gobiernos de fuera de la UE y maquillados bajo la etiqueta de ayuda al desarrollo. ¿A qué se destinó todo ese dinero?

Perímetros fronterizos, el corazón del negocio antimigratorio: Europa fortaleza

La imagen de la inmigración irregular en España es la de una mujer de aproximadamente 30 años procedente de Colombia, Venezuela u Honduras y que llegó en avión. El 77% de los migrantes irregulares proceden de América Latina, pero el Gobierno de España concentra el grueso del gasto antimigratorio en la frontera sur. La mayor parte de los 1.677 contratos públicos analizados tienen por objeto reforzar el perímetro fronterizo de España (551,3 millones de euros, el 83,5% del gasto total), especialmente en la zona del Estrecho.

Este dato revela un patrón consolidado en el negocio antimigratorio: cada año que pasa, la política antimigratoria de España y la UE refuerza el enfoque militar y securitario, centrado en impedir la migración, en detrimento de medidas que buscan gestionarla y abrir vías seguras.

En paralelo, cuanto más dinero gastan España y Europa en fortificar las fronteras, más crecen los ingresos de los pasantes y traficantes de personas. Según los últimos datos de Naciones Unidas, cada año las mafias del tráfico de personas generan unos 400 millones de euros de beneficio tan solo en el Mediterráneo y 4.000 millones de euros a nivel europeo, una cifra similar al gasto de toda la UE en ayuda humanitaria. El endurecimiento de las leyes y políticas de control fronterizo, según Naciones Unidas, supone siempre más ganancias para estos traficantes, incluso en tiempos de pandemia de la  covid-19 y cierre de fronteras. Aproximadamente 2,5 millones de migrantes son traficados cada año, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.

El despliegue y mantenimiento de barcos de vigilancia marítima y salvamento, radares, aviones, drones y modernos sistemas de reconocimiento de personas representó el 83,5% de todo el dinero que el Gobierno puso en manos de las empresas que se lucran en el negocio antimigratorio. Si se suman los gastos derivados de detener y encarcelar a los migrantes en los CIE y CETI para después expulsarlos en deportaciones forzosas, el porcentaje aumenta al 98,3%.

Los muros de Europa en África

En 2006, España se convirtió en el primer país del mundo en equipar una valla fronteriza con sirga tridimensional. El Gobierno gastó en torno a 20 millones de euros en instalar 1.200 kilómetros de cables de acero (la distancia de Cádiz a Lleida) a la triple valla de Melilla, una de las fronteras terrestres más desiguales del mundo, por delante incluso de la de EEUU y México.

Composición de la triple valla entre Melilla y Marruecos antes de que Interior anunciara la retirada de las concertinas. DIANA MORENO

El gesto fue aplaudido por diversos sectores, ya que la sirga venía a sustituir a la concertina, cuyas cuchillas causaban heridas profundas, pero en 2013 el Gobierno volvió a instalar las concertinas. Entre 2006 y 2013, este y otros gastos de la valla sumaron un desembolso de más de 47 millones de euros del erario público. Buena parte de ese dinero lo ingresó Mora Salazar, la empresa malagueña que fabrica estas cuchillas y que pasó de ser una desconocida a firmar contratos con más de 20 países, principalmente de la Unión Europea (UE). También grandes empresas del Ibex, como Indra, Dragados y Ferrovial. Al menos 45 altos cargos que estuvieron en el Gobierno en ese periodo fueron contratados después por empresas armamentísticas y de seguridad de la Industria del Control Migratorio.

A finales de 2019, el Gobierno empezó a retirar la concertina de tres metros de altura, para después instalar barrotes semicirculares en su lugar y subir la altura de la valla hasta los diez metros. La encargada de realizar las obras en el perímetro fronterizo es la empresa pública Transformación Agraria, S.A. (Tragsa). Las obras comenzaron en el pasado mes de noviembre, con un presupuesto de 18 millones de euros. Estas obras entran dentro del «Plan de refuerzo y modernización del sistema de seguridad fronteriza terrestre en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla», con un presupuesto de 32 millones de euros aprobado por el Ministerio del Interior en enero de 2019. No es posible conocer los detalles de estas obras debido a que Interior firmó varias resoluciones para bloquear la difusión de esa información alegando que las redes criminales pueden usarla a su favor.

Tras 15 años de existencia, las vallas de Ceuta y Melilla se han convertido en dos agujeros de gasto sin fin para el Gobierno. Fundación porCausa ha podido constatar que desde 2014 hasta 2019 se han adjudicado 188 contratos con un valor total de 71,2 millones —sin contar los 32 millones antes mencionados— para el mantenimiento, control y vigilancia de los perímetros fronterizos terrestres en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuyo fin es impedir el paso de migrantes irregulares.

Tampoco es posible saber qué parte exacta procede de los más de 800 millones de euros que entre 2014 y 2019 la UE destinó a España para reforzar sus fronteras e impedir la llegada de migrantes irregulares. Las autoridades españolas y europeas aseguran no saber nada de las cuchillas instaladas al otro lado de la valla por Marruecos, país que en 2019 percibió 140 millones del Gobierno español y de Europa para reforzar su lucha contra quienes tratan de llegar al Viejo Continente. A mediados de mayo, Público informó sobre cómo Marruecos abandona en el desierto a migrantes detenidos en plena pandemia.

Guardias civiles patrullan en la valla fronteriza entre Melilla y Marruecos .-FOTO: JAIRO VARGAS

En ese mismo periodo, el Gobierno de España adjudicó al menos 1.677 contratos por valor de 660 millones de euros para reforzar las fronteras, desplegar agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en los países de origen de los migrantes, poner en marcha sistemas de vigilancia por satélite y costear los centros en los que se recluye a los migrantes sin papeles, entre otros.

La Comisión Europea y el Gobierno de España destacan que ese dinero se usa para asistir y acoger a esas personas. Solo el 9,7% de los contratos analizados por porCausa fueron destinados a acogida e integración, mientras que cerca del 90% restante se usó para reforzar perímetro fronterizo y sufragar detenciones y expulsiones de migrantes.

Vigilancia en el Mediterráneo

Tan solo 14,4 kilómetros separan España del continente africano en su parte más cercana, el Estrecho de Gibraltar, sin tener en cuenta que Ceuta y Melilla son las únicas ciudades europeas de África continental. Esta franja de mar de 53.000 km cuadrados —contando el mar de Alborán— pero que únicamente supone el 2,1% de todo el mar Mediterráneo, es una de las zonas más vigiladas del mundo y uno de los negocios más lucrativos de la ICM en Europa, en particular, de empresas del sector armamentístico.

En 2018 se creó el mando único de la Guardia Civil para coordinar los operativos contra la inmigración irregular, a lo que hay que sumarle la compra de buques y barcos patrulleros de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo que están en constante vigilancia junto con el sistema SIVE, además de su mantenimiento y tecnología militar de última generación. Todo ello generó al menos 475 millones de euros en contratos públicos desde 2014 hasta 2019, es decir, el 71,9% de todo el dinero que el Gobierno de España gastó en el sector privado para impedir la llegada de migrantes. Queda fuera de ese cálculo el dinero destinado a combatir el narcotráfico a través de sistemas de vigilancia e interceptación y que también se emplean para impedir la llegada de migrantes irregulares.

Decenas de embarcaciones de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y de la Armada patrullan las costas de la Península y las Islas Canarias. Los buques patrulleros de la Armada forman una flotilla de seis naves conocida como BAM (Buques de Acción Marítima). Uno de ellos, el buque Audaz (P-45), fue el que tras la larga incertidumbre, fue enviado por el Gobierno de España a auxiliar a los migrantes que fueron rescatados por el barco Open Arms frente a la costa italiana, que les impedía llegar a puerto.

«Los buques que patrullan el Mediterráneo no están preparados para salvar personas en el mar, tienen una eslora de más de cinco metros que dificulta alcanzar una lancha, la cubierta está acorazada y cuentan con armamento pesado», explica Pere Ortega, director del Centre Delàs D’Estudis per la Pau. Ortega recuerda que la labor fundamental de los BAM y de las tres misiones en las que participa España en el exterior —Seahorse, Sophia y las Fuerzas Armadas Permanentes en el Mediterráneo— es contener la inmigración irregular. «Se persigue que Europa se encierre en sí misma, a pesar de nuestro papel en que las personas migren con guerras en las que participamos, armas que vendemos a países en conflicto y nuestras empresas contaminan su entorno», concluye.

Salvamento Marítimo

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, más conocida como Salvamento Marítimo o SASEMAR, y adscrita al Ministerio de Fomento, tiene presencia en todo el litoral español, principalmente en la frontera Sur, la mitad sur de Levante e Islas Canarias, donde concentra en torno a 45 embarcaciones de las 83 de su flota, así como el grueso de sus medios aéreos.

En los últimos seis años, los contratos públicos de Salvamento Marítimo supusieron el desembolso de 321 millones de euros para las empresas de la ICM. Se trata de una de las instituciones con mejor reputación de España y una referencia a nivel internacional. Sin embargo, en los últimos años ha sido objeto de varias polémicas, llegando a convertirse en un arma arrojadiza dentro del debate político.

Por orden del Gobierno, en enero de 2019 Salvamento Marítimo dejó de informar en sus redes sociales sobre los rescates de personas migrantes que lleva a cabo en aguas españolas. Ese mes se supo que los tres aviones CN-235 de Salvamento llevaban al menos medio año sobrevolando el mar con los radares de búsqueda rotos. Aeronaves que no son propiedad de Salvamento Marítimo, sino que son arrendadas a la empresa Babcock Mission Critical Services España S.A.U., y cuyo contrato asciende a 217,8 millones de euros en el año 2018. También por orden del Ejecutivo, en 2019 esta institución retiró refuerzos en varias de sus instalaciones. Todos estos acontecimientos generaron críticas y protestas por parte del personal de Salvamento.

El «sistema de sistemas»

El Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) es una de las herramientas más potentes de control migratorio. Conocido como “sistema de sistemas”, está compuesto por cientos de radares fijos y móviles, cámaras térmicas y de largo alcance, aviones no tripulados, sensores optrónicos y tecnología satelital capaz de detectar y monitorizar cualquier embarcación, desde pateras hasta barcas de juguete, a lo largo de más de 2.700 kilómetros de las costas portuguesa y española. La gestión del SIVE está en manos de la Guardia Civil y la Dirección General de la Policía, que vigilan la frontera marítima y coordinan operaciones para interceptar migrantes a través de 19 centros de control, la mayoría situados en el litoral mediterráneo.

Desde 2014 hasta 2019 se invirtieron 56 millones de euros repartidos en 63 contratos exclusivamente para mantenimiento y repuestos del sistema. El SIVE es una de las subcategorías de la ICM que más empresas del Ibex aglutina. Sus defensores, tanto en la Administración pública como en el ámbito privado, destacan el poder de su tecnología de última generación, capaz de monitorizar una balsa de un metro cuadrado aunque esté a cientos de kilómetros de la costa y el cielo esté nublado. Sin embargo, los medios económicos y humanos empleados por el SIVE no han sido capaces de reducir el número de muertes en el Estrecho.

El SIVE también es un ejemplo ilustrativo para entender el rol de España como laboratorio de las políticas antimigratorias de Europa y su estrecha relación con las multinacionales del control migratorio, especialmente las del ramo militar. Indra, la principal promotora y beneficiaria de este sistema, explica en sus presentaciones que el SIVE empezó a funcionar a finales de los 90, cuando la llegada de “inmigrantes ilegales” se convirtió en “un problema que alcanzó dimensiones inimaginables”.

Desde el principio, Indra obtuvo el dinero que permitió desarrollar este sistema a través de grandes subvenciones europeas para investigación y desarrollo. Posteriormente, el Gobierno de España invirtió grandes sumas de dinero para ponerlo en funcionamiento y, más tarde, apoyó la estrategia de Indra para hacer negocio con el SIVE en otros países.

En la actualidad, Indra opera este sistema en Rumanía, Letonia, Polonia e incluso Hong Kong, por citar algunos ejemplos. El éxito del SIVE y el respaldo del Gobierno a Indra hicieron que la UE otorgara a esta empresa las riendas de Perseus, el sistema creado para integrar el control de las fronteras marítimas europeas y combatir la inmigración irregular. Mientras tanto, el SIVE continúa generando contratos millonarios para Indra y otras grandes multinacionales, como ACS, Atos, Telefónica, Amper y El Corte Inglés.

Detener y expulsar: ocho veces más dinero que para acogida

El ingreso de migrantes en centros gestionados por empresas privadas y su expulsión forzosa en vuelos privados supone un importante nicho de mercado para las empresas de la ICM. Ambos negocios están protegidos por el secretismo impuesto desde el Ministerio de Interior: el Estado permite a los periodistas acceder a cárceles y otras instalaciones protegidas, pero no a los centros donde se detiene a los extranjeros, y oculta cualquier tipo de información sobre los vuelos de deportación.

En el periodo analizado, el Gobierno de España gastó ocho veces más dinero en detener y expulsar a migrantes (97,8 millones) que en facilitar su acogida e integración social y laboral (11,2 millones). La diferencia entre ambas categorías tiene dos razones fundamentales: el enfoque securitario de la política antimigratoria europea, por un lado, y la cesión de ciertas competencias a las autonomías en materia de acogida e integración, por otro.

Cárceles de migrantes

Entrar de manera irregular en territorio español es una falta administrativa, no un delito, pero la Ley de Extranjería permite privar a esas personas de libertad. España cuenta con tres tipos de centros de internamiento de extranjeros: los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), situados en Ceuta y Melilla, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE, hay siete en la Península y Canarias), y los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), de reciente apertura, localizados en la frontera sur y cuyas celdas son incluso más pequeñas que las de los presos comunes. Interior, responsable de estos centros, bloquea el acceso de periodistas y firma órdenes que impiden conocer informaciones clave sobre los mismos, incluidos numerosos contratos públicos. Los CATE son los centros más opacos en toda la red de cárceles para migrantes. Hasta la fecha, el Gobierno de España no ha publicado un solo contrato relativo a estos centros.

Los CETI de Ceuta y Melilla son los que más afluencia tienen y, desde su apertura, han protagonizado una larga lista de escándalos, debido al mal estado de sus instalaciones, la falta de bienes y servicios básicos y las continuas denuncias por malos tratos. Entre los problemas menos conocidos de estos centros, aunque no por ello menos relevantes, están la falta de intérpretes, un problema que hace que muchos migrantes que podrían pedir asilo no lo hagan, o que otros que están acusados de graves delitos no puedan hablar con su abogado de oficio ni defenderse con garantías. El último migrante muerto bajo tutela del Estado en uno de estos centros fue un hombre argelino y falleció a finales de mayo por razones que aún no han trascendido.

Los CATE son centros “creados para una situación de urgencia”, según el Ministerio del Interior, en los que se retiene a los migrantes en situación irregular durante un máximo de 72 horas. Estos calabozos exprés para extranjeros están financiados con dinero europeo y solo existen en España, donde con frecuencia se experimentan nuevos procedimientos y técnicas que posteriormente son exportadas a otros países europeos.

El Gobierno no hace públicos los contratos de obras y servicios de los CATE. La única información sobre su coste es esta tabla del Ministerio del Interior. En el de Málaga, con capacidad para 300 personas, cada migrante dispone de un espacio 2,3 metros cuadrados, la mitad del mínimo que se estipula para las cárceles de delincuentes comunes, según el informe arquitectónico al que tuvo acceso eldiario.es. Estos periodistas también obtuvieron imágenes que prueban que el Gobierno también interna en los CATE a menores, como contó Público, contraviniendo la propia legislación española. El Defensor del Pueblo también ha alertado sobre esta práctica, pero no se ha producido ninguna actuación judicial.

Vuelos de deportación

Entre 2009 y 2019, Frontex expulsó de la Unión Europea a 60.135 personas a través de 1.437 operaciones distintas. España es el tercer mayor deportador de Europa, con al menos 996 vuelos fletados por cuenta propia y participación en otros 263 en la última década, en coordinación con Frontex y otros países europeos.

El ritmo, frecuencia y opacidad de los vuelos de deportación han crecido especialmente desde 2015, coincidiendo con la llamada crisis de los refugiados. Estos vuelos representan un importante nicho de mercado para la ICM, siendo Air Nostrum, Evelop Airlines, Swiftair y Air Europa sus principales beneficiarios en España. También uno de los grandes miedos de los extranjeros en situación irregular: saben que tras varios años viviendo y construyendo una vida en España, pueden ser expulsados si la Policía les aprehende haciendo la compra, yendo al colegio o realizando cualquier otra actividad. Desde 2014 hasta 2019, el Gobierno transfirió al menos 45,6 millones de euros a estas aerolíneas para fletar vuelos de expulsión.

En España, la Policía Nacional se coordina con Frontex para organizar los vuelos conjuntos de expulsión con destino a Mauritania, Senegal, Colombia, Albania y otros países. El Comité para la Prevención de la Tortura ha llamado varias veces la atención al Gobierno de España por el trato que reciben los extranjeros al ser expulsados, tanto antes como durante el viaje. Ni el Gobierno de España ni Frontex supervisan que los migrantes expulsados tengan unas garantías mínimas después de ser entregados a las autoridades del país de destino. No se informa siquiera de si esas personas permanecen con vida al transcurso de 24 horas.

Acogida e integración, las migajas del negocio antimigratorio

La acogida e integración de personas migrantes es la categoría que menos dinero genera en la Industria del Control Migratorio: apenas el 1,8% de todo el dinero adjudicado y publicado desde 2014 hasta 2019; 167 contratos en total, en su mayoría cofinanciados por la UE, de los que 155 corresponden al Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones (actualmente, la cartera de Migraciones está separada de la de la Trabajo).

El enfoque securitario de la política antimigratoria no es el único elemento que explica el escaso peso de la acogida y la integración entre los contratos del Gobierno de España para control migratorio. Por un lado, las Comunidades Autónomas tienen la mayoría de las competencias en materia de primera acogida e integración. Por otro, desde el año 2015 el Gobierno tiene un convenio con Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM) para la acogida temporal, orientación e integración de quienes obtienen asilo en España. Este convenio cuenta con una subvención directa del Gobierno con parte de financiación europea. Desde su aprobación, la subvención es aprobada año tras año “con carácter urgente” y sin convocatoria pública.

Cruz Roja, CEAR y ACCEM son las organizaciones que atienden a los migrantes cuando son desembarcados por Salvamento Marítimo o la Guardia Civil. También se encargan de prestar asistencia jurídica, apoyo psicológico, traductores y un lugar donde alojarse a los refugiados que viven en España. En 2015, la subvención aprobada en el marco de este convenio fue de 12,8 millones a repartir entre estas tres organizaciones sin ánimo de lucro. En 2019, esa subvención tuvo una dotación de 69,9 millones de euros.

La mayoría de los contratos de acogida e integración analizados hacen referencia a clases de idiomas, servicios de intérpretes, actividades socioculturales o víveres y productos de higiene para centros de acogida, por citar algunos ejemplos.

Llama la atención que dentro de esta categoría, los contratos más cuantiosos caen en manos de compañías de seguridad como Eulen y Clece (Grupo ACS), que prestan servicios de vigilancia y sociosanitarios en centros para migrantes y que también figuran entre las principales beneficiadas del resto de categorías de la ICM.

También destaca el escaso número de empresas en determinadas subcategorías. Por ejemplo, la empresa Ofilingua acapara la práctica totalidad del dinero para “servicios de intérpretes” y “servicios de traducción”, por valor de 2,2 millones de euros desde 2014 hasta 2019.

La barrera idiomática sigue siendo uno de los puntos débiles del sistema de control migratorio, con consecuencias de todo tipo en la vida de las personas migrantes. Por ejemplo, la ausencia de documentos traducidos e intérpretes cualificados en Ceuta llevó a un grupo de nueve migrantes a asumir graves delitos contra la autoridad que no habían cometido, lo que les costó una condena de dos años de cárcel. Su caso sentó un precedente jurídico en la frontera sur, abriendo la puerta a la criminalización del salto a la valla, aunque no fueron los primeros migrantes encarcelados por intentar alcanzar Europa por esta vía. En 2018, Marruecos condenó a dos meses de prisión a 18 migrantes que España devolvió al reino alauí tras saltar la valla de Ceuta.

*Ninguna de estas empresas privadas e instituciones públicas respondieron a las preguntas de esta investigación: Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ministerio de Transportes, Indra, Everis, Acciona, Babcock, Evelop, Swiftair, Air Europa, Amper, El Corte Inglés, ACS, Ferrovial, Eulen y Telefónica.