Una maraña de instituciones europeas y nacionales paga con fondos públicos el control migratorio

La Industria del Control Migratorio (ICM) se financia principalmente con dinero público. Lo obtiene a través de una compleja maraña de instituciones nacionales y europeas que a menudo desempeñan también otras funciones. En España, los principales financiadores de la ICM son los ministerios de Defensa, Interior y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Apoyándose en sus herramientas de influencia (puertas giratorias, lobbistas, eventos internacionales…), las multinacionales que lideran esta industria hicieron presión para convencer a los líderes europeos y nacionales de la necesidad reforzar las fronteras fortificando Europa.

Para conseguirlo, promovieron mensajes y argumentos —sin datos ni evidencia que los sustenten— que vinculan los flujos migratorios con el crimen organizado, el desempleo y el terrorismo. Hasta la fecha, en Europa las razones ideológicas o electorales que ven la inmigración como una amenaza han pesado más que la batería de argumentos económicos, laborales y demográficos en favor de un modelo de movilidad humana más flexible y ordenado. En las próximas semanas, la Unión Europea (UE) propondrá un pacto migratorio centrado en reforzar la vigilancia fronteriza y aumentar las deportaciones.

La UE organiza su presupuesto en base a marcos plurianuales de siete años y gestiona sus fondos conjuntamente con los Estados. Más del 4% del presupuesto europeo está destinado a migración, control de fronteras y defensa. Desde 2015, Europa ha transferido a España más de 800 millones de euros para control fronterizo, una cantidad superior a la que España destina a políticas de vivienda. La cercanía del sector privado y quienes toman las decisiones en Europa generan un espacio gris y opaco en el que resulta difícil seguir la pista hasta identificar las fuentes de financiación de la ICM.

Sí es posible identificar a los principales financiadores del negocio migratorio, tanto en la UE como en España, que pasó de ser un país eminentemente emigrante a convertirse en país de tránsito y destino, y en una pieza clave de la estrategia antimigratoria europea. Los esfuerzos de los últimos años para cerrar las rutas de Turquía, los Balcanes y el Mediterráneo oriental (Grecia) y central (Italia y Malta) desviaron el flujo de personas hacia Canarias y el Estrecho, dando más relevancia si cabe a España, que tiene las dos únicas fronteras terrestres de la UE con África y ya se ha convertido en uno de los países que más dinero reporta a la ICM.

Desde la UE y España hasta las empresas de la ICM

Una amplia red de instituciones públicas subvencionan y contratan a las empresas de la ICM a nivel europeo y español. Directa e indirectamente, el ritmo político y financiero lo marca la UE, que diseña fondos y herramientas para que los Estados miembros de la región refuercen sus fronteras exteriores, combatan la migración ilegal y subcontraten a Gobiernos extracomunitarios (Marruecos, Libia, Turquía…) para llevar a cabo las tareas más comprometedoras del control migratorio (externalización).

En el periodo 2014-2020, la UE asignó a España 801 millones de euros (un monto similar al presupuesto anual de España para la atención a la dependencia) para reforzar sus fronteras exteriores y su gestión migratoria. Según reflejan los documentos oficiales de la UE, el dinero llega a manos del Gobierno español principalmente a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y el Fondo de Seguridad Interior (FSI), pero hay más.

A nivel europeo, los dos financiadores más importantes de la ICM son la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y la Dirección General de Asuntos de Justicia e Interior de la Comisión Europea, adscrita a la Vicepresidencia para la Promoción de Nuestro Modo de Vida Europeo, creada en 2019 y dirigida por la Comisaría de Asuntos de Interior. Esta dirección general abarca al mismo tiempo los asuntos de seguridad, migración, asilo y cooperación policial con países terceros, de origen y tránsito migratorio.

Frontex ejerce de Policía antimigratoria dentro y fuera de las fronteras europeas. En el momento de su creación en 2005, esta agencia tenía una función administrativa y se limitaba a prestar apoyo técnico a los estados miembros de la UE, pero en su última ampliación de mandato, en noviembre de 2019, obtuvo un mayor presupuesto e incluso competencias para firmar contratos y coordinar operaciones conjuntas de forma autónoma. Al igual que su cercanía con el sector privado (especialmente con EOS, el mayor lobby de seguridad de Europa), el peso de Frontex ha ido aumentando hasta el punto de que es el primer cuerpo uniformado de la UE y ya está reclutando a sus primeros 10.000 agentes armados. También ha crecido su opacidad: hasta ahora, los tribunales y organismos europeos han fallado a favor de mantener el secretismo de las operaciones de Frontex, dejando en papel mojado las peticiones de información de periodistas y activistas que denuncian el escaso interés de esta agencia por la integridad de las personas migrantes.

En el último marco presupuestario (2014-2019), la UE había asignado 533 millones de euros a Frontex, pero finalmente ese gasto superó los 1.790 millones. Buena parte de ese dinero acaba en manos de la ICM, que provee servicios, personal y material para las Operaciones Conjuntas en las fronteras europeas (tres de ellas en la costa española) y para los vuelos de deportación forzosa. En la última década, Frontex ha participado en el retorno forzoso de más de 60.000 personas. Una de sus últimas apuestas consiste en sustituir los sistemas de rescate en el mar por drones de vigilancia aérea.

Los fondos a los que accede la ICM también provienen de otras políticas y financiación que indirectamente se orientan al control migratorio, como es el caso de la política de vecindad, exterior, defensa o cooperación al desarrollo. En este sentido, destacan el Servicio Europeo de Acción Exterior y el Servicio de Instrumentos de Política Exterior, adscritos al Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

Actualmente la UE tiene diez misiones civiles y operaciones militares en varios países del Magreb, el Sahel y los Balcanes, con funciones que incluyen labores de entrenamiento y capacitación de los cuerpos de seguridad, incluido el control migratorio. La UE asegura que hay una monitorización para que estas misiones respeten los derechos humanos, pero las denuncias, la opacidad y la debilidad de los mecanismos para investigar abusos ponen ese compromiso en entredicho. Un ejemplo es la operación militar Sophia, puesta en marcha en 2015 para apoyar a los guardacostas italianos ante el creciente flujo de personas procedentes de Libia. En un principio Sophia participó en las labores de rescate en el Mediterráneo. Desde principios de 2019, se limita a vigilar desde el aire y, en los mejores casos, a avisar a las autoridades libias si encuentran una embarcación a la deriva.

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Operación Indalo, coordinada por la Guardia Civil bajo la financiación de la Agencia Europea de Fronteras. Fuente: Guardia Civil.

El dinero de España para la ICM

En España, el Gobierno central tiene las competencias en materia migratoria, en coordinación con las autoridades europeas, y es quien transfiere ciertos fondos a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para cubrir necesidades de acogida, educación e integración de personas migrantes.

A la opacidad de la administración en la gestión de los fondos para migraciones se suma la ausencia de algunos datos clave. La ICM saca ventaja del vacío informativo para mantener su negocio a pesar de su probada ineficacia, tanto a pequeña como a gran escala. Por ejemplo, el Gobierno no sabe o no dice cuántos migrantes irregulares residen en nuestro país. Tampoco sabe cuántos menores extranjeros no acompañados están bajo su tutela, ni la suma total que los distintos ministerios, gobiernos autonómicos y ayuntamientos destinan a atender a este colectivo. El mismo agujero existe a gran escala: el Gobierno de España no publica informes sobre cuánto dinero destina a las empresas del negocio migratorio ni cuánto gasta en mantener el despliegue de agentes de los cuerpos de seguridad, funcionarios y otros gastos que generan las políticas para frenar los flujos migratorios.

El equipo de porCausa ha recopilado todos los contratos públicos disponibles adjudicados por el Gobierno central en materia migratoria desde 2014 hasta 2019, coincidiendo con el periodo del actual marco financiero europeo. Quedan fuera de esta base de datos los contratos que permanecen bajo secreto o simplemente no fueron publicados.

Tampoco se incluyen contratos y acuerdos pagados con el dinero procedente de fondos reservados del CNI, que desde 2004 despliega agentes, organiza operaciones secretas e incluso soborna a traficantes de personas y autoridades locales para frenar a quienes tratan de salir de Marruecos, Mauritania, Argelia, Senegal o Guinea-Bisáu, tal y como explica el periodista Fernando Rueda en La Casa II.

El resultado de esta investigación de porCausa en colaboración con Público revela que desde 2014 hasta 2019 España gastó como mínimo 660 millones de euros en gestión migratoria a través de al menos 1.667 contratos adjudicados a 819 empresas. El 71,3% de todo ese dinero queda en manos de un grupo de diez multinacionales especializadas en defensa, construcción y servicios.

En julio de 2018, el Ministerio de Fomento (Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana desde enero de 2020) adjudicó el servicio aéreo de Salvamento Marítimo a Babcock, antigua Inaer, por 217,8 millones de euros (32,9% del gasto total en ICM). Se trata del contrato de mayor cuantía en el periodo analizado. Sin considerar ese macrocontrato, el reparto por ministerios pone de relieve el enfoque securitario que predomina en la gestión migratoria de España: el Ministerio del Interior desembolsó más de 225 millones en contratos para la ICM, es decir, el 54,5% de todo el gasto del Gobierno de España a través de 302 contratos para control migratorio. Interior tiene competencias tan variadas como la lucha contra la inmigración irregular, el control de las fronteras, la puesta en marcha de vuelos de deportación o la gestión de la Oficina de Asilo y Refugio.

Por detrás de Interior, la segunda cartera con más relevancia entre 2014 y 2019 fue Fomento, que acaparó el 29,9% del dinero adjudicado a las empresas de la ICM (129,5 millones a través de 597 contratos), mientras que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones solo representó el 10,5% del gasto público de España en empresas del control migratorio (273 contratos en total). Otro ministerio con una cuota significativa del dinero adjudicado es Defensa (433 contratos, 4,3% del gasto total). Ninguno de estos ministerios responde a las preguntas formuladas por este medio.

De todos los extranjeros que migran a España, solo el 4,5% accede al país de forma irregular. La detención y expulsión de estas personas generó contratos por valor de 97,8 millones de euros, el 14,8% del total. En el lado opuesto, la acogida e integración de personas migrantes aparece como la partida que menos financiación pública recibió a través de contratos públicos: 11,2 millones de euros del Gobierno central repartidos en 163 contratos, y que representan el 1,7% de los 660 millones de euros que suman los contratos para gestión migratoria en ese periodo.

Contratos a dedo

Los portales de transparencia de contratación del Estado ofrecen información sobre 1.677 contratos relacionados con control migratorio en los últimos seis años. El 66,9% de todos esos contratos (1.112 en total) fueron adjudicados por procedimiento menor, es decir, sin concurso público ni concurrencia. Entre esos contratos menores aparecen cien adjudicaciones que rozan el límite máximo que la ley permite para evitar el concurso público (18.000 euros para contratos de servicios y 50.000 euros para contratos de obras), mientras que otros 108 fueron adjudicados por procedimiento negociado y sin publicidad (también a dedo), la modalidad más opaca que contempla la legislación, para casos de emergencia. En total, el 73,3% de todos los contratos adjudicados desde 2014 hasta 2019 para control migratorio estuvieron exentos de concurso público. "Perímetros fronterizos" es la categoría que más adjudicaciones sin concurrencia acumula (949 contratos en total). Al menos uno de cada siete tiene importes que rozan el límite legal que permite evitar el concurso público. Los casos más llamativos están en 16 contratos cuyo importe se sitúa en torno a los 17.990 euros.

Los ministerios responsables de la seguridad nacional todavía podrían incrementar más su cuota en los próximos años, reforzando así la respuesta militarista en la gestión migratoria de España. Desde finales de 2019, Interior trabaja para evitar que la cartera de Trabajo y Migraciones (esta legislatura, Migraciones se incluye en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Con el PP en el Gobierno, Migraciones es solo una Dirección General dentro dentro del Ministerio de Empleo) adquiera poder en materia migratoria, generando grietas cada vez más visibles en el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. La última vuelta de tuerca llegó en febrero, en el marco de las nuevas medidas más estrictas a la hora de conceder asilo a los solicitantes de protección internacional, en línea con los dictados de Bruselas.

Buena parte de los contratos que España adjudica a las compañías del negocio antimigratorio no constan en los portales de contratación ni son remitidos por el Portal de Transparencia, pues a menudo son confidenciales por orden de Interior u otro organismo implicado en la defensa de la seguridad nacional. Los 1.677 contratos que el Gobierno de España adjudicó a la ICM desde 2014 hasta 2019, y que constan en la base de datos de porCausa, no incluyen algunas partidas importantes, como el presupuesto del CNI para operaciones antimigratorias en países de África.

Los contratos menores de la ICM también revelan posibles casos de fraccionamiento. Un ejemplo ilustrativo es el de los cuatro contratos públicos adjudicados a Eulen en 2016, sin concurso público y por valor de 17.791 euros, todos con el mismo concepto: prestar servicios de atención sociosanitaria en el CETI de Ceuta. De haberse adjudicado estos contratos en bloque, las autoridades habrían estado obligadas a convocar un concurso público para elegir la oferta con mejor precio y condiciones.

La UE usa la cooperación internacional para apuntalar el control migratorio

En 2005, España hizo frente a la llamada crisis de los cayucos con una batería de instrumentos de la que no quedaron excluidos los proyectos de cooperación con países del occidente y norte de África. La idea de ayudarles a no emigrar con proyectos de ayuda al desarrollo contradice la evidencia científica sobre los procesos migratorios –no emigran los más pobres sino las clases medias– y supone una forma no reconocida de chantaje a los países destinatarios de la ayuda, que distorsiona los objetivos y principios de la cooperación.

Europa, que criticó en su momento las decisiones españolas en este ámbito, se ha convertido en un alumna privilegiada en el uso de la ayuda para el control migratorio. A través de la DG Devco y EuropeAid, adscritas a la Comisaría de Asociaciones Internacionales, la UE organiza su agenda de subcontratación e intercambia dinero y asistencia con países terceros, a cambio de que estos eviten el tránsito de migrantes. El principal receptor de fondos para desarrollo europeo es Marruecos, al que la Comisión Europea presupuestó 1.400 millones en el periodo 2014-2020 que, según el Tribunal de Cuentas Europeo, no se tradujeron en los avances y reformas acordadas.

Los datos de Oxfam señalan que el 22% del dinero del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África se destina a gestión migratoria. Un ejemplo de la transferencia de fondos de cooperación hacia políticas de control migratorio es la Comunidad de Inteligencia África-Frontex (AFIC), que aglutina a espías de ambos continentes para combatir la migración irregular. Esta comunidad, creada y dirigida por Frontex, se financia con fondos de cooperación al desarrollo.

*Ninguna de estas empresas privadas e instituciones públicas respondieron a las preguntas de esta investigación: Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ministerio de Transportes, Indra, Everis, Acciona, Babcock, Evelop, Swiftair, Air Europa, Amper, El Corte Inglés, ACS, Ferrovial, Eulen y Telefónica.