Opinión
El Bangladesh español
3 de mayo de 2022
Que la ignorancia produce monstruos es una certeza fácilmente constatable en estos tiempos oscuros que nos ha tocado vivir. Pero la ignorancia o, si prefieren, el desconocimiento, genera otro tipo de consecuencias en el momento mismo en que una persona toma conciencia de que ha sido ajena a ciertas realidades, sobre todo cuando estas revelan una injusticia palmaria. Una de ellas es el sentimiento de vergüenza, y este puede provocar reacciones antagónicas: asumir esa realidad nueva para reivindicar su transformación, o darle la espalda y hacer como si no existiera; al fin y al cabo, si ha existido hasta ahora y yo no me he enterado, tan malo no será...
La primera vez que oí hablar de las aparadoras fue hace no demasiado tiempo, tal vez dos o tres años atrás. Alejandro Torrús, responsable de Opinión y de los monográficos impresos de Público, me habló de su madre y de mujeres que, como ella, llevaban cuarenta años trabajando de manera clandestina o semiclandestina, en sus casas o en talleres y sin ningún tipo de derechos, para alimentar una industria que solo en 2021 generó más de mil millones de euros en exportaciones (el 96% de las exportaciones totales de la Comunidad Valenciana y el 42% del total a nivel nacional).
Es la industria del calzado, de ese calzado 'made in Spain' que despierta un cierto orgullo en un momento en el que lo 'made in Spain' es cada vez más residual debido a la deslocalización de la producción para abaratar sus costes. En este caso, sería más correcto hablar de 'made in Elche', una localidad que a principios del siglo XX tenía apenas 27.000 habitantes y que en el XXI ha superado los 200.000 gracias a esta pujante industria del calzado, que ha sido el motor para el crecimiento de la tercera ciudad más grande de la Comunidad Valenciana.
Y ahora viene cuando a una le gustaría escribir que ese motor industrial generó riqueza entre sus habitantes y convirtió Elche en un ejemplo de modernidad laboral y prosperidad económica. Pero no. A la luz de las cifras, Elche sería lo más parecido a un Bangladesh español.
Buena parte de la producción del calzado se ha concentrado históricamente en Carrús, un modesto barrio de Elche que una vez al año logra arañar unos segundos de protagonismo en los telediarios: se trata del día en el que el INE anuncia el barrio con menor renta per cápita de España.
El trabajo de las aparadoras consiste en coser y ensamblar las distintas partes de un zapato antes de ser unidas a la suela. Once o doce horas al día a destajo, cobrando en negro, sin vacaciones pagadas, sin paro, sin pensión de jubilación. En sus casas, con su propia máquina de coser, o en talleres con una persiana a medio echar para evitar las miradas de los intrusos... y las inspecciones de Trabajo.
Once o doce horas diarias con posturas forzadas, respirando los efluvios de la cola que se utiliza para aparar, llamada Cement (cemen en el uso coloquial). Así es como describe este producto una de las páginas web donde puede comprarse: "Cement adhesivo. Cola para aparado y guarnecido en la industria del calzado y marroquinería. Para plásticos y guarnecido en general, se recomienda coser por encima una vez aplicada, ya que su adhesivo está pensado para poder despegarse y rectificar en caso de fallo. Producto exclusivo para uso industrial".
Estar en contacto con el cemen tiene efectos tóxicos derivados de la inhalación de uno de los componentes de esta cola, el benzol: provoca una enfermedad llamada panmieloptisis, que consiste en el desgaste o degeneración de los elementos que componen la sangre de la médula ósea. En el mejor de los casos, respirar este pegamento genera fuertes dolores de cabeza. Aparte, muchas de las mujeres que durante años se han dedicado a aparar sufren hernias discales, hernias cervicales, fibromialgia, síndrome del túnel metacarpiano y un sinfín de dolencias.
No han podido coger nunca una baja médica. Tras cuarenta años trabajando no tienen pensión. A pesar de las consecuencias incapacitantes de muchas de estas dolencias, no pueden recibir ninguna ayuda por discapacidad.
El único estudio sólido que se ha realizado sobre la economía sumergida que ha generado la industria del calzado es del año 2004 (El calzado en el Vinalopó, entre la continuidad y la ruptura, Universidad de Alicante) y señala que, en 2003, en torno a 8.874 personas trabajaban en régimen de ocultamiento para las fábricas ilicitanas. De ellas, 7.332 serían mujeres aparadoras y trabajadoras a domicilio. Más de la mitad de los empleos se ejercía de forma clandestina. Sólo en 2003.
Casi 20 años después de este estudio apenas ha cambiado nada. Más de un siglo después de los albores de esta industria todo sigue prácticamente igual. En la España del salario mínimo a 1.000 euros, la del ingreso mínimo vital, hay otro país formado mayoritariamente por mujeres que siguen trabajando en condiciones de semiesclavitud, sin derechos de ningún tipo. Bienvenidos y, sobre todo, bienvenidas al siglo XXI.