El inmovilismo de la patronal y la violación sistemática del convenio

Artículo de Antonio Trives (@AntonioTrives)

Antonio Trives

3 de mayo de 2022

Explotación y desamparo. Los dos elementos con los que las aparadoras del calzado conviven desde hace más de cien años en Elche. Las empresas de un sector que de forma anual genera miles de millones de euros se han aprovechado del modelo de trabajo en el hogar donde de forma sistemática se han vulnerado los derechos fundamentales de gran parte de las trabajadoras del calzado. El actor garante de evitar esos abusos, la Administración, ha hecho muy poco por que la legislación deje de ser papel mojado.

Desde la Asociación de Aparadoras y Trabajadoras del Calzado de Elche reclaman que se consideren sus años trabajados, las enfermedades propias de realizar este trabajo y la creación de un régimen especial que las reconozca y proteja, y se cumpla con el convenio. La patronal, Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) muestra y verbaliza un posicionamiento de rechazo a la situación que sufren las aparadoras pero que no se traduce en una protección efectiva de sus derechos. Su presidenta, Marián Cano, que también lo es de la Federación de Industriales del Calzado en España (FICE) señala que están "totalmente en contra de cualquier práctica relacionada con la economía sumergida o que suponga precarización laboral". Sin embargo, el convenio se incumple sistemáticamente y no se conoce campaña seria y consistente de la patronal por evitarlo.

Un convenio, el de la industria del calzado, que regula precisamente el trabajo a domicilio y señala que debe ser objeto de contrato de trabajo la prestación de la actividad laboral en el domicilio o un lugar libremente elegido y sin vigilancia de la empresa, y por ello contará con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra trabajadora. Además, en cuanto al salario, las personas que trabajan a domicilio no solo tienen que percibir las mismas cuantías que quien lo hace en un taller, sino que además se le tiene que añadir un 10% de ese salario en concepto de gastos generales como luz y herramientas. La tabla salarial fija un salario mínimo de 38,99 euros al día y cuando se dé falta de trabajo no imputable a las personas, no se verá perjudicado su salario, salvo que dejarán de percibir ese 10% durante los días que carezca de faena. Papel mojado al contrastarlo con la realidad. "Hay gente que no se saca 90 euros a la semana. El mes fuerte hay quien llega a los 600 o 700 euros", recalca resignada la presidenta de la asociación de aparadoras, Isabel Matute.

Dado su carácter de trabajo oculto, no registrado y de economía sumergida, resulta difícil cuantificar las aparadoras en estas condiciones frente a las que están contratadas en los talleres. El estudio El calzado en el Vinalopó, entre la continuidad y la ruptura (Universidad de Alicante, 2004) dirigido por Yosep-Antoni Ybarra, trató de dar con una aproximación. Señala que en torno a 8.874 personas trabajan en régimen de ocultamiento para las fábricas ilicitanas, de las cuales 7.332 serían mujeres aparadoras y trabajadoras a domicilio. Partiendo de 2003 como año de base y estudio, cuando había 8.238 trabajadores declarados, según el Sistema de Análisis y Balances Español (SABI), se desveló que más de la mitad de los empleos se ejercía de forma clandestina.

En la mayoría de casos, las marcas subcontratan la producción del calzado a intermediarios que son los encargados de derivar el trabajo a las aparadoras. Público se ha puesto en contacto con tres de las más importantes para que aportaran su posición respecto a la situación de las trabajadoras. Panama Jack y Pikolinos han declinado participar alegando falta de tiempo de la dirección debido al volumen de trabajo. La empresa Panter tampoco respondió a la petición de información de este periódico. Las aparadoras, parece ser, siguen siendo tabú.

La patronal, por su parte, sí ha respondido a Público. Se ampara en la existencia del convenio y señalan que "el puesto de empleo de aparado en el domicilio está perfectamente regulado" y debe cumplirse. "Cualquier práctica que no respete la directrices establecidas en nuestro convenio supone una práctica desleal para el resto de empresas del calzado que sí lo cumplen y respetan", añade Cano. La patronal, tras ser preguntada por la situación de miles de mujeres sin pensión, se limitan a decir que lo "lamentan".

La acción de la patronal se queda ahí, en una declaración de intenciones, que no se materializa en establecer los mecanismos para evitar los abusos. Sugieren que la creación de cooperativas podría ser una buena fórmula "para que el colectivo de aparadoras pudiera asociarse y mantener su autonomía". Sin embargo, sobre las soluciones para terminar con esta situación, Cano se acoge a que "existen instrumentos legislativos para actuar contra las prácticas que no respetan las directrices establecidas en el convenio" y deriva la iniciativa a terceros. "Quien tenga conocimiento de malas prácticas debe ponerlas en conocimiento de la autoridad competente para que se pueda actuar", señala Cano.

Estas vulneraciones de derechos se dan en un sector que al año genera miles de millones de euros. De enero a noviembre de 2021 —los datos de diciembre no están todavía disponibles— el sector del calzado en la provincia de Alicante generó 1.039 millones de euros en exportaciones, el 42% del total a nivel nacional y el 96% de la Comunidad Valenciana, según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Desamparo de las Administraciones

Ante los abusos de las empresas, las Administraciones tampoco han puesto herramientas efectivas para combatirlos. De hecho, el Plan de Acción del Sector del Calzado, enmarcado en el Plan Estratégico de la Industria Valenciana, se centra en señalar los elementos y mecanismos para que el sector sea más competitivo pero sin hacer referencia a la situación de miles de trabajadoras del calzado a domicilio.

El Ayuntamiento de Elche lanzó una campaña y una declaración en 2018 contra la economía sumergida requiriendo al Gobierno de España y a la Generalitat que intensificaran las medidas para acabar con esa práctica. Además pedía potenciar la coordinación entre las distintas Administraciones y combinar medidas.

Mientras tanto, miles de trabajadoras siguen trabajando de forma invisible, aunque toda la ciudad y alrededores conocen las condiciones en las que lo hacen. De hecho, el informe Percepción de la Economía Sumergida en Elche (diciembre de 2017), elaborado por la Universidad Miguel Hernández, desvela que el 90% de los encuestados opina que las prácticas de economía sumergida en Elche son frecuentes o muy frecuentes, mientras que en contraposición señalan que los ilicitanos e ilicitanas son responsables o muy responsables en el cumplimiento de las leyes como en el pago de impuestos (70% y 78% respectivamente). Por esto, el informe deduce que hay una "percepción" interna de que la economía sumergida no supone un fraude fiscal. La percepción de economía sumergida en el sector del calzado es del 81,5%, percepción ligeramente inferior a la de los propios trabajadores.