Desde el cese de la violencia de ETA, en 2011, hasta 2018 se produjeron 121 sentencias por apología de ETA, cuatro veces más que en los siete años anteriores cuando la organización terrorista estaba activa Desde el cese de la violencia de ETA, en 2011, hasta 2018 se produjeron 121 sentencias por apología de ETA, cuatro veces más que en los siete años anteriores cuando la organización terrorista estaba activa

O conmigo o contra mí: represión al disidente

Del «golpe de Estado» de los ‘perroflautas’ del 15M, como decía Esperanza Aguirre, a la petición de Pablo Casado de...

Alejandro Torrús

11 septiembre, 2018

Del «golpe de Estado» de los ‘perroflautas’ del 15M, como decía Esperanza Aguirre, a la petición de Pablo Casado de ilegalizar a los partidos independentistas. De la ley mordaza a las condenas de prisión por canciones de rap o chistes malsonantes en redes sociales. De los titiriteros a los amigos etarras de Podemos. Del encarcerlamiento de políticos y activistas que participan en el ‘procés’ de Catalunya a la prohibición de actos que reflexionaban sobre el reférendum catalán. El Estado español ha hecho frente desde 2011 a tres fenómenos que han intentado «romper el candado del 78»: el 15-M, Podemos y el soberanismo catalán. La respuesta del Estado ha sido similar en los tres casos: más cerrazón, más Código Penal, más represión y, sobre todo, un señalamiento del diferente como disidente. La consigna es clara: o el régimen del 78 o el caos. Si no estás con nosotros, eres el enemigo. Si no concibes el Gobierno, la economía o la nación española como nosotros, eres separatista, golpista, antiespañol, bolivariano, y, probablemente, simpatizante de ETA.

El propio Mariano Rajoy llegó a hablar durante la última campaña electoral de «los malos» y «los buenos». Pablo Casado, nuevo líder del Partido Popular, insistió durante sus primarias para ser presidente del PP en la idea de ilegalizar a los partidos independentistas. «Los partidos democráticos españoles no deberían incluir en sus estatutos fines ilegales», aseguraba Casado, que pedía una reforma de la Ley de Partidos como la que hizo Aznar en el año 2000. «En este caso no hay violencia, pero sí coacciones, amenazas, niños que sufren en los colegios», anunciaba Casado, que también ha propuesto prohibir la exhibición de lazos amarillos en las instituciones.

El argumento central de estas peticiones es, curiosamente, la defensa de la Constitución. El siguiente que lanzó una propuesta similar fue Xavier García Albiol, quien precisó que él solo prohibiría «los programas electorales independentistas «y no los partidos a través de una reforma de la ley electoral. Sin embargo, la Constitución de 1978 y la jurisprudencia del Constitucional defienden la pluralidad política y establecen que solo se pueden prohibir comportamientos o actividades que por medios violentos o antidemocráticos vulneren la ley de leyes. Sin embargo, el caldo de cultivo se va creando. El nuevo líder del Partido Popular se escora de nuevo hacia posiciones de extrema derecha e intenta dejar fuera del mapa político, de lo legalmente permitido, a sus adversarios políticos. Según este argumento, ya no hay posibilidad de discutir e incluso cambiar de opinión. Las ideas dignas de ser defendidas son las que están en la Constitución. Nada más.

Rajoy da la palabra a un periodista durante la rueda de prensa de balance de legislatura. (Sergio Barrenechea / EFE)
Rajoy da la palabra a un periodista durante la rueda de prensa de balance de legislatura. (Sergio Barrenechea / EFE)

Prueba de ello fueron los días previos al 1 de octubre de 2017, fecha en la que la Generalitat de Catalunya había convocado el referéndum. La justicia ordenó suspender un acto en Madrid a favor del derecho a decidir de Catalunya. Fue entonces cuando la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, recriminó a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que no hubiera sido ella la que censurara el acto. Es decir, la entonces presidenta de la Comunidad instó a la regidora a que ejerciera de censora. Además, el portavoz de los conservadores en el Ayuntamiento de la capital, José Luis Martínez Almeida, anunció en Twitter que pedía a Manuela Carmena la reprobación de tres concejales de Madrid por firmar un manifiesto a favor del referéndum en Catalunya. «Un concejal de Madrid no puede estar en contra de la Constitución», escribía el conservador José Luis Martínez Almeida.

También se suspendieron actos de debate por el derecho a decidir en Gijón y en Vitoria. Una vez más, un conflicto político encontró como única respuesta del Estado español el Código Penal. La Constitución, en lugar de ser utilizada como un espacio de encuentro, es utilizada como martillo con el que hundir al rival. El exletrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, advertía hace apenas un mes de cómo se está utilizando una especie de Derecho Constitucional del enemigo en el que se intenta imponer el marco de que la libertad de expresión no cubre las ideologías que no gustan al poder, las instituciones no pueden exhibir signos ideológicos que no gusten y la neutralidad consiste en pensar igual que el Estado central.

En este contexto, por ejemplo, los líderes de Ciudadanos reclaman que los independentistas no politicen los espacios públicos con el uso de lazos amarillos en recuerdo a los políticos encerrados. Sin embargo, lo hacen precisamente ocupando el espacio público con mensajes que no son precisamente conciliadores ni apolíticos. Piden que se respete la neutralidad del espacio público para ocuparlo con sus tesis. Una manera bien clara de decir que su pensamiento es «neutro» o «consenso» y lo de los independentistas es crispación. Unos son los malos y otros los buenos, como decía Rajoy. Para todo lo demás, sigue estando el Código Penal.

La abogada Isabel Elbal, del despacho Boye & Elbal que coordina la estrategia jurídica de la defensa de los políticos catalanes en el exilio, señala que en el contexto catalán «el efecto disuasorio» que se ha pretendido lograr con la amenaza del castigo penal se ha mostrado «inoperante». «¿El Código Penal puede resolver el hecho incontestable de que el 80% de los catalanes quiere votar y quería votar? No.», reflexiona la abogada penalista Isabel Elbal. Y así fue. A pesar de la movilización popular que acompañó al 1 de octubre, el Estado español continuó el camino marcado por el Código Penal hasta el final: prisión y exilio para representantes políticos. Y antes, porras para los que querían votar.

Primera amenaza: Los terroristas del 15M

La encarcelación de los representantes políticos catalanes ha sido la máxima expresión del retroceso en libertades del Estado español. Pero no la única. El señalamiento del ‘otro’, del enemigo, ya se había acelerado previamente con el 15-M. Fue el primer gran desafío para el Estado. De repente, miles de jóvenes salieron a la calle y gritaron que no eran mercancía en manos de políticos y banqueros. Su ‘No nos representan’ caló en la sociedad. También el de ‘Democracia real ya’. La reacción de algunos no se hizo esperar: la criminalización. Esperanza Aguirre, por entonces presidenta de Madrid y aspirante a liderar el PP, dijo que detrás del 15M se podía «esconder un golpe de Estado». No fue la única. Telemadrid, hizo pasar imágenes de protestas violentas en Grecia por protestas del 15-M en Barcelona. La criminalización del que piensa diferente ya estaba en sus pantallas.

Puerta del Sol de Madrid durante el 15-M en una imagen de archivo. REUTERS/ Paul Hanna
Puerta del Sol de Madrid durante el 15-M en una imagen de archivo. REUTERS/ Paul Hanna

El Gobierno de Mariano Rajoy utilizó su rodillo parlamentario ante el desplome del PSOE para aprobar las conocidas como ‘leyes mordaza’: la Ley para la Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Era su respuesta a las enormes movilizaciones que despertó su política de recortes. Era el 1 de julio de 2015 y Rajoy ponía un más que polémico coto al ejercicio de la libertad de expresión y manifestación en España. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, de hecho, mostró su preocupación por el «efecto disuasorio» que las ‘leyes mordaza» podían «tener para la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica» ya que implican un «uso excesivo de las sanciones administrativas» y excluía «ciertas garantías judiciales».

Las ‘performances’ de la Plataforma Anti Desahucios (PAH) en sucursales bancarias para protestar contra los desahucios se convertían en delitos con una pena de prisión de tres a seis meses o una multa de seis a doce meses. También comenzaron a correr el riesgo de ser condenados entre tres y doce meses de prisión aquellas personas que participaran en «la distribución o difusión pública» de «consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público». La ‘ley mordaza’ de Rajoy despertó la antipatía de todo el hemiciclo. Sin embargo, aún sigue en pie una norma que, entre otras cosas, ha permitido que la Policía multara en 2017 a 48 personas al día por presuntas «faltas de respeto» a la autoridad.

Podemos y el municipalismo: la segunda amenaza

La escalada represiva y la estrechez de lo políticamente permitido se acentuó con la amenaza política que representó el surgimiento de Podemos. Rápidamente apareció el bloque de los ‘constitucionalistas’, por un lado, y los que no respetan nada o bolivarianos, por otro. Era la segunda amenaza. El partido morado, sus confluencias y el municipalismo amenazaban con ocupar el poder político que durante años había permanecido prácticamente en exclusiva en manos de PP y PSOE.

«Podemos quiere pasar de una democracia occidental a una bolivariana», advertía otra vez Esperanza Aguirre. Las causas y ataques contra los líderes del partido y el entorno del mismo se sucedieron. Salían ‘escándalos’ de debajo de las piedras y toda persona del propio entorno era susceptible de convertirse en víctima. Desde las denuncias e insultos contra el humorista Facu Díaz, inscrito en otro partido político, a los ataques e insultos contra Ada Colau. El mismo ministro del Interior Fernández Díaz dijo en un programa de televisión que él habría denunciado al humorista por un sketch en el que anuncia la disolución del PP con un pasamontañas en la cara. Finalmente, el cómico tuvo que declarar ante la Audiencia Nacional, pero la causa fue archivada. «Lo que buscan es marcarte. Quisieron hacer una distinción entre la gente de bien y los disidentes. El argumento de ETA sirve para tratar de quitar crédito a estas opiniones y enmarcar a esas personas fuera del régimen, fuera de lo que está permitido opinar”, señaló el hoy codirector del show No te metas en política.

A pesar de la campaña del miedo contra los partidos municipalistas, consiguieron conquistar muchas de las grandes ciudades del Estado, incluyendo las dos más grandes: Madrid y Barcelona. Y fue precisamente en Madrid, en una actuación contratada por el Ayuntamiento, en febrero de 2016, donde la Policía se llevó detenidos a dos jóvenes artistas que denunciaban en una obra de títeres la tendencia del Estado a criminalizar a los disidentes ideológicos relacionándolos con grupos terroristas. Los artistas utilizaban dentro de su obra de ficción una diminuta pancarta que recogía el mensaje «Gora Alka Eta». Fue suficiente para que los dos jóvenes durmieran en prisión y sus muñecos de trapo fueran requisados y retenidos cual arma de destrucción masiva. El linchamiento mediático contra los dos jóvenes anarquistas y contra el Ayuntamiento de Madrid quedó reflejado en las hemerotecas: Carmena, Podemos, ETA. Todo junto. Mezclado.

Cartel de la obra de teatro Gora Alka ETA
Cartel de la obra de teatro Gora Alka ETA

El plato fuerte para el Gobierno de Carmena, no obstante, se había servido, prácticamente, el mismo día de la investidura cuando salieron a la luz unos chistes de humor negro de 2011 del concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata sobre el holocausto judío y sobre la víctima de ETA Irene Villa. La prensa seria no dejó títere con cabeza: «Un edil de Ahora Madrid se burla en Twitter de los judíos y de Irene Villa», decía El País. El concejal madrileño fue imputado hasta en dos ocasiones por estos mensajes y desde los medios se le acusó constantemente de humillar a las víctimas, a pesar de que aún no había sido juzgado. «No habría ocurrido lo mismo si no hubiera sido concejal de Ahora Madrid”, aseguraba el propio edil en una entrevista con Público.

Aún así, el concejal de Ahora Madrid tuvo más suerte que la estudiante de Historia Cassandra Vera, que llegó a estar condenada a dos años de prisión por la Audiencia Nacional por unos chistes sobre el almirante y vicepresidente del Gobierno de la dictadura de Franco, Carrero Blanco. Cassandra fue finalmente absuelta por el Supremo, pero para entonces ya había sufrido una pesadilla de dos años. La polémica la situó en el centro la diana y fue atacada duramente en redes e incluso en algún medio de comunicación. Con similares argumentos el cantante César Strawberry fue condenado a un año de prisión por unos cuantos tuits irónicos. «La nueva inquisición trata de convertirnos en algo que no somos», denunciaba el cantante también en Público. «Podemos entrega su fiesta al cantante ‘amigo’ de los terroristas» o «Strawberry, acusado de enaltecer el terrorismo, con Podemos», fueron algunos de los titulares que se podían leer en prensa. Una vez más. Podemos, ETA y una tercera víctima de linchamiento por unos tuits irónicos.

Desde el cese de la violencia de ETA, en 2011, hasta 2018 se produjeron 121 sentencias por apología de ETA, cuatro veces más que en los siete años anteriores cuando la organización terrorista estaba activa. Sentencias que han provocado que el rapero Josep Miquel Arenas, alias Valtonyc, se haya refugiado en Bélgica para no ingresar en prisión o que el rapero Pablo Hasel pueda ingresar próximamente en prisión durante cinco años.

Catalunya: la tercera amenaza

La tercera amenaza llegó con Catalunya. La crisis del Estado desarrolló la voluntad soberanista en Catalunya, que puso sobre la mesa la tercera amenaza sobre la mesa al «candado del 78». Primero ingresaron en prisión los ‘Jordis’: Cuixart y Sánchez, líderes de Òmnium y ANC, respectivamente. Después fue el turno de los políticos: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borràs. Otros, como el entonces president Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Anna Gabriel se encuentran desde entonces en el exilio.

Jordi Sànchez, y Jordi Cuixart. AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS
Jordi Sànchez, y Jordi Cuixart. AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS

Poco o nada ha cambiado desde estos encarcelamientos. Sus derechos y libertades parecen haber quedado en suspenso. Pero la reacción frente al desafío soberanista no fue únicamente la prisión. Antes, asistimos a varios casos de manipulación informativa importantes. El máximo exponente fue la presunta exclusiva de Antena 3 Noticias: «Las imágenes que demuestran la relación de la CUP, Podemos y el entorno de ETA con el régimen de Nicolás Maduro«, anunciaba a bombo y platillo la cadena de TV. El resto continuaron la bola. «Podemos y la CUP acudieron en Venezuela a un homenaje a ETA«, proseguía El Español. Los ejemplos en este caso son múltiples y variados. ¿La realidad? Que el encuentro al que acudieron en Venezuela llevaba por título Encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad(La Red) y era tan secreto que Anna Gabriel, diputada de la CUP en el Parlament, reflejó su experiencia en un artículo publicado originalmente en la revista ONGC. De hecho, Telesur informó con normalidad del evento. Pero el cóctel ya se había lanzado a la sociedad. Venezuela, ETA, Podemos, CUP. Una vez más todo junto. Mezclado. Revuelto.

Así se llegó a las fechas previas al 1 de octubre. El Govern de la Generalitat insistía en su celebración, mientras que el Gobierno central incidía en todo lo contrario. La intensidad subía. Voces de extrema derecha se fueron asomando paulatinamente a los medios de comunicación sin que saltara ninguna alarma. A veces era difícil darse cuenta. El mensaje llegaba a la población envuelto en una bandera rojigualda con toques de sentimentalismo. Apelando a las emociones. Noqueando la razón. Camuflado entre datos, cruces de acusaciones y expresiones grandilocuentes como «golpe de Estado» o «sediciosos catalanes’. Gentes de extrema derecha han ocupado platós de televisión y periódicos como si nada. Por ejemplo, El Mundo dio cabida a una carta prounionista de Antonio Llopart, exlíder del neonazi Movimiento Social Republicano, que defendía la unidad de España. Años antes, solo La Gaceta había publicado a Llopart cuando escribía contra el aborto. El diario de Unidad Editorial, al menos, advertía en el texto que Llopart pertenecía a una organización de «tinte ultraderechista». La web de Antena 3 Noticias, que también recogió la misiva, no lo hizo. El discurso de la extrema derecha respecto a la nación española llegaba sin filtros a la ciudadanía vestido de emotivo.

También fue destacable cuando un grupo de miembros de extrema derecha agredieron con un botellazo a una diputada de las Cortes de Aragón y mantuvieron encerrados, por problemas de seguridad, a 400 cargos públicos, de diferentes partidos y sensibilidades. El telediario de TVE, de hecho, rebajó los hechos a una “manifestación por la unidad de España”. Ni rastro de las banderas del franquismo. Ni rastro acerca de que la organización que había convocado la protesta es de extrema derecha.

Los intentos de marcar al disidente han sido constantes. El delito de odio, de repente, se convirtió en un instrumento legítimo para luchar contra el independentismo (Ver página 28). Todo valía. La justicia fue cerrando los casos que se iban abriendo pero el daño quedaba. Se agravaba la brecha. Se abren espacios cada vez más grandes entre «buenos» y «malos». Entre los buenos españoles y la AntiEspaña, ese concepto decimonónico que recuperó Franco para hablar de los enemigos de la España eterna e imperial.