El control migratorio en España: una oscura industria de más de 660 millones en cinco años

Desde 2014 hasta 2019, el Gobierno español adjudicó al menos 660,4 millones de euros a las empresas del negocio antimigratorio a través de más de 1.677 contratos públicos, la mayoría sin concurso público.

La política migratoria europea y española deja un saldo récord de víctimas mortales en el Mediterráneo, condena a miles de personas a la clandestinidad y reduce las oportunidades que la migración ofrece a nivel social, cultural y económico, una realidad que la crisis del coronavirus vuelve a poner en evidencia. Ante este escenario, surgen dos grandes preguntas: ¿Por qué Europa y España mantienen un modelo de control migratorio ineficaz? ¿Quién gana con el negocio antimigratorio? Esta investigación de porCausa y Público pone nombre a los beneficiarios de la Industria del Control Migratorio.

Las políticas antimigratorias de la Unión Europea (UE) y el discurso de odio contra los migrantes consolidan un nuevo mercado en el que numerosas empresas, principalmente armamentísticas y de seguridad, se lucran exclusivamente con contratos públicos. España, frontera sur de Europa, ya es uno de los principales terrenos de juego de la Industria del Control Migratorio (ICM). Desde 2014 hasta 2019, el Gobierno español adjudicó al menos 660,4 millones de euros a las empresas del negocio antimigratorio a través de más de 1.677 contratos públicos, la mayoría sin concurso público. Todos estos contratos están disponibles en esta base de datos abierta de porCausa.

Tan solo el 4,5% de quienes migran a Europa lo hace por vías irregulares. Se trata de personas que, independientemente de sus motivos para migrar, no cuentan con una vía segura y legal para iniciar su viaje. La lucha contra la migración irregular se ha convertido en una de las grandes prioridades de la UE, y una de las que más consenso obtiene entre los países comunitarios. La respuesta a esta obsesión, eminentemente militar y securitaria, obedece a una red de intereses económicos e ideológicos que no contempla abrir vías legales y seguras para quienes desean migrar a un país europeo. Esto se traduce en grandes sumas de dinero destinadas a frenar la migración irregular a base de blindar las fronteras y externalizar el control migratorio y acelerar las deportaciones a través de acuerdos con Marruecos, Turquía, Libia —este último, considerado un Estado fallido— y otros países vecinos, muchos gobernados por regímenes autoritarios o sin estándares básicos de respeto a los derechos humanos.

El régimen migratorio europeo deja un saldo récord de víctimas en las rutas hacia Europa, especialmente en el Mediterráneo. Los dos grandes beneficiarios de este modelo son los grupos criminales de tráfico de migrantes y la Industria del Control Migratorio. Entre perdedores y vencedores, aflora una contradicción: el 13% de los trabajadores esenciales en Europa con un papel clave durante la crisis de la covid-19 son migrantes extracomunitarios, según los datos más recientes de la Comisión Europea.

El Gobierno de España cifra en 30.000 millones el gasto público extra que necesitará para pagar los ERTE y hacer frente a otros gastos excepcionales como respuesta a la pandemia de la covid-19 y el estado de alarma. Es una cantidad similar a la que la UE destinará a control migratorio y de fronteras (30.829 millones) entre 2021 y 2027, según su nuevo marco presupuestario. En ese periodo, la UE también consagrará 24.322 millones de financiación pública para defensa y seguridad.

La Industria del Control Migratorio es uno de los negocios con mejor perspectiva de futuro en el territorio europeo. En la última década, una amplia red de políticos y empresarios, principalmente del sector armamentístico y la construcción, han logrado consolidar un nuevo mercado en torno a la securitización de las migraciones y la militarización de las fronteras.

Los capos del negocio migratorio dejan cierto espacio a organizaciones sin ánimo de lucro, que cumplen la tarea secundaria de asistir a los migrantes, y aprovechan su influencia mediática y política para situar las migraciones como un problema de seguridad. La reconstrucción postcoronavirus obligará a muchos Estados a ajustar sus presupuestos, pero la industria del control migratorio no atisba nubarrones en el horizonte: la incertidumbre, el miedo y la inestabilidad social son bazas favorables para su negocio.

España es uno de los principales mercados de esta industria, que ha convertido la frontera sur española en un laboratorio para ensayar proyectos antimigratorios que después son exportados a otros países de la región. Empezando por el uso de la ayuda al desarrollo como mecanismo de presión, un modelo que el conjunto de la UE replicó después durante la crisis de acogida de 2014. La concertina (cuchillas de acero) de la valla de Melilla, subvencionada con fondos europeos y fabricada por una empresa malagueña, ya corona las vallas de varios países de los Balcanes y del norte de Europa.

El éxito de los drones desplegados en el litoral atlántico español y el estrecho de Gibraltar ya inspira nuevos proyectos en el Mediterráneo. El nuevo experimento estrella son los CATE, cárceles ‘express’ para migrantes, repartidas por el sur de España y cofinanciadas por Europa y España. Hasta la fecha el Gobierno no ha publicado ningún contrato sobre estos centros de detención de migrantes. Una nota del Ministerio del Interior indica que solo en 2019 se desembolsaron más de 6,5 millones de euros en obras y servicios relacionados con estos centros.

La Industria del Control Migratorio vivió su mejor momento en 2015, coincidiendo con la llamada ‘crisis de los refugiados’ y la aprobación de grandes programas de financiación para cerrar las fronteras de Europa. Se trata de un sector de alta rentabilidad que vive exclusivamente del dinero público y que justifica su opacidad bajo el pretexto de la "defensa nacional y europea".

El crecimiento de la Industria no logra frenar el flujo de personas que migran: sube el número de muertos en el Mediterráneo, crece la letalidad de otras rutas migratorias y aumenta la población migrante encarcelada. Investigadores y periodistas de todo el mundo informan sobre la tragedia humanitaria que viven miles de personas a las puertas de Europa, en Libia, Marruecos o Turquía. Las víctimas están claras, pero, ¿quién gana con el negocio antimigratorio? ¿Quién está detrás de la Industria del Control Migratorio?

*Ninguna de estas empresas privadas e instituciones públicas respondieron a las preguntas de esta investigación: Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ministerio de Transportes, Indra, Everis, Acciona, Babcock, Evelop, Swiftair, Air Europa, Amper, El Corte Inglés, ACS, Ferrovial, Eulen y Telefónica.