Vecinos y vertederos, saturados por la basura

La localidad se opone a la apertura de un nuevo depósito en su término municipal, al mismo tiempo que en el Garraf luchan contra los efectos nocivos del basurero cerrado hace ya 13 años

Los vertederos son todavía un quebradero de cabeza para vecinos y Administraciones: la producción de residuos no cesa y aquellos que no se reciclan terminan en depósitos que los municipios no quieren tener cerca y para los que es necesario buscar una solución tras su clausura. En Rubí –localidad con una importante actividad de extracción de áridos y un largo historial de litigios con empresas dedicadas a la gestión de vertederos–, los vecinos han alzado la voz por el temor a que los terrenos de Can Balasc se conviertan en un depósito de residuos no peligrosos. El vertedero de Coll Cardús, en Vacarisses, apura sus últimos meses tras acercarse al límite de su capacidad. Y los vecinos del Garraf exigen soluciones para el de la Vall de Joan, que 13 años después de su clausura sigue dando problemas.

Cada catalán produce más de 500 kilos de residuos al año, y de estos 300 no se reciclan. Son datos del informe Catalunya cap al residu zero: situació actual i indicadors per a la transició, de la fundación para la prevención de residuos y el consumo responsable Rezero. Según la Agència de Residus de Catalunya, en 2018 se produjeron 3,98 millones de toneladas de residuos, el 3,5% más que en 2017. Más de la mitad –el 58%– fue fracción resto que no se separó de forma selectiva. De esta, el 60% acabó en depósitos controlados, y el resto en plantas de incineración.

Una lucha que ya dura 25 años

La situación estratégica de Rubí y las características del terreno han hecho de esta localidad vallesana uno de los municipios preferidos por las empresas de extracción de áridos. Una actividad que convive en la zona con dos depósitos de residuos, uno de ellos clausurado –y sancionado–, y el de Can Balasc, para el que se han pedido los permisos necesarios para convertirlo en vertedero. Pero la oposición a este tipo de instalaciones ha sido una constante en las últimas décadas. Los vecinos están organizados como plataforma bajo el nombre de Rubí Sense Abocadors. "No queremos convertirnos en el basurero de la comarca", reivindica Montse Rousse, miembro de la organización. Que Can Balasc iba a terminar convirtiéndose en un depósito de basuras era algo que los vecinos sospechaban desde hace tiempo. Cuando hace años se anunció la clausura de Coll Cardús –el último de los grandes vertederos catalanes– ya se barajó la posibilidad de que Can Balasc fuese el destino de la basura metropolitana. Sin embargo, en estos momentos la mayor preocupación de los rubineses y también de sus vecinos de Sant Cugat del Vallès y Castellbisbal es que se acabe convirtiendo en algo peor: un vertedero de residuos inertes, un espacio en el que se depositen restos industriales.

El departamento de Territorio i Sostenibilidad de la Generalitat ha comunicado que, tras la exposición pública del proyecto presentado por la empresa que gestiona Can Balasc –que en la actualidad dedica el terreno a la extracción de tierras– y después de tramitar las alegaciones que se hayan recibido, "se elaborará una propuesta de resolución provisional y se elevará a la ponencia ambiental". Si al final se autoriza la nueva instalación y se concede la licencia, la plataforma vecinal cree que la capacidad del vertedero aumentaría significativamente respecto a la que la empresa pidió por primera vez en 1994. "Se pasaría de un millón de metros cúbicos de residuos a 2,5 millones", sostiene Rousse.

La activista recuerda que en los años 90 Can Balasc iba a destinarse a residuos inertes –plásticos, cartones, tierras o escombros–, pero, en la actualidad, por los cambios en la ley y por las nuevas tipologías de residuos, "este tipo de desperdicios incluye hasta 300 residuos no peligrosos, no 13 inertes como en 1994". Además, la ampliación del proyecto prevé 14 años de explotación y no ocho, como se establecía inicialmente.

Después de que el Ayuntamiento de Rubí denegase la instalación del vertedero en esta superficie, hace 25 años, los tribunales se han pronunciado a favor de la empresa hasta en 17 ocasiones. En este sentido, Rousse recuerda: "Fue el juez del caso de las ITV [del amaño de los concursos de concesión de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos] quien dictó esas sentencias favorables a la empresa. Y hoy está inhabilitado. Por eso reclamamos al Ayuntamiento de Rubí que solicite que aquellas sentencias se revisen".

La plataforma está convencida de que la empresa –que no ha respondido a las preguntas de El Quinze– pretende trasladar a Can Balasc la actividad que desarrollaba en el vertedero de Can Carreras, también en Rubí. Éste se clausuró en 2016 después de que la Agència de Residus de Catalunya comprobase que había excedido el límite de su capacidad en 78.000 toneladas, tras una denuncia presentada por los vecinos. Un objetivo que, según Rousse, se perseguía desde 2011. En 2017, Can Carreras se situó en el punto de mira de la Unión Europea, convirtiéndose en el único vertedero catalán investigado. La Comisión advirtió que hasta 60 depósitos españoles –entre ellos Can Carreras– incumplían la directiva europea de residuos.

El tercer vertedero de Rubí es Can Canyadell, destinado a residuos de la construcción.

La proximidad de Can Balasc a equipamientos públicos, los malos olores que generaría el vertedero y los ruidos y la contaminación que desprenden este tipo de actividades son las principales razones que los vecinos señalan para oponerse a instalaciones de esta índole. La preocupación es tal que el Ayuntamiento –que tampoco ha respondido a El Quinze– blindó en 2016 la localidad para evitar la apertura de nuevos vertederos con la aprobación de un Plan Especial que regula las actividades extractivas y su restauración. Rubí se convirtió así en el primer municipio catalán que disponía de una normativa como ésta.

En Vacarisses también conocen los problemas que genera la proximidad de un vertedero, en este caso de residuos municipales. Durante 30 años han soportado la actividad de una de las plantas más grandes de Catalunya en su término municipal, la de Coll Cardús. Cuando se comprobó que su capacidad estaba al límite, se empezaron a buscar fórmulas para reducir las aportaciones que llegaban: en 2010, se inauguró el Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental, a los pies del depósito controlado, y esto, junto con el aumento de la separación de los residuos domésticos, propició que el volumen de basura que llegaba al vertedero se redujera. Su clausura, sin embargo, se ha ido posponiendo. Hace tres años se anunció que el plazo expiraba en 2019, pero el calendario sigue siendo incierto. Además, la lógica limitación de entrada de residuos provocó un aumento del precio por tonelada que repercutió en la tasa municipal, por lo que los vecinos de los municipios vallesanos que usan esa instalación han sido castigados todo este tiempo con el incremento del precio que suponía depositar en Coll Cardús las basuras no separadas.

El vertedero del Garraf aún da problemas

Mientras se plantea el futuro del depósito de Can Cardús, el otro gran vertedero catalán, el de la Vall de Joan, más conocido como el del Garraf, sigue generando problemas 13 años después de su clausura. Así lo denuncian los miembros del grupo ecologista Quercus. Después de las movilizaciones vecinales por los malos olores que desprendía tras su cierre, este año han empezado a sellarse las casi 40 hectáreas que quedaban pendientes de restaurar. El objetivo es integrarlo en el parque natural del Garraf. Se estima que quedan enterradas más de 26 toneladas de desperdicios y que la restauración tardará ocho años en terminarse. Ángel Losada, presidente de Quercus, se muestra inquieto por el riesgo que, dice, comporta la superficie. "Pese al sellado, tenemos un problema muy grave: los olores salen igualmente y, como el Garraf es un espacio calcáreo, se filtran por todas partes, porque la basura fermenta y llega a Olivella, Sitges y Vilanova", explica.

Losada añade que existe otro riesgo: los efectos nocivos de los gases que se acumulan en él. "Los espeleólogos han pasado un informe al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) porque la concentración aumenta a una velocidad bárbara. Nadie se lo esperaba. Y esto puede provocar explosiones", avisa. Aunque se está planteando reconducir los gases a una planta de biogás, Losada sostiene que "esto no está funcionando" y que “la proximidad de los túneles y la autopista podría provocar una desgracia”. El ecologista recuerda que en 1978 ya murió un espeleólogo que accedió a una zona del vertedero en la que se acumulaba carburo. "No quiero ser alarmista, pero el problema está ahí", subraya.

Quercus reconoce que en 1973 se concibió el vertedero de forma distinta a los de ahora. La mayor conciencia ambiental ha ayudado a mejorar estas instalaciones, pero el presidente recuerda que "siguen siendo vertederos", por lo que aboga por aumentar la separación de residuos, incrementar la recogida selectiva y reducir la fracción resto.