El derecho a la vivienda: la prueba del algodón para el nuevo Gobierno

«Medidas concretas como obligar a los bancos y fondos de inversión a ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables en vez de desahuciarlas; ceder la vivienda vacía a los municipios, para ampliar los parques públicos de vivienda –inexistentes en las ciudades– en lugar de venderlas a fondos fantasma para así seguir especulando»

Las leyes no se pueden redactar a espaldas de la ciudadanía. Para acabar con la emergencia habitacional es necesario escuchar a las afectadas y las soluciones que estas proponen.

Desde la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) llevamos más de 10 años acompañando a miles de familias que han perdido o están a punto de perder su hogar. Somos las que mejor sabemos cómo erradicar la emergencia, porque somos quienes hemos sufrido los desahucios, en las calles y en las asambleas, llevando a cabo acciones de denuncia, visibilizando el problema en los medios, autotutelando nuestros derechos y promoviendo cambios legales que den respuesta a la vulneración de derechos fundamentales que padecen las personas afectadas.

PSOE y PP han protegido más los intereses de los lobbies financieros que a la gente. ¿El resultado de sus políticas? Precios desorbitados del alquiler, millones de desahuciadas, alfombra roja para socimis y fondos de inversión y criminalización de las ocupaciones. Si el nuevo Gobierno quiere garantizar el derecho a la vivienda, deberá hacer leyes ambiciosas y políticas valientes y dotarlas de presupuesto. Es la hora de una agenda de vivienda real que dé respuesta a la ciudadanía, de pasar de las buenas intenciones y los titulares del programa del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos a la concreción.

Medidas concretas como obligar a los bancos y fondos de inversión a ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables en vez de desahuciarlas; ceder la vivienda vacía a los municipios, para ampliar los parques públicos de vivienda –inexistentes en las ciudades– en lugar de venderlas a fondos fantasma para así seguir especulando; regular el precio del alquiler, para que este sea una opción de vida segura y duradera; o regular la dación en pago, para que las familias desahuciadas puedan tener una segunda oportunidad.

Por no decir que sería imprescindible que, entre las primeras medidas, se acabara ya con los desahucios de vivienda habitual. Nadie entendería que, después de esta década negra para las hipotecadas e inquilinas, no se decretara un «Stop desahucios, como una casa».

Estas medidas concretas no pueden esperar y serán una de las pruebas del algodón del nuevo Gobierno en materia de derechos fundamentales. Prueba del algodón o prueba de fuego: escojan lo que más les guste.

Aún más, serán uno de los principales indicadores del éxito o del fracaso estrepitoso de su legado, pues el movimiento por el derecho a la vivienda es de los más fuertes de la última década y el que ha conectado más directamente con el sentir social mayoritario de la ciudadanía, por lo que no dar respuestas a la altura sería inaceptable. No se puede hablar de un cambio de época –ni lo habrá– si no se garantiza el derecho a la vivienda en España. Recordemos que hay vidas en juego.