Grito de auxilio de los payeses por la ‘enfermedad’ de los precios

Los agricultores del Parc Agrari del Baix Llobregat denuncian frenos al desarrollo de la zona por el exceso de restricciones ambientales, que se suman a la crisis global de los costes de producción

La enfermedad de los precios. Así es como describe el desequilibrio en la cadena alimentaria, que perjudica especialmente al productor, el director general de Desarrollo Rural del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Oriol Anson. Este fenómeno es el que ha hecho salir a la calle a los agricultores con un mensaje unánime: los consumidores pagan un precio demasiado elevado en comparación con las cotizaciones que reciben ellos por sus productos en origen. Los agricultores, que se han concentrado por todo el Estado español, reclaman cobrar una retribución mínima y que se sancionen las prácticas comerciales en las que se vende un alimento por debajo del valor que ha costado producirlo. En Catalunya la movilización más importante fue la manifestación que se celebró en Lleida el 14 de febrero, impulsada de forma unitaria por todos los sindicatos agrarios y liderada por el sector de la fruta dulce. Según la Guàrdia Urbana de Lleida participaron 1.500 persones, encabezadas por unos 420 tractores.

La particularidad del Llobregat

A esta realidad global, se suma la situación específica que viven los productores del Parc Agrari del Baix Llobregat, una zona formada por 3.000 hectáreas de cultivos alrededor de la cuenca baja del río y a la que pertenecen 14 municipios de la comarca. «No tenemos agricultores que se ganen la vida, y se quieren ir, ya que nos encontramos desamparados ante el exceso de normativas ambientales que frenan nuestra actividad». Este grito de auxilio lo realiza Mauri Bosch, un productor de Viladecans que comercializa verduras y hortalizas. Bosch, que pertenece a la organización agraria Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), lamenta que solo 300 agricultores profesionales sobrevivan en la actualidad a esta situación.

Bosch alude a que los payeses del Baix Llobregat padecen una doble crisis: la general de los precios y la de un exceso de celo en la legislación, que «convierte el área en un parque natural, cuando debería ser un parque agrario, en el que se desarrollasen actividades económicas». Los productores del Parc consideran que la gestión, llevada a cabo por el Departament d’Agricultura, el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputación de Barcelona y el sindicato Unió de Pagesos (UP), no se está orientando de forma adecuada desde un punto de vista agronómico. «Las decisiones políticas nos afectan porque percibimos precios más bajos como consecuencia de una calidad y una productividad menor de nuestros productos, a lo que hay que agregar las pérdidas en las cosechas por los ataques de la fauna y las dificultades para extraer agua», resume Bosch. Ante las demandas de los agricultores, el Consejo de Ministros del pasado 25 de febrero aprobó una serie de medidas para mejorar la ley de la cadena alimentaria.

Controlar el coste de producción

Entre estas medidas, se encuentra la necesidad de establecer un contrato por escrito en el que figuren los precios mínimos y el control de la venta a pérdidas –práctica en la que el producto se vende por debajo del coste que tiene elaborarlo–. El valor, que pactarán el agricultor y el comprador, tomará como referencia el índice de precios que publica el Ministerio de Agricultura.

Al único eslabón que, incluso con la nueva normativa, le está permitido vender por debajo del coste de producción continuará siendo la distribución. La ley lo legitima para favorecer la venta de alimentos perecederos que estén a punto de caducar y evitar así el desperdicio alimentario. Además, es una opción aceptada por las normas comunitarias. Eso sí, las mejoras de la ley de la cadena alimentaria prohíben utilizar los productos como reclamo comercial. Es decir, regalarlos como recompensa por la compra de otros.

Tras conocer el decreto para la mejora de la cadena alimentaria, las organizaciones agrarias han reaccionado de manera recelosa. El sindicato Unió de Pagesos, mayoritario en el campo catalán, considera insuficientes las medidas aprobadas. Así, UP denuncia que la normativa «todavía deja sin establecer cuál es la cuota de mercado necesaria para determinar una posición de dominio en la cadena alimentaria, sea la agroindustria, el comercio minorista o especialmente la distribución».

Ante esta indefinición, UP urge a la Generalitat de Catalunya a que, a través de una norma con rango de ley, regule las prácticas comerciales desleales, como la venta a pérdidas, y aplique sanciones a las empresas que incumplan la legislación.

El caso de la fruta dulce

En el ámbito de la fruta dulce, uno de los más afectados por la crisis de precios, el responsable del sector del sindicato, Francesc Pena, reclama al Ministerio de Agricultura que establezca un plan de arranque de 10.000 hectáreas para rebajar la cosecha un 30% en el ámbito estatal, además de adecuar la fiscalidad para la declaración de la renta de este año, ajustándola a la reducción de los ingresos. Asimismo, UP solicita una rebaja en las cuotas que han de pagar los agricultores a la Seguridad Social.

Por su parte, la entidad agraria JARC valora el primer paso realizado por el Gobierno, aunque matiza: «Estamos expectantes de cómo se aplicará a la realidad y quién ejercerá el control para que se cumpla y sea efectivo». El presidente de JARC, Xavier Vela, precisa: «Tenemos que ver si la industria y la distribución son capaces de aceptar los precios, ya que ellos poseen una posición de poder que les hace formalizar contratos por debajo de los costes de producción». La organización exige un compromiso al Gobierno para que «la aplicación de las medidas no implique una subida del precio al consumidor, porque el margen de beneficio es suficientemente alto para evitar encarecimientos en el valor de venta al público». Más allá de estas modificaciones, JARC plantea la importancia de crear un registro de los contratos entre el productor y la industria, para poder emprender acciones en caso de que se produzca un conflicto jurídico. 

Un sector estratégico

Estas reivindicaciones se registran en el seno de un sector, el agroalimentario, con un peso clave en la economía catalana. En 2019, el valor de las exportaciones catalanas alcanzó los 10.677 millones de euros, superando por primera vez la barrera de los 10.000 millones de euros. Los datos, facilitados por el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, constatan que las ventas exteriores crecieron un 8,5% el año pasado, acumulando el incremento más alto desde 2015. Por primera vez, el ámbito agroalimentario se sitúa como el tercer sector más exportador de la economía catalana, superando al del automóvil y solo por detrás del químico y el de los bienes de equipo. Ahora, solo hace falta que estos beneficios se repartan de forma equitativa entre todos los agentes de la cadena alimentaria.

ORIENTAR LA PRODUCCIÓN A LOS MERCADOS LOCALES

Una de las denuncias más repetidas durante las últimas manifestaciones es la falta de rentabilidad. Este diagnóstico lo comparte la ONG Justicia Alimentaria, que aboga por cambiar el modelo agroalimentario. En un comunicado, la organización recuerda que un 80% de los gastos que tienen que afrontar los payeses proceden de los fertilizantes, los plaguicidas, los fármacos o los piensos. Para modificar este paradigma caduco, rentable con el petróleo barato, la ONG propone «cambiar el modelo de producción de alimentos y centrarlo en sistemas de temporada, menos demandantes de energías fósiles e industria petroquímica». La solución implica «orientar las cosechas a los mercados locales».

MENOS RECURSOS Y MÁS PODER PARA LOS ESTADOS

En el proceso de revisión de la Política Agraria Comunitaria (PAC), que afrontará este año la Comisión Europea, las previsiones indican que destinará menos presupuesto y que este se renacionalizará, teniendo los Estados más peso de decisión. Además del recorte, «el problema se genera en cómo se hace y cómo se reparte». Este es el análisis que efectúa el presidente de la Comisión de Economía Agroalimentaria del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Francesc Reguant.

Reguant recuerda que si Bruselas quiere apostar por la innovación, la modernización, las concentraciones de oferta y las políticas medioambientales solo lo puede hacer a través de la reducción de las ayudas directas, las que van al bolsillo del agricultor: «Renacionalizar la PAC es una mala noticia para Catalunya. En este caso, es necesario que la Administración de-
fienda la distribución de los fondos comunitarios bajo criterios estrictamente técnicos y económicos, dejando de lado el componente político».

La propuesta inicial de la CE es recortar un 3,5% las ayudas directas, conocidas como Feaga, y más de un 15% los programas de desarrollo rural –fondos Feader–, cofinanciados por los Estados y que se perciben tras cumplir requisitos de condicionalidad. Los agricultores catalanes cobraron el año pasado 316,6 millones de euros en ayudas directas. En el caso de los Feader, está previsto que este año reciban 115,8 millones de euros, dirigidos sobre todo a la inversión en activos físicos y en pagos a zonas con limitaciones naturales. La Generalitat cree que el planteamiento comunitario resulta injusto porque va en contra de las políticas de cohesión de la UE.