Cómo reconstruir el Estado del bienestar

Amaia creía tenerlo todo. Trabajo, familia, casa…. Era, literalmente, feliz. Hasta que las cosas empezaron a complicarse. A partir de...

Danilo Albin

2 octubre, 2018

Amaia creía tenerlo todo. Trabajo, familia, casa…. Era, literalmente, feliz. Hasta que las cosas empezaron a complicarse. A partir de algún maldito momento, todo ocurrió rápido. Demasiado rápido. Quizás tanto como su cuerpo cayendo desde un cuarto piso. Porque un día –una mañana, para ser más exactos-, Amaia saltó por la ventana. Justo en ese preciso instante, una comitiva judicial subía por el ascensor. Arropados por policías, venían a contarle que su vivienda, uno de los pilares sobre los que se asentaba su felicidad, ya no era suya. Por eso se mató.

Aquel 9 de noviembre de 2012, Amaia Egaña, barakaldesa de 53 años, se convirtió en uno de los símbolos del Estado de bienestar perdido. De las vidas perdidas. Hoy su nombre forma parte de un largo listado de víctimas de la primera crisis del siglo XXI, una crisis que se llevó por delante una buen número de vidas, arruinó un sinfín de hogares e hizo añicos el modelo de estado de bienestar.

Después de tanto sufrimiento, quienes sobrevivieron a la catástrofe social tienen por delante un nuevo reto: sentar las bases que permitan recuperar la felicidad perdida. El bienestar perdido. El economista Endika Alabort, integrante del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA), prefiere hablar de “gran recesión” en lugar de crisis. Básicamente porque la segunda es más corta que la primera. “La crisis puede ser algo momentáneo, que dura uno o dos años. Aquí llevamos una década”, explica. Del mismo modo, cree que esa “gran recesión” no ha hecho otra cosa que “generalizar” la precariedad entre distintos sectores de la población. El mal, básicamente, se hizo endémico, y golpeó sin anestesia a la clase trabajadora.

Eduard Suari, investigador postdoctoral en Economía en la Universidad de Leiden (Países Bajos), describe algo así como la tormenta perfecta. “En cuanto a la precarización laboral y el incremento del paro, el Estado del bienestar se ha mostrado incapaz de ofrecer una garantía de ingresos seguros y estables para los peor afectados. A la vez, el sistema español ha demostrado no tener la capacidad para incentivar a los parados a buscar trabajo de forma exhaustiva y continuada, además de no proporcionar formación de calidad que les permitan renovarse y cambiar de sector económico”, sostiene.

En tal sentido, Suari está convencido de que “al estado del bienestar español le faltan políticas activas de empleo, a la vez que le faltan garantías reales de ingresos para aquellos que no pueden trabajar o no pueden encontrar un trabajo”. El precio de esa carencia puede ser extremadamente alto. “Si estas dos carencias no se solucionan, el actual crecimiento basado en la creación de trabajos temporales puede acabar en un nuevo desastre social si viene otra crisis”, advierte.

Colas en una oficina de desempleo.- EFE
Colas en una oficina de desempleo.- EFE

En cualquier caso, Alabort aclara que hablar de “Estado de bienestar” en España requiere previamente de algunas precisiones. “Tenemos que cogerlo con pinzas. El Estado de bienestar surgió en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, mientras que aquí no llegó hasta los años ochenta y, en realidad, no se implementó nunca de manera completa: asuntos como la conciliación, las pensiones no contributivas o lo relacionado con la vivienda no han sido cubiertos por el Estado”, destaca.

“Si comparamos 2008 con 2018, en lo básico estamos peor: los pocos pilares que se habían construido –educación, sanidad y desempleo- han sido recortados de manera brutal. A día de hoy la gente que cobra la prestación por desempleo no llega ni a la mitad de la gente que no tiene trabajo”, apunta Alabort. En esa línea, este economista considera que en las circunstancias actuales existe otro riesgo: “Ahora se busca pasar del Estado de Bienestar a otro más asistencial, en el que las ayudas no son un derecho, sino que pasan a depender de eso que denominan ‘empleabilidad’: si dices que no a un empleo, te cortan la ayuda”.

Básica y universal

Estos temas tocan muy de cerca al economista Daniel Raventós, presidente de la Red Renta Básica. “La lógica de los subsidios condicionados es muy clara: la ayuda del Estado de Bienestar sólo llega cuando has caído”. Frente a ese modelo, este académico defiende la implementación de la Renta Básica Universal (RBU) como antídoto contra la pobreza. “Se trata de que tengas la existencia material garantizada”, resume.

La RBU podría definirse como una asignación monetaria pública incondicional a toda la población, independientemente de su condición. Raventós, que lleva varios años trabajando en este tema, plantea que podría financiarse mediante el IRPF, algo que es compartido por otros académicos que también han examinado esta propuesta. “Las personas que cobran más, como sencillamente pagarían un IRPF más alto, no se beneficiarían de la renta, pero en el momento que lo necesitasen sí, como cualquier otra persona”, apunta Sara Berbel, doctora en Psicología Social.

En tal sentido, considera que la Renta Básica “otorgaría una seguridad material a todas esas personas que o bien están en el umbral de la pobreza, o bien están sufriendo discriminación”. Se trata, a su juicio, de un espectro muy amplio de la población. “Había otras épocas en las que la pobreza estaba circunscrita a los otros –afirma-. Sin embargo, en este momento el umbral es variable y cualquiera de nosotras y nosotros, incluso quienes nos consideramos de clase media, en función de determinadas circunstancias podemos vernos en riesgo de exclusión social”.

Garantizar el trabajo

Desde el ámbito ideológico de la izquierda existe otra propuesta para consolidar un nuevo Estado de bienestar: el Trabajo Garantizado. “Partimos de una premisa básica: que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo”, explica Adoración Guamán, profesora de Derecho de la Universidad de València. “Lo cierto es que mientras el empleo (asalariado) decrece, el trabajo existente aumenta: se trata de ese trabajo socialmente necesario, útil para las mayorías sociales, que se encuentra cada vez más desatendido como consecuencia de la inexistencia de una oferta pública adecuada y por la acción de sabotaje que las políticas de austeridad han provocado”, subraya. Se refiere concretamente a “servicios fundamentales para la vida como son la atención a la dependencia, la sanidad y la educación de todas las edades”.

En esta línea, Guamán considera que la propuesta de Trabajo Garantizado (TG) “aparece como particularmente interesante y tiene la virtud de romper esquemas y líneas rojas de una clase empresarial que, en connivencia con el poder público, se beneficia de esta situación de desastre en la que se encuentran millones de personas”, ya que “traslada al Estado, a lo común, la responsabilidad de garantizar un trabajo digno a aquellas personas que no lo consiguen en el mercado de trabajo privado o público”. Así, su primer objetivo es “actuar como un freno de mano a la situación de emergencia y excepcionalidad social en la que se encuentran millones de personas”.

“Evidentemente, la magnitud del problema es tal que este objetivo requerirá una puesta en marcha paulatina, fijándose el objetivo inicial de garantizar un millón de puestos de trabajo durante el primer año de su puesta en marcha”, afirmó la profesora de la Universidad de València, quien destacó que “ello comportaría, según los estudios económicos realizados al respecto, un gasto equivalente al 1% del PIB, lo que obliga no solo a replantear la fiscalidad sino también las ingentes sumas de dinero que reciben las empresas con la finalidad, jamás verificada, de crear empleo de calidad”.

En el fondo, la felicidad

¿Es incompatible la Renta Básica Universal y el Trabajo Garantizado? Berbel, por ejemplo, no lo ve así. “Creo que es complementario –explica-. Se trata de diversas medidas que hay que utilizar, pero no todo el mundo sirve para unas o para otras”. Esta académica piensa, por ejemplo, en las personas que no pueden trabajar –ya sea de forma generalizada o en un momento concreto de su vida- y que, de no existir una renta garantizada, se verían “condenadas a la pobreza”.

Viñeta de Malagón
Viñeta de Malagón

“La Renta Básica tiene otra lógica”, apunta, por su parte, Daniel Raventós. El economista catalán subraya que esta propuesta está dirigida a garantizar la existencia material a toda la población”. “A partir de ahí –señala- podemos hablar de otras cosas”. “Si quieres estar en el mundo del trabajo, nadie te dice nada. Hemos venido aquí a vivir”, remarca.

Mientras tanto, Guamán entiende que Renta Básica y Trabajo Garantizado “son propuestas que parten de planteamientos claramente distintos, aun cuando ambas tienen un objetivo final común, que es asegurar el buen vivir de las personas”. “Evidentemente, la Renta Básica no pone el trabajo en el centro, sino que apuesta por una asignación económica sin condiciones, mientras que el Trabajo Garantizado coloca al trabajo (que no al empleo) como vía fundamental para la obtención de ingresos que permitan la vida digna”, afirmó. En cualquier caso, llamó a “no caer en distinciones maniqueas que provoquen debates entre quienes estamos en el mismo lado de la lucha por la transformación social y por la consecución del bienestar de las mayorías sociales”.

“El trabajo garantizado apuesta por el bienestar, sí, pero también por la resignificación y dignificación del trabajo y por apuntalar y rearmar así los lazos de solidaridad y la movilización, el contrapoder, que se crea a partir o desde las relaciones de trabajo y sus representaciones colectivas”, subraya Guamán, quien advierte además que esta alternativa “debe orientarse hacia la eliminación de la división sexual del trabajo, a la ruptura de las discriminaciones que se mantienen e imbrican en el mundo laboral y permean en la vida familiar y persona”.

Más allá de las diferencias entre ambas teorías, en el fondo emerge el viejo asunto de la felicidad en el marco del estado de bienestar. ¿Qué hace más felices a las personas? ¿Tener un trabajo garantizado o un ingreso básico? Ante esta cuestión, Raventós recomienda pasarse por Youtube y ver el monólogo El Trabajo Dignifica del fallecido humorista Pepe Rubianes. “No hay filósofo que lo haya dicho con mayor profundidad: lo que realmente dignifica es tener la existencia material garantizada, y el trabajo es un medio para ello. Cuando se dice que la gente se siente infeliz por quedarse en el paro, en realidad es porque no tiene los medios para poder sobrevivir”, remarca.

El economista añade otro dato: en lugares como Reino Unido o EEUU se han hecho estudios para determinar el grado de satisfacción de la ciudadanía con su trabajo. “Es impresionante la cantidad de gente que dice que su empleo no tiene ningún sentido. Eso, precisamente, se aleja de la felicidad”, afirma. De hecho, Raventós deja bien claro que “la inmensa mayoría del trabajo asalariado se hace de forma instrumental para vivir, comprar comida, tener una casa…”.

La vivienda, ¿mercancía o derecho?

En ese contexto, la vivienda aparece como otro pilar básico del Estado de Bienestar. “Se trata de un derecho básico que no tenemos cubierto: a día de hoy es una mercancía, cuando debería ser un derecho”, afirma categóricamente la arquitecta y urbanista Zaida Muxi, quien lleva tiempo trabajando en torno a este asunto. Es precisamente por eso que defiende a viva voz “el derecho a habitar dignamente en el sitio correcto sin depender de tus ingresos”. Justamente lo contrario de lo que ocurre en la actualidad.

Con estos datos sobre la mesa, el sociólogo y urbanista Elías Trabada añade otro elemento que dibuja la situación de manera muy clara: El “austericidio neoliberal” practicado durante estos años ha desviado “importantes recursos públicos para el rescate de las cajas de ahorro en quiebra, en detrimento del rescate social de los hogares en crisis, afectados por procesos de ejecución hipotecaria y desahucios, abocados a sobrevivir en la precariedad y pobreza severa”.

De cara a un nuevo Estado de Bienestar, Muxi considera que “debe repensarse la cuestión de la vivienda”. Entre otros puntos, plantea “la desaparición de la idea de propiedad como única garantía de acceso” a un hogar digno, al tiempo que advierte que “los Estados no son capaces de abordar esta cuestión solos”. A su juicio, habrá que “abrir el juego” y promover la participación de distintos colectivos y asociaciones sin ánimo de lucro que también trabajan en torno a este asunto.

Protesta contra un desahucio - EFE
Protesta contra un desahucio – EFE

Por su parte, el investigador Eduardo Suari aporta su grano de arena a este debate: a su juicio, “el Gobierno debería implementar políticas que garanticen una cierta estabilidad en el precio de la vivienda, de tal manera que cada individuo o familia pueda acceder a dicho mercado en unas condiciones similares. Unas condiciones que no impliquen tener que pagar una hipoteca de por vida, o gastar más de una tercera parte de la renta del hogar en alquiler”.

Ese punto de vista es compartido por Trabada, quien hace especial hincapié en la necesidad de poner en marcha una Ley Estatal Integral de Vivienda que preste especial atención a los hogares con ingresos limitados y que sitúe entre sus principales objetivos la elaboración de un plan de alquiler social, “una de las grandes carencias del sistema residencial español”.

De hecho, cree que “esta nueva clase social de trabajadores pobres y precarios, de la que forman parte las y los inmigrantes extranjeros, pero también capas sociales precarizadas de las clases obrera y media de nacionalidad española”, requiere de un parque de viviendas de alquiler social “con rentas asequibles para sus limitados y, con frecuencia, discontinuos ingresos”. “A su vez –continúa-, los hogares afectados por procesos de desahucios, pero también los procesos sociales de emancipación juvenil, de emparejamiento, de natalidad y crianza, de ruptura de parejas y de recomposición familiar necesitan con urgencia de ese parque de viviendas de alquiler social”.

Este urbanista insiste en dejar bien claro que “el derecho humano a residir en una vivienda digna y adecuada, con un precio asequible respecto a nuestro nivel de ingresos, hay que garantizarlo en esa reconstrucción del Estado del Bienestar español”. “Es uno de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1978 y, para hacerlo realmente efectivo, las administraciones públicas deben implementar las políticas y medidas necesarias para que se satisfaga con suficiencia, tal como sucede con el derecho fundamental a la educación o la salud”, precisó.

Pensamiento global

Precisamente, Zaida Muxi advierte que se trata de una cuestión clave a la hora de abordar la reconstrucción del Estado de Bienestar. “Tenemos dos caminos: o vamos a la debacle total de una sociedad totalmente individualista, sin ninguna conciencia ni empatía al otro, o tendemos a una sociedad más solidaria, colaborativa, en la que cada una y cada uno, en función de sus capacidades, trabajemos para mejorar”.

Este tema también preocupa a Adoración Guamán. Más allá de tecnicismos o debates académicos, advierte que se trata de algo tan básico como grave: lo que está en juego, en otras palabras, no es otra cosa que el futuro de la humanidad. “Debemos plantearnos un cambio de modelo productivo para no poner fin al planeta donde vivimos y al ser humano como especie”, subraya.

“Es importante tener en cuenta que la precarización no es un fenómeno ni español ni europeo sino global, que golpea mucho más fuerte a las mujeres y hombres (y niños y niñas) que trabajan en los países del Sur Global fabricando bienes que consumimos en los países del norte –continúa-. Si no se piensa global y se tiene en cuenta esta realidad, ninguna estrategia anti-precarización será efectiva”.