Un operario del Ayuntamiento de Madrid limpia el cartel de la Puerta del Sol- FERNANDO SANCHEZ Un operario del Ayuntamiento de Madrid limpia el cartel de la Puerta del Sol- FERNANDO SANCHEZ

España, potencia mundial de precariedad

Ana Bernal-Triviño

2 octubre, 2018

Se habla de recuperación económica y de brotes verdes, pero la crisis iniciada  en 2008 más la suma de casi siete años de gobierno del Partido Popular, con sus políticas neoliberales, reflejan lo contrario. Más trabajo temporal,  más horas extras sin pagar, menos políticas públicas en pobreza infantil y  España en los primeros puestos de desempleo juvenil han sido algunas de las  consecuencias. Si algo hay claro es que la España de 2008 no es la misma que la  de 2018. Se ha producido una transformación social donde se ha condenado a una parte a la exclusión y, a otra, a un empobrecimiento de sus condiciones de vida, propiciadas, entre otros factores, por por una reforma laboral del PP que aumentó la precariedad.

Si bien los datos del INE muestran que tras el pico más alto de paro en 2013  (26,09%) se ha reducido la tasa de desempleo al 17,22% en 2017, la dimensión  real de la destrucción de trabajo en nuestro país se observa mejor en el  contexto europeo. Seguimos liderando el desempleo en Europa, solo tras  Grecia. Cuando la media en la Unión es de un 6,9%, España alcanza un 15,2%,  según datos de Eurostat.

“La mejora del desempleo esconde sombras. Probablemente, la más siniestra es la de los desempleados de larga duración, por sus insostenibles  consecuencias. Más de la mitad de los desempleados son de larga duración,  cuando antes del impacto de la crisis era poco más del 20%. Pero, si afinamos un poco más, observamos que incluso dentro de este colectivo la situación ha  cambiado sustancialmente al incrementarse, en mayor proporción, los que podríamos denominar parados de muy larga duración. Cerca del 40% del total  de desempleados, algo más de 1,5 millones de personas, llevan más de dos  años en paro”, explica la profesora de Economía de la Universitat Oberta de Catalunya Elisabet Motellón.

En España la tasa de paro de larga duración en hombres es el doble que en  Europa (6,7%), y casi se triplica en el caso de las mujeres (8,8%). Antonio  Sanabria, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid,  advierte: “Las estimaciones del desempleo no cuentan a quienes han dejado de  buscar activamente al no encontrar trabajo, así como a quienes sí trabajan pero hacen menos horas en contratos por horas o a jornada parcial… Si incluimos a estas personas desanimadas y subempleadas, la tasa de paro actual se aproximaría al 24,5%. Es decir, que una de cada cuatro personas en edad de  trabajar no encuentra empleo, ha dejado de buscarlo o está subempleada”.

En estos años se ha debatido si los subsidios de desempleo, que se han visto amenazados por recortes en varias ocasiones, desincentivan la búsqueda de empleo. Motellón indica que “gran parte de los subsidios que se perciben son míseros, por lo que resulta ofensivo hacer estas generalizaciones. Con la  precariedad de nuestro mercado de trabajo habría que preguntarse qué tipo de ofertas de trabajo se reciben. Me parece una falta de responsabilidad señalar este problema como el principal. No solo culpabiliza a los parados de larga duración de su situación, sino que nos desvía de buscar soluciones con graves  implicaciones sociales y económicas”.

Durante gran parte de la crisis económica España ha sido el primer país de toda  la UE en desempleo juvenil, superando el 50%. Ahora se ha reducido al 38,6%,  pero continúa siendo una cifra elevada y nuestro país se coloca ahora en  segunda posición. Por detrás, aparecen países como Croacia, Francia, Portugal.

“El aumento del desempleo juvenil está relacionado con la especialidad  productiva de nuestra economía y la falta de formación, dos fenómenos  entrelazados. El auge de sectores como la construcción o el turismo fueron  durante mucho tiempo un reclamo atractivo para muchos jóvenes que  interrumpieron o abandonaron su etapa formativa. La crisis económica no solo les privó de sus puestos de trabajo, sino que los dejó en una situación de  especial vulnerabilidad: sin formación y con una edad en la que era complicado volver a las aulas”, explica Motellón.

Fue también la época de buscarse la vida fuera del país, aumentando las migraciones. Otros jóvenes, sin embargo, no pudieron salir. Lena Álvarez,  de 30 años, se ha pasado toda la década de sus veinte años trabajando y estudiando en lo que ha encontrado. Es profesora aunque no ha conseguido  entrar a trabajar en ningún colegio. “Para cualquier cosa te piden un mínimo de años de experiencia, certificarlo, una carta de recomendación, haber trabajado en el extranjero… Es imposible tener los estudios que demandan  y esa experiencia con veintipocos años”. Explica que la única solución que encontró fue buscar aquellos empleos con “menos requisitos, y con ellos he  acumulado seis años de experiencia en el trabajo”. Ahora, después de un año de espera, la han llamado de un supermercado. “No es el trabajo de mi vida.  Es en un pueblo y me tiene que llevar mi pareja. Muchas veces es lo comido por lo servido, pero entonces no haces currículum. Mi pareja, con Ingeniería  Electrónica y un máster, también está en paro. Estamos en plan de pillar lo que salga, olvidar lo que querías. Cuando recibí la llamada del supermercado me  ilusioné, pero luego me dió el bajón porque no he conseguido meterme en nada  de lo que yo estudié. Lo cojo porque las facturas hay que pagarlas y me da algo  más de tranquilidad, aunque son solo dos meses y a media jornada”.

Invertir en formación

Para la economista de la UOC Motellón, son precisas mejoras en la educación, con especial atención a quienes dejan sus estudios para aportar  económicamente en casa. “La falta de formación les hace más vulnerables al paro y la precariedad. Pero ¿cómo motivar a que estudie un joven si luego  tenemos ingenieros que no encuentran empleo y, si lo hacen, les pretenden  pagar 800 €? ¿Cómo les explicamos esto de la inversión en educación en una  economía donde muchas empresas compiten a través de costes y, por tanto, no  requieren de este nivel de cualificación?”, sentencia la profesora. España dobla la media europea en tasas de precariedad, con un 4,7%, en un ranking donde  ocupa la tercera posición tras Croacia y Francia. Las horas extras sin pagar alcanzan las 2.986 y se ha producido un aumento de la temporalidad en los  contratos. En el contexto de Europa, España encabeza los contratos temporales  (26,8%) incluso por delante de Polonia (26,1 %), siendo la media de la  UE de 14,3%.

“La temporalidad se ha convertido en un grave problema debido a que las  empresas se han acostumbrado a usar este recurso como único instrumento  para dotarse de flexibilidad laboral. Ninguna reforma laboral haconseguido  reducirla porque el origen del problema está en el uso que hacen las empresas  y, sobre todo, en el tipo de empresas que configuran nuestro sistema  productivo”, explica Motellón.

Para Sanabria, los contratos por obra y servicio o los contratos eventuales  por circunstancias de la producción “fueron pensados para circunstancias  específicas. Pero sumados representan el 81% de todos los contratos que se firman. Estamos ante un uso abusivo, diría que fraudulento, de la contratación  temporal”. El profesor matiza que, no obstante, esto no es nuevo, sino que ya  se producía en los años de expansión y burbuja inmobiliaria, solo que ahora se añade la devaluación salarial y de las condiciones laborales.

“El crecimiento del empleo se ha sustentado, básicamente, en el sector  servicios y la hostelería. Aún estamos lejos de los niveles de empleo de antes de la crisis. A finales del 2017 solo hemos recuperado la mitad del empleo destruido con la crisis”, apunta Montellón. Sanabria subraya que “España es, junto con Grecia, la única economía en la UE donde los salarios siguen por debajo de los niveles previos a la crisis, mientras los beneficios empresariales están en nuestro país en niveles récord”.

Este economista apunta otro aspecto y es que “la caída en las rentas del trabajo se ha cebado sobre los niveles salariales que ya eran más bajos, en las mujeres y en los jóvenes. Mientras, los salarios más altos han superado ya los niveles de ingresos previos a la crisis”.  Durante mucho tiempo se habló de la necesidad de dotar a España de un nuevo modelo productivo en caso de que pudiese ocurrir otra gran crisis como la que se inició entre 2007 y 2008; pero no ha llegado a producirse. “Síntomas de  que algo vuelve a fallar es observar cómo empresas de otros sectores invierten  parte de sus excedentes en el sector inmobiliario atraídas por la rentabilidad de  esta actividad. Si no se penaliza la especulación, es complicado ponerle freno a  esta deriva”, explica Motellón.

El turismo parece ser la estructura productiva más reforzada pero, ¿estamos  ante una nueva burbuja? “El crédito sigue contrayéndose, y sin crédito no hay  burbujas. El precio de los alquileres se ha disparado en las principales ciudades,  pero es más efecto que causa. Es decir, el resultado de una mejora relativa en  el empleo, pero con un acceso complicado al crédito hipotecario para muchos  hogares. La demanda se desplaza entonces al alquiler, pero se encuentra con  un mercado muy reducido, entre otras cosas por una larga falta de políticas  públicas para el acceso a la vivienda”, explica el economía Antonio Sanabria.

La feminización de la pobreza, también en España

Para la profesora de Economía Paula Rodríguez, de la Universidad Pablo de Olavide, punto aparte es el análisis de las consecuencias de esta crisis por  sexo. Para las mujeres, según esta experta, la intensificación de las políticas de  austeridad desde 2011 y la reforma laboral de 2012 empeoraron las condiciones laborales. “Esta segunda etapa, en la que se vuelven a agrandar las brechas  de género, está causada por los enormes recortes públicos, sobre todo, en sectores feminizados o que facilitan servicios de cuidados que favorecen el  empleo de las mujeres y por la ceguera de las políticas económicas y laborales  a las desigualdades de género existentes, contribuyendo a perpetuarlas o  aumentarlas en vez de a reducirlas”, comenta la especialista.

Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), las mujeres siguen  encabezando el desempleo (1.855.442 desempleados) frente a los hombres. Un  dato récord fue en septiembre de 2017 cuando el incremento del desempleo  correspondía en un 70% a las mujeres. Mientras el salario medio bruto de la mujer  es de 20.131 euros anuales, el del hombre se sitúa en 25.924, a la vez que la mujeres  han asumido más empleo temporal. “La mayor precariedad laboral de las mujeres  se sustenta en la división sexual del trabajo, que no es ajena al hecho de que en  nuestra sociedad siga perviviendo lo que Laura Nuño denominó como el ‘mito del  varón sustentador’, mientras que a ellas les asigna roles tradicionales de cuidado  de la familia y el hogar y, por supuesto, al desarrollo de políticas neoliberales que  además son ciegas al género”, sostiene Lidia Fernández Montes, del Observatorio  de Igualdad de Género de la URJC y de la Plataforma 7N.

Para esta experta, todas estas circunstancias generan consecuencias. “Por  un lado, en la salud mental de las mujeres con estrés, ansiedad, depresión  o trastornos del sueño; y en la salud física, especialmente con trastornos  músculo-esqueléticos. También tienen consecuencias colectivas. La  feminización de la pobreza desempodera al conjunto de trabajadoras y  trabajadores, reduce la capacidad de negociación colectiva, y da mayor poder al  empresariado”, sostiene Fernández-Montes.

Un estudio de Save The Children detallaba que una de cada diez madres solteras está en situación de pobreza. Los hogares monoparentales están  representados en un 80% por mujeres, y la tasa de pobreza en los niños que  viven en hogares formados por madres solas es de un 54%, 12,5 puntos más  que el conjunto de la población infantil y el doble que el total de la población. España, con un 27,9%, está entre los primeros países con mayor riesgo de  pobreza en Europa, detrás de Rumanía o Bulgaria, según Eurostat. La OCDE ya  advirtió en un informe reciente que aunque haya crecido el empleo en España  se ha producido un estancamiento en los sueldos, de forma que “un 15,9% de  los españoles en edad de trabajar tiene unos ingresos inferiores al 50% de la  media del país, muy cerca del 16% de Grecia”. Es decir, sostiene que España es  el séptimo país del mundo y el primer país de Europa en trabajadores pobres.

En Europa, en 2015, el primer 20% de la población con la mayor renta  disponible equivalente recibió 5,2 veces más que el último 20%, con el menor  nivel de renta disponible equivalente. Mientras la media de la UE es de 5,2  veces España se encuentra en el grupo de países con más desigualdad de renta  como Rumanía, Lituania, Bulgaría o Grecia, con valores que superan las seis veces. Dato importante es el de la gravedad de la pobreza, es decir, en qué grado la gente pobre lo es. También ocupamos ahí los primeros puestos. Entre los Estados miembros de la UE, la mediana de la brecha de riesgo de pobreza fue mayor en Rumanía (38,2 %) y España (33,8 %).

La pobreza lleva a que unos 700.000 hogares en España, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, no puedan comer sano. Entre estos afectados,  casi el 10% son personas en situación de desempleo, que afirman no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.  Tampoco el 17,9% de los parados puede permitirse mantener la vivienda con  una temperatura adecuada y el 20,8% ha tenido retrasos de pagos de  recibos básicos.

El último informe del Estado de la Pobreza en España indicaba que “una parte  importante de la población pobre está constituida por personas españolas,  adultas, con nivel educativo medio o alto y, además, con trabajo. La mayoría  de la pobreza en España no se encuentra, por usar una expresióngráfica,  en la puerta de las iglesias sino al lado nuestro, mezclada en la cola del  supermercado de descuento, en el trabajo a tiempo parcial, en los contratos  temporales, en las familias con niños, en los hogares monoparentales…”.

Este informe arroja también el indicador AROPE, que nos indica que un 27,9%  de la población, es decir, 12.989.405 personas, está en riesgo de pobreza y  exclusión. Otro dato alarmante del estudio del Estado de la Pobreza es el que  indica que ésta afecta a un 22,3% de la población, el porcentaje más alto de la  serie histórica, y equivale a 10.382.000 personas. El informe detalla que “este  indicador no está siendo ‘sensible’ a la mejora de la economía”. Es decir, que  “los daños comienzan siempre por la población pobre y, cuando se controla  ésta es la última en beneficiarse”.

La misma afirmación sostiene Pau Marí-Klosé, director de la Oficina de  Lucha contra la Pobreza Infantil y profesor de sociología en la Universidad  de Zaragoza. Según él, parte de este empobrecimiento se debió a que la crisis  afectó, sobre todo, a los más pobres, quienes padecieron una mayor caída  de ingresos. “A ello contribuyó el aumento del desempleo, el agotamiento  de las prestaciones de desempleo, la caída de salarios de nuevos empleados  en un mercado más precarizado y la falta de políticas de protección  específicas a familias con niños. Se puede afirmar que el empeoramiento que  experimentaron es resultado de lagunas de protección social para familias  con ingresos insuficientes en el mercado de trabajo y la debilidad de nuestras  políticas de apoyo a familias e infancia”.