Opinión
El reto de reorganizar la vida en común
2 de octubre de 2018
Vivimos un cambio de época, una encrucijada marcada por el empobrecimiento y los retrocesos democráticos que se expresan en la concentración de riqueza y de poder en minorías, el desbordamiento ecológico y un proceso veloz de precarización, despojo y empobrecimiento que afecta a una parte cada vez más grande de la población.
No se trata de una crisis coyuntural. Es una crisis civilizatoria y el desafío común de nuestro tiempo es ofrecer una respuesta democrática y justa que no se deje a muchas personas por el camino. El carácter y la profundidad de los problemas actuales exige un análisis, a menudo difícil de realizar y de divulgar, pero imprescindible si de verdad se quiere evitar el sufrimiento de las generaciones actuales y futuras. Disponer de diagnósticos correctos y escenarios de futuro al corto y medio plazo es clave para no seguir perdiendo tiempo a la hora de afrontar las inevitables transiciones ante un modelo que colapsa.
En esta línea, desde nuestro punto de vista, la primera condición para salir de atolladero es ser conscientes de que:
- El crecimiento económico como meta ha mostrado sus límites sistémicos y estructurales, por la superación de los límites bio-geo-físicos, por la incapacidad política de organizar un reparto justo del excedente social, por las dificultades de sostener cotidiana y generacionalmente la vida humana.
- Las concentración de poder global y de riqueza monetaria y natural en minorías sociales abocan al aumento de las tensiones geopolíticas y sociales, la pérdida de libertades, el retroceso de los derechos humanos, de la solidaridad y de la democracia, el aumento de la precarización y empobrecimiento.
- El poder, cada vez mayor, de los operadores financieros, transnacionales y grandes corporaciones aumentan la opacidad, blinda los beneficios de los privilegiados detrás de oscuros tratados y refuerza relaciones internacionales coloniales. Los poderes públicos estatales se subordinan ante esta nueva distribución y concentración del poder global. Las puertas giratorias garantizan la “legalidad” de un sistema económico basado en la desposesión y el despojo.
- Los Estados y organismos internacionales han dejado de asumir sus responsabilidades y son causa directa del agravamiento de asuntos cruciales como los derivados del cambio climático y del agotamiento de recursos, la crisis generada por los conflictos bélicos y el saqueo de los territorios y su consecuencia en forma de migraciones masivas, las privatizaciones y el desmantelamiento de los servicios públicos, la intensificación del trabajo de cuidados y reproducción social mayoritariamente feminizado, el desamparo que generan los recortes en políticas públicas, el predominio de las políticas de seguridad frente a otras relativas a la construcción de paz y las demandas de libertad de expresión o de democracia radical de amplios sectores de población. Los Estados están demostrando una gran incapacidad para resolver estas situaciones desde los principios básicos de humanidad y dignidad, abandonando a muchas personas ante la precariedad. Además, la corrupción, convertida en forma estructural de gobierno, ha generado desconfianza y desafección hacia la política.
- Las políticas de la derecha, ejecutadas también a veces por partidos de izquierdas, se intensifican y las propuestas de la socialdemocracia bien intencionada no están siendo capaces dar respuesta al conjunto de la crisis, sobre todo, a nuestro juicio, porque pretenden hacerlo sin remover los cimientos del modelo de producción y consumo, insostenible en el tiempo e inextendible de forma equitativa a las mayorías sociales.
- Sostener esta forma de poder desigual, injusto, autoritario y destructora del medio ambiente está provocando el incremento de la violencia en sus múltiples formas: la criminalización y persecución de movimientos sociales y de activistas por la defensa de los Derechos Humanos, las violencias machistas con el feminicidio como última expresión, la agresión a personas LGTBI, el racismo, el desplazamiento forzoso de pueblos y comunidades, la política de fronteras, o la militarización y la guerra como garantía para mantener “la paz”. En este marco, y con una izquierda percibida como incapaz de resolver las tensiones estructurales (de clase, de género, de procedencia), se está produciendo el avance de la ultraderecha, los totalitarismos, los nacionalismos excluyentes y los fascismos. Sus opciones ganan elecciones y peso político real.
Si se comparte el análisis, el paso siguiente es pensar cómo salir de la situación. No es cierto que no haya alternativas aunque es obvio que no es fácil impulsar procesos de transformación con narrativas, mensajes y objetivos aglutinadores con los que la sociedad civil se sienta vinculada y comprometida. Los relatos que surgen desde los márgenes minoritarios constituyen alternativas y demandas potentes pero, por el momento, son invisibilizadas o estigmatizadas. Se califican de propuestas poco realistas a aquellas que subviertan el orden establecido y el problema es que sin volver como un calcetín el actual orden de cosas, no hay forma de dar respuesta digna, concreta, justa y real a las necesidades de las mayorías sociales.
En definitiva, todas las tendencias evidencian que vivimos tiempos de emergencia en los que la urgencia y amplitud de los desafíos obligan a diseñar y aterrizar un proyecto que permita reorganizar la vida en común. Algunas líneas que pueden orientar un nuevo modelo que se sitúe en torno a la protección de las vidas dignas podrían ser:
- Iniciar un reflexión-proceso constituyente que pueda desembocar en un cambio jurídico e institucional que proteja los bienes comunes garantizando su conservación y el acceso universal a los mismos mediante un control público, que podría ir desde una verdadera regulación, hasta la socialización (no hablamos de la mera estatalización). Este marco constituyente debe estar impregnado de los valores que posibiliten organizar esa vida en común en condiciones justas, dignas y sostenibles.
- Establecimiento de un plan excepcional y de emergencia que reoriente y democratice el modelo económico, transformándolo en un modelo centrado en las necesidades y no en la acumulación, que ponga en el centro los procesos que sostienen la vida y garantice la equidad social. Será preciso preguntarse qué necesidades hay que cubrir, cuáles son entonces las producciones necesarias, y en función de ellas, los trabajos socialmente necesarios.
- Transformar el metabolismo económico de modo que suponga el decrecimiento drástico de la esfera material del mismo, que se centre, sobre todo, en los retos que supone encarar de forma conjunta la crisis energética y climática, para hacerle paulatinamente compatible con la biocapacidad de nuestros territorios. Ello implica la transformación de los sistemas alimentarios (con una reducción drástica de la producción y consumo de proteína animal), cambio de los modelos urbanos, de transporte y de gestión de residuos, relocalización de la economía, el estímulo de producción y comercialización cercanas y la apuesta por un tejido rural y unos territorios vivos.
- Orientar las políticas sociales, económicas y laborales, reorganizando actividades, sectores y trabajos (incluidos los cuidados de las personas), de modo que su valor económico y social esté condicionado por las necesidades y derechos que cubren, de su impacto ambiental, y su contribución a la equidad social y territorial. Impulsar la economía y el empleo local, especialmente las actividades responsables orientadas a la creación de actividad/empleo, al bien común y la sostenibilidad. Apoyar las actividades económicas de escala distrital y de barrio, en la línea de las propuestas de la Economía Social y Solidaria.
- Recuperar una banca pública capaz de financiar las necesarias transformaciones.
- Si tenemos bienes comunes limitados y decrecientes, la única posibilidad de justicia es la distribución equitativa en el acceso a la riqueza. Luchar contra la pobreza es luchar contra la acumulación de la riqueza. Las grandes líneas de una imprescindible reforma fiscal con fuerte impronta redistributiva pasan por: 1) incrementar la recaudación fiscal (y los sistemas de decisión y control social sobre el gasto); 2) aumentar sensiblemente las aportaciones por renta, patrimonio y sucesiones de las grandes fortunas y por beneficios de las grandes empresas; 3) revisar a fondo y con criterios sociales las exenciones fiscales; 4) fortalecer la presión impositiva sobre ciertas transacciones financieras (especialmente las más especulativas); 5) desplegar de modo progresivo y a fondo la fiscalidad ecológica; y 6) luchar de forma efectiva contra el fraude y los paraísos fiscales.
- Garantizar el acceso a los derechos, servicios y protección social que posibilitan una vida digna como pueden ser; vivienda adecuada, educación, salud, cuidados y atención a la dependencia, atención digna a la diversidad funcional, derechos sexuales y reproductivos, alimentos de calidad, agua y energía, información veraz y de calidad, derecho a respirar limpio y sano y la capacidad de participación y decisión.
- Acogida y solidaridad con las poblaciones migrantes, trabajo intenso en las tareas de rescate y cuidado de las personas refugiadas, cierre de los CIE y cese de las devoluciones en caliente y los vuelos de deportación.
- Asegurar que lesbianas, bisexuales y trans y otras personas disidentes sexuales y/o de género puedan expresar libremente su identidad y sexualidad, teniendo un pleno reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos. Asumir los diferentes modelos de familia y proyectos de vida que existen.
- Reorientar los sistemas de salud hacia un enfoque integral centrado en la promoción de la salud y la prevención primaria de las enfermedades teniendo en cuenta no sólo los hábitos individuales sino también los contextos socioeconómicos. evitando que la población femenina sea la mayoritariamente responsable de estas tareas.
- Eliminar situaciones de maltrato y garantizar un trato digno y para los animales no humanos.
- Reorientar el conocimiento científico y técnico (I+D+i) hacia la integración de bienestar de las personas y la preservación de los sistemas de vida, apostando por la interdisciplinariedad y las propuestas que alumbren paradigmas integrados de sociedad y naturaleza.
Esta lista de propuesta, incompleta y debatible, puede considerarse utópica o poco realista. No es así. Lo que es poco realista es pretender garantizar los derechos básicos y conservar la base material que lo permite bajo la actual lógica económica y política.
El verdadero reto está en que realizar las transformaciones necesarias requiere sumar mayorías sociales, es decir acometer un proceso de rearme comunitario y político que favorezca que cada vez más personas, dejen de soñar con una fantasía de vuelta a un pasado que nunca existió, y quieran y deseen los cambios.
No parece evidente en el momento actual. Por ello, y mientras conseguimos las transformaciones políticas necesarias, es preciso poner también en marcha iniciativas de autodefensa, iniciativas autogestionadas en la economía, organización comunitaria, medios de comunicación, banca alternativa, cuidados compartidos, que permitan defendernos de las consecuencias de este momento económico y político en el que las personas y sus necesidades son la última de las prioridades.
Son cada vez más personas que se organizan para afrontar estos momentos de crisis profunda desde la rebeldía, la creatividad y la reconstrucción de modelos justos, dignos y sostenibles en los que quepamos todas. Hacen falta todas las manos, cabezas y corazones.