Opinión
La precariedad laboral y la salud
2 de octubre de 2018
La aprobación del Estatuto del Trabajador en 1980 supuso la puesta en marcha de una legislación que regulaba las relaciones laborales de forma democrática y similar a la de otros países europeos. Aun cuando las sucesivas reformas laborales no lograron reducir los problemas de temporalidad y desempleo que siempre afectaron más a los ciudadanos españoles que a ciudadanos de países similares europeos, gran parte de la población asalariada gozaba de empleos fijos, tenía protección frente a condiciones excesivamente duras o tóxicas, y recurría a los sindicatos para negociar los salarios y las condiciones de trabajo.
En los primeros años del siglo XXI, como consecuencia de las políticas neoliberales hegemónicas, la población asalariada que trabaja en condiciones precarias ha aumentado extraordinariamente y muy especialmente, como consecuencia de la reforma laboral de 2012. Ya durante la crisis económica pero antes de la reforma laboral, aproximadamente un tercio de los hombres y la mitad de las mujeres que recibían un salario en Cataluña se encontraban en esta situación según un estudio realizado por el equipo del Dr. Joan Benach utilizando datos de la II Encuesta Catalana de Condiciones de Trabajo (ECCT) realizada en el año 2010.
La precariedad laboral se caracteriza por una serie de condiciones poco deseables: temporalidad, salarios insuficientes para cubrir las necesidades básicas en el lugar donde se vive, mayor vulnerabilidad a condiciones de trabajo tóxicas, reducción de derechos laborales, falta de poder de decisión y falta de capacidad de negociación en el puesto de trabajo.
Grupos de mayor riesgo
Según el estudio de Benach et al, los grupos a mayor riesgo de precariedad laboral son los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes y las familias monoparentales, que de forma más precisa deberíamos llamar monomarentales. Más del 80% de los jóvenes menores de 25 años y más del 60% de la población inmigrante que trabajan, lo hacen en condiciones de precariedad. Aunque la precariedad es menos frecuente entre universitarios y trabajadores no manuales, estos grupos más favorecidos en la sociedad tampoco son inmunes a ella ya que incluso en aquellos asalariados con estudios universitarios, uno de cada cinco hombres y una de cada tres mujeres trabajan en condiciones precarias.
Recientemente Javier Padilla y Pablo Padilla analizan en profundidad la temática de la 'Precariedad laboral y salud' en 'Salubrismo y barbarie' donde señalan las relaciones entre capital u trabajo, la radiografía del mundo laboral de España, el cambio de modelo, la dificultad de medir la relación entre precariedad y salud pero remarcan que las características que más afectan a la salud tienen que ver con la inseguridad, la temporalidad y la jornada de trabajo y terminan con alternativas para desprescarización, el derecho a tener derechos como activos en salud.
La salud de los que trabajan en condiciones precarias
En 2008 la Organización Mundial de la Salud publicó un influyente Informe sobre Determinantes sociales de la salud e incluyó el desempleo como uno de los más potentes ya que aumenta la mortalidad, el riesgo cardiovascular, la ansiedad, la depresión y el suicidio. Los resultados de investigación demuestran también que la precariedad laboral perjudica la salud de la población asalariada, aunque la bibliografía internacional sobre este tema es más escasa que aquella sobre los efectos del desempleo. Concretamente las investigaciones informan mayor mortalidad, mayor incidencia de enfermedad coronaria, mayor riesgo cardiovascular (más hipertensión, más obesidad, menos actividad física), peor percepción de la salud, mayor frecuencia de problemas osteomusculares, mayor frecuencia de lesiones en el puesto de trabajo, mayor exposición a productos tóxicos, peligros físicos y ergonómicos y riesgos psicosociales.
En relación a la salud mental, las poblaciones que trabajan en condiciones precarias presentan mayor frecuencia de ansiedad, malestar psicológico, de fatiga, mayor uso de antidepresivos y mayor frecuencia de suicidio. Además, de la exposición a condiciones tóxicas para la salud, las condiciones laborales precarias actúan indirectamente sobre la salud a través de la insuficiencia económica, la amenaza de la pérdida del trabajo, el exceso de trabajo por miedo a perderlo, el estrés que produce la incertidumbre sobre el futuro y la falta de control sobre las condiciones laborales y la imposibilidad de tener un proyecto vital que incluya establecerse con una vida independiente o la formación de una familia.
Los estudios españoles confirman ampliamente los resultados internacionales y aportan nuevos conocimientos ya que han sido realizados en época de crisis y deterioro del mercado laboral. En España tenemos el extenso informe Avanzando hacia la Equidad de la Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo en donde se señalan los factores determinantes de las desigualdades en salud. Se destacan determinantes estructurales, de contexto socioeconómico y político, e intermedios entre los que están las condiciones de empleo y trabajo que afectan a la estratificación social y la distribución de poder y recursos, que repercuten en las oportunidades de tener una buena salud, impactando directa o indirectamente en la salud a través procesos psicosociales como la falta de control, la autorrealización, o las situaciones de estrés; y de las conductas saludables. Se concluye con propuestas de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades en salud.
Consecuencias en la salud de la familia
No solo los trabajadores que soportan la precariedad laboral sufren daños en su salud, sino que la toxicidad de la precariedad laboral se extiende a la familia, en especial a los niños. La inseguridad laboral, la incertidumbre que acompaña a la temporalidad, la pobreza a la que conducen los salarios insuficientes y el deterioro de la salud física y mental de los padres redundan en pérdidas de salud de los niños. Está ya muy documentado que las situaciones de insuficiencia económica transitoria, además de la pobreza crónica, afectan poderosamente al desarrollo infantil. El crecimiento físico, la capacidad cognitiva y la estabilidad emocional de los niños son vulnerables a los periodos de inestabilidad laboral de los miembros adultos del hogar.
Muchas de las personas mayores que disfrutan de ingresos fijos a través de sus pensiones distribuyen partes de sus ingresos entre los jóvenes de la familia que se encuentran en situación de desempleo o con trabajos precarios. Puesto que las pensiones medias españolas son bajas, la mayoría inferiores a 1000 euros al mes, podemos suponer que la calidad de vida y la salud de los mayores también pueden verse afectadas por la precariedad laboral de los miembros más jóvenes de sus familias. Se observa mayor riesgo de violencia de género en las familias donde el jefe de familia está desempleado, particularmente si la mujer tiene un trabajo remunerado. Aunque no conocemos estudios sobre la precariedad laboral y la violencia de género, podemos suponer que estas observaciones se extienden a las situaciones de precariedad laboral.
Cambiar las relaciones de poder
La precariedad laboral emerge como un potente determinante social de la salud de la población. Actúa sobre los trabajadores asalariados y sus familias aumentado la pobreza, las desigualdades socioeconómicas, y la exposición a condiciones toxicas físicas, químicas y psicosociales como la incertidumbre, la indefensión y el miedo a perder el trabajo.
Como otros determinantes sociales, la precariedad laboral debe ser objeto de vigilancia epidemiológica y de políticas públicas para prevenirla y paliar sus efectos en las familias y personas afectadas. Disminuir la precariedad en sus diferentes formas, cambiar las relaciones de poder en el ámbito de lo laboral y llevar a cabo iniciativas para que las personas que más sufren los impactos de la precariedad no se queden fuera de las políticas de mejora parecen ser los tres aspectos fundamentales para disminuir el impacto de la precariedad laboral sobre la salud