La izquierda y el Estado: planificación, servicios públicos y proceso constituyente

La extensión y rapidez con que la extrema derecha está creciendo en todo el mundo es, como mínimo, un síntoma de que algo no va bien. Se presentan como partidos anti establishment, como rebeldes, cuando, obvio es decirlo, defienden con ferocidad un sistema económico que explota, esquilma y discrimina en tiempos que, eso sí lo han sabido leer bien, hay que hacer cambios.

La inseguridad, base de ese enfado (que no miedo, nos dice Byung ChulHan) que actúa como emoción negativa que les da fuerza, tiene su origen en la crisis de la democracia liberal y aunque una entienda que frente a la amenaza de la extrema derecha se tenga la tentación de aferrarse a lo que existe, como un parapeto roto, toca, en palabras del filósofo Vladimir Safatle “ir más allá de una defensa de la democracia liberal hoy en crisis”.

Parto de la convicción de que lo que está en crisis es el capitalismo, no nuestros sueños y quizá por ello, frente a estas incertidumbres, la izquierda hierve de nuevas ideas, debates y propuestas de una forma que yo no había vivido nunca. Miente o desconoce el pensamiento crítico quien afirme que no hay ideas en la izquierda. O no lee, porque en tiempos de crisis, la creatividad estalla y hoy lo está haciendo entorno a recuperar y reconstruir desde lo común. Rescato para este artículo algunas de esas propuestas, por innovadoras y necesarias: un Estado de bienestar del siglo XXI, la planificación democrática y retomar la idea de un proceso constituyente.

Pero para eso, hay que empezar desde el principio: deconstruir el mito del mercado y acabar con la austeridad:

Un viejo tiempo que se resiste a morir

“No quiero abolir el Gobierno, me conformo con reducirlo hasta un tamaño que nos permita ahogarlo en la bañera”. Esta famosa y provocadora frase es de un político influyente en la Administración Bush (hijo), pero no real. Aunque la apelación neoliberal sea furiosamente anti-Estado y pro-mercado, un análisis de los masivos métodos de privatización, bajada de impuestos y desregulación laboral impuestos desde los años 70, nos lleva a concluir que la frase es falsa: no es que quieran reducir el Estado, lo que pretenden es que sirva solo a los intereses de los agentes que dominan el mercado. Ese es el programa del PP y de Vox.

Por usar la mente brillante de Nancy Fraser: “Estamos ante un ciclo histórico en el que el neoliberalismo disuelve sus bases consensuales y se proyecta en forma de pura dominación”. En esas bases consensuales a las que se refería la pensadora, están las políticas de austeridad que hoy amenazan con volver tras la pandemia. Quieren llevarnos al pasado.

“Esta cifra del 3% la imaginamos en menos de una hora, nació en la esquina de la mesa, sin ninguna reflexión teórica”. Así lo confesó a Le Parisien el creador del límite del 3% de déficit público (Guy Abeille, asesor de Mitterrand) y quedó confirmado: tras una de las reglas fiscales que han dominado la vida pública y económica no había ninguna reflexión.
Una cifra que se inventó en la esquina de una mesa es, en nuestro país, norma constitucional. La otra regla de oro, el límite de deuda pública al 60%, surgió por ser la media europea de relación entre el PIB y la deuda en el año 1992, hace más de 30 años. Un número deducido de una coyuntura hace 30 años que se sigue aplicando como si no hubiese llovido
desde entonces.

Toca acabar con la austeridad, porque no sirve y porque se basa en premisas antiguas y falsas. Lo que pretendo argüir en estas líneas es que, tras 50 años de doctrina neoliberal y 30 de austeridad, es momento de pasar página y de proponer la función del Estado más allá del neoliberalismo e incluso, si me apuran y creo que la realidad lo hace, más
allá del Estado de bienestar de posguerra.

Una visión más amplia del Estado de bienestar

El antropólogo Jason Hickel sintetiza bien, a mi juicio, la necesidad de repensar tras la pandemia el papel de los servicios públicos, ya que no lo hace desde la perspectiva de volver a un Estado de bienestar sostenido por tres pilares (sanidad, educación y pensiones), sino desde una mirada más amplia e integradora basada no solo en la redistribución de recursos, sino en la desmercantilización de la vida humana.

Al proponer servicios públicos de calidad y universales, no solo se garantizan derechos, sino que desmercantilizamos parte de la economía, que deja de ejercer presión hacia un crecimiento ilimitado en un mundo que sí tiene límites. Los servicios públicos se convierten así en un vector de decrecimiento en el sentido más antitético del término.