Opinión

Otra Constitución… y que se cumpla

Ana Pardo de VeraDirectora de Público

4 diciembre, 2018

Cuatro décadas después de su aprobación, hacer un repaso de la Carta Magna  supone un ejercicio de creciente frustración, primero, porque se incumple  una parte considerable de los derechos fundamentales para todos/as los  españoles que dice garantizar (vivienda, empleo o sanidad y educación  públicas, por ejemplo). Segundo, porque del jefe del Estado y otros poderes  públicos (privilegiados gracias a ese mismo sacro-texto), tenemos que  escuchar una y otra vez que la Constitución es “el marco de convivencia” que todos/as nos hemos dado, cuando los que nacimos después de 1960 no la hemos votado: 23 millones de españoles estamos fuera de ese marco “que todos nos hemos dado” en un contexto social que no tiene nada que ver con el postfranquista.

Han pasado 40 años y ni uno/a solo de los 23 millones de españoles hemos votado siquiera las reformas ejecutadas con bipartidismo, alevosía y testosterona, como el mismo parto de la Carta Magna, sin madre alguna.

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (art. 1.1).

No somos un Estado social, sino un Estado de carencias democráticas que se nutren del bloqueo conservador e interesado a los cambios estructurales que demanda la sociedad del siglo XXI tras 40 años de supervivencia  holgada de los pactos de una Transición de vencedores y vencidos. Hoy,  además, el Estado de Derecho equivale demasiadas veces a una red de leyes que no siempre garantizan la justicia (por ejemplo, en los casos de violencia machista), la libertad (la prisión preventiva se ha convertido en una herramienta de uso y abuso judicial, como demuestran los casos de los presos independentistas o del exministro del PP, Eduardo Zaplana) y la  igualdad (una quimera en cuanto a género, pero también en cuanto a religión  o derechos sociales: según el último informe del Observatorio Social de La Caixa en 2018, el 32,6% de los españoles vive diariamente con la angustia de no poder pagar los recibos o encender la calefacción; por encima, el 21,6% viven en riesgo de extrema pobreza).

Reproducir, pues, a continuación esta solemnidad constitucional causa sonrojo e impotencia:

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer  discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social  (art. 14).

¿Dónde está la igualdad de todos los españoles ante la ley si la propia  norma primera reza “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” (art. 56.3)? ¿Por qué todos/as los españoles (súbditos/as) estamos discriminados frente a un rey blindado e impuesto? ¿Por qué hasta en la sucesión hereditaria (antónimo de igualdad) se impone, a su vez, al hombre sobre la mujer?

¿Dónde está “la conformidad con la Declaración de los Derechos Humanos” (art. 10.2) en la ley mordaza contra la libertad de expresión? Dónde, cuando utilizar las redes sociales para iniciar una manifestación, ayudar a impedir  un desahucio o la negativa a identificarse ante un agente de policía pueden constituir alguna de las 44 conductas sancionadas con multas que van desde los 100 hasta los 600.000 euros.

¿De qué sirve, entonces, esta solemne parrafada constitucional (art. 20.1)  con la Ley de Seguridad Ciudadana (¡La calle es mía!)?

Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos [César Strawberry], ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción [Twitter].

b) A la producción y creación literaria [El Jueves o Mongolia], artística [Presos políticos y la España contemporánea, ARCO 2018], científica  y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier  medio de difusión [Axier López, fue el primer periodista sancionado en España por incumplir el artículo 36.23 de la ley mordaza publicando imágenes de agentes de la Policía sin su permiso] La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

Este año la Constitución Española de 1978 cumple 40 años. Con esa edad, como  los perros o los gatos a los que no acoge, por ejemplo, ni con una mención a  los derechos de los animales que viven y conviven con nosotros/as, la Carta  Magna ha traspasado hace tiempo el grado de veteranía y se ha quedado desfasada y descompuesta, por los derechos que no incluye y por otros que nunca se cumplieron; por un modelo obsoleto y que hace aguas por todas partes, la “Monarquía parlamentaria”, y por un sistema territorial que pide a gritos un avance de los autogobiernos autonómicos y, sobre todo, municipales para garantizar los gobiernos ciudadanos y la democracia participativa más allá de las elecciones. Una Constitución sin privilegiados no es una opción partidista, es una  obligación democrática. Procedan.