Viaje hacia una democracia real

Violeta Muñoz

4 diciembre, 2018

Había políticos, papeletas, un Parlamento, un Gobierno salido de las urnas. Pero aquello no parecía una democracia real. El 15M sacó una radiografía al modelo democrático español, lo colocó a la luz de las plazas y señaló sus lesiones: el sistema estaba sordo. El grito de 2011 permitió que calara algún mensaje: llegaron nuevos partidos y se rompió el bipartidismo, los políticos dieron algunas explicaciones, se procesó a algún banquero. Pero también sobrevivió la corrupción, la austeridad, la falta de separación de poderes. Tanto, que siete años después más de la mitad de la población reniega del funcionamiento de la democracia española y la confianza en los líderes políticos está por los suelos.

Lo que tampoco ha cambiado en 40 años es la Constitución, que asegura que somos una “sociedad democrática avanzada” y que reconoce explícitamente el derecho de los ciudadanos a participar en lo público tanto por medio de representantes como de manera directa. Con las 40 velas de la ley fundamental sobre la tarta toca preguntarse qué responsabilidad tiene en la desafección política generalizada y en la impotencia que percibe la población cuando quiere defender sus intereses. ¿Tienen los ciudadanos capacidad real de influir en el sistema sin ser políticos profesionales? ¿Qué hueco se reservó en la Constitución para sus opiniones?

“Es evidente que la Constitución no hace una apuesta clara por la democracia directa”. La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Blanca Rodríguez cree, sin embargo, que el principal problema está en la interpretación “muy restrictiva” que ha hecho de ella el Tribunal Constitucional. “Protege muchísimo a la democracia representativa y relega los artículos de participación directa a un plano secundario. Y aunque eso es normal porque somos una democracia representativa, no sólo los ha subordinado sino que les ha dejado muy poco espacio”.

En 2014 vio la luz la primera propuesta autonómica de reforma constitucional. Aprobada en Asturias, espera desde entonces en un cajón del Congreso. Nació de una iniciativa ciudadana (Por la democracia directa) y fue debatida y aprobada a lo largo de seis meses por 67 asambleas de todo el país vinculadas al 15M o movimientos simpatizantes. Logró que el Parlamento asturiano enviara al hemiciclo una nueva redacción para tres artículos que regulan vías de democracia directa como las Iniciativas Legislativas Populares (ILPs). Planteaba reformas para que los ciudadanos puedan proponer referendos o cambios en la propia Constitución. “La Mesa lo tiene paralizado porque tampoco ningún grupo ha hecho suya la petición de debatirlo”, lamenta el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Miguel Presno Linera.

Él fue uno de los impulsores y tiene claro que los muros que nuestra norma básica impone a la participación de los ciudadanos provienen tanto de su redacción en los años 70 como de su lectura posterior: “El texto constitucional actual se separó de la versión previa, se le tuvo miedo a la participación del pueblo y hubo una marcha atrás en los debates constituyentes. En ese momento se decidió potenciar a los partidos”.

Y esta parada es clave en el viaje hacia una democracia avanzada real, porque muchos de los defectos que los expertos encuentran en la carta magna nacen y mueren en manos de los partidos. “Son prácticamente la única forma posible de participar en el espacio oligopólico de la política. Durante algunos años el sistema de partidos estuvo ligado a una ampliación de las esferas de igualdad en el Estado, pero en la actualidad se han convertido en estructuras generadoras de desigualdad”, denunciaba el doctor en Derecho Constitucional Albert Noguera en la obra colectiva Por una Asamblea Constituyente ya en 2012.

Más de un lustro después y con nuevas formaciones en el hemiciclo, los reproches a una democracia de partidos que acapara casi toda la acción política es recurrente. El diseño representativo del sistema y los temores y contrapesos políticos del 78 dejaron casi todo el poder en las formaciones, que son, precisamente, las que tienen poder para equilibrar la balanza. “Les interesa retroalimentarse en el poder y por eso tampoco apoyan una reforma agravada de la Constitución, que implica disolver las Cortes. Hasta para conseguir algo en lo que todos están de acuerdo, como eliminar la prevalencia del varón sobre la mujer en el proceso sucesorio de la Corona. Todos de acuerdo, pero cualquiera cede si perdemos nuestros escaños”, expresa la experta en Derecho Constitucional María Esther Seijas, profesora en la Universidad de León.

De ahí que reformar la ley de partidos (que bebe de la ley fundamental) y potenciar la democracia interna de las propias formaciones sea crucial para los constitucionalistas críticos en mayor o menor medida. También, sistemas de listas abiertas o incluso una “convención constitucional” conformada por ciudadanos al estilo de Irlanda, como propone Seijas. “Hay muchas fórmulas, pero los partidos siguen teniendo la última palabra y creo que lo único que podemos hacer es crear tal clamor social que no tengan más opción que hacer algo”, expresa Blanca Rodríguez.

Otra realidad es que la última de las cuatro décadas a las espaldas de la Constitución ha topado de lleno con una crisis económica que además de política es eminentemente institucional. “Se ha agudizado la crítica de que nuestro sistema representativo no articula correctamente los intereses ciudadanos, que nuestras instituciones satisfacen los intereses de los mercados antes que los intereses sociales, que existe una escasa participación de los ciudadanos en la política —a pesar del gran interés que demuestran por ella— y que los partidos políticos tienen excesivo peso”, explica el profesor de la Universitat de Barcelona Miguel Pérez Moneo en uno de sus últimos trabajos sobre ciudadanía democrática.

Compartiendo o no el fondo, no es ningún secreto que esa percepción viene de lejos. En 2013 el también profesor de la UB Josep Mª Castellà Andreu ya describía cómo encuestas, análisis y otros indicadores calificaban a España en términos de “democracia de baja intensidad”.

¿Qué nos separa de un sistema democrático de intensidad alta? En nuestra forma de leer las leyes hay muchas pistas. Presno Linera cita el caso de las consultas populares en municipios, que por ley no pueden afectar a decisiones relativas a la Hacienda Pública. “Pero en la práctica la interpretación que se hace es que no puedan influir en la economía local. Con ese enfoque cualquier decisión afectará. Una consulta sobre la gestión del agua, de una forma u otra, influirá en la economía, y con esta interpretación no puede haber consulta”. La buena noticia de esta ola de revisionismo constitucional es que hay tantas soluciones como críticas recibe el texto, que llega casi intacto a su cuarta década.

SOLUCIONES PARA REFORZAR LA DEMOCRACIA

El último barómetro del CIS también preguntó sobre el cumpleaños de la Constitución y el resultado es que casi el 70% de la población cree que necesita una reforma. Mejorar la representatividad de los ciudadanos y su poder práctico de decisión son ejes centrales para los que creen que la Constitución está desfasada.

Despolitización de la justicia

Modificar la fórmula de designación de la cúpula judicial y fijar criterios y vías de evaluación objetivas para nombrar a los altos cargos de la magistratura. Los 20 vocales que integran el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son elegidos en su totalidad por el Congreso y el Senado; es decir, por los políticos. Ese órgano a su vez participa en la elección del Supremo, la Audiencia Nacional y el Constitucional. En la práctica, los dos grandes partidos han venido pactando su composición, eligiendo vocales afines cada mandato. A inicios de año el Consejo de Europa cargó contra España por su poco esfuerzo para lograr una separación de poderes plena. Recordó que al menos la mitad de los jueces que integran el CGPJ deberían ser designados por otros jueces, aunque aconsejó que el poder político no interviniera a ningún nivel. ¿Sirvió de algo el tirón de orejas? No: actualmente PP y PSOE negocian un nuevo acuerdo para repartirse la designación de la cúpula judicial. Y eso a pesar de que, al mismo tiempo, el Congreso trabaja en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para asegurar la “transparencia” en los nombramientos. Otra propuesta es modificar el artículo 124 de la Constitución, donde se estipula que es el Gobierno quien designa al fiscal general del Estado. El Consejo de Europa cree que debería ser nombrado por una mayoría de tres quintos de los diputados del Congreso.

Un sistema electoral más proporcional

Actualmente, el reparto de escaños se calcula con la ley D’Hont sobre circunscripciones provinciales. Ese sistema sobrerepresenta a los grandes partidos en detrimento de los más pequeños. Unidos Podemos propone introducir
el sistema Sainte-Laguë, usado en otros países europeos. Aplicando esa fórmula sobre los votos de las últimas generales, el PP tendría 15 escaños menos, el PSOE solo perdería un diputado, Podemos ganaría seis y Ciudadanos 12, con pocos cambios en los partidos nacionalistas. Esta reforma es un reclamo clásico aunque “entender las elecciones como un mecanismo de participación es incluso dudoso, porque el proceso electoral es un procedimiento de designación. Yo nombro al designado y el diputado es libre, porque en España no hay mandato imperativo”, considera el exletrado del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías. Pero es una de las ideas más recurrentes en el debate de grandes reformas políticas, petición histórica de Izquierda Unida, muy maltratada por D’Hont, y que retomó fuelle con la llegada de Ciudadanos y Podemos.

Listas abiertas o desbloqueadas

Es otra idea clásica para mejorar la eficacia del voto. “Establecer un sistema de listas desbloqueadas que permita a los electores una mayor influencia sobre la elección final de sus representantes e incentive una rendición de cuentas más personalizada entre la ciudadanía y sus representantes”, proponía el PSOE en 2016. “Las listas abiertas obligan al partido a ser selectivo y no incluir nombres al bulto”, explica la profesora Blanca Rodríguez. “Se
trata de que el ciudadano tenga mucho más control y de que el partido deba convencerlo y hablar con la ciudadanía en lugar de estar, como ahora, encerrado en sí mismo”.

Reformas de la Constitución a iniciativa ciudadana

Reformar el artículo 166 para que, a iniciativa de medio millón de ciudadanos, se puedan proponer cambios en la
Constitución. En 40 años la española solo se ha reformado en dos ocasiones y prácticamente por orden de la UE: para adecuarnos a Maastrich en 1992 y para fijar un techo de gasto en la reforma exprés de 2011. Las constituciones del entorno europeo han pasado por decenas de reformas desde mitad del siglo XX. De la incapacidad manifiesta del ecosistema político español para acordar reformas surge la petición de que los ciudadanos puedan, directamente, proponer cambios en su ley fundamental.

“La prohibición actual se ajusta poco al principio de soberanía popular y al mandato que se impone a los poderes públicos de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política”, se lee en la propuesta de Asturias. Recuerda que en Suiza se admite la iniciativa popular para una reforma total o parcial de la Constitución; en Lituania pueden promover un cambio constitucional 300.000 electores y en Austria 200.000 ciudadanos con derecho a voto pueden presentar proposiciones de leyes constitucionales.

Rendición de cuentas y democracia en los partidos

Fijar compromisos claros de integridad para cargos públicos, endurecer las incompatibilidades, eliminar privilegios y prerrogativas, exigir por ley transparencia en la gestión. Son algunas de las ideas básicas para reforzar la democracia interna de los partidos y paliar su crisis de credibilidad. “Los que nos representan no son los mejores por la falta de democracia interna en los partidos y por sus propios sistemas de intereses”, critica la experta María Esther Seijas. A caballo entre el campo de la representatividad y la participación, la visión de las formaciones políticas como bloques monolíticos y maquinarias electorales que olvidan su mandato en cuanto pisan el escaño no favorecen a ninguna de las dos esferas.

Referendos consultivos

Reformar el artículo 92 de la Constitución para que, con 500.000 firmas, los ciudadanos puedan exigir que se les consulte por referéndum vinculante sobre decisiones políticas de especial trascendencia. La petición vale para opinar sobre leyes votadas en las Cortes pero aún no sancionadas o, al contrario, sobre su derogación. La propuesta del Parlamento asturiano, por ejemplo, recuerda que esta vía de democracia directa “sí estaba prevista en el Anteproyecto de la Constitución española” y la contemplan países como Dinamarca, Italia, Irlanda, Uruguay o Suiza. Para el Consell valenciano, que también aprobó una propuesta de reforma constitucional, lo ideal sería pedir solo 300.000 firmas “sin más limitación que las materias que impliquen reducción de derechos y materias tributarias.

Reforzar Iniciativas Legislativas Populares

Disminuir el número de firmas necesarias para elevar al Parlamento una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y que los únicos temas que queden fuera de su alcance sean cuestiones tributarias o que impliquen reducción de derechos. Actualmente se necesitan 500.000 firmas para presentar una ILP en España. En Italia, con 15 millones más de habitantes, sólo se piden 50.000. Además, no pueden referirse a leyes orgánicas, que abarcan todos los derechos fundamentales y las libertades públicas, regulan los Estatutos de Autonomía o el sistema electoral. “Las restricciones son enormes. Una ILP sobre educación, por ejemplo, no está permitida”, critica el experto Miguel Presno Linera.