Hania, porteadora. Hania dejó atrás la guerra de Siria junto a su marido y sus hijos. Se hizo pasar por porteadora para acceder a Melilla y poder solicitar asilo.

Melilla y el laberinto burocrático de las refugiadas

Lo más difícil no es cruzar, aunque implique disfrazarse o comprar documentación falsa. Hania y Khadija, dos refugiadas de Siria y del Sáhara Occidental, se echaron a la espalda la tediosa tarea de llegar a Melilla, conseguir pedir asilo y traer a sus maridos e hijos para empezar una nueva vida en la Península.

IRENE QUIRANTE Y ROSA SOTO / FOTOS: DANAI DAWAHER Y ELENA CAMPOY

5 de enero de 2021

Hania y Khadija no se conocen de nada, pero ambas llegaron al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla huyendo de una guerra. Hania tenía 29 años cuando se marchó de Aleppo. Lo hizo dos años después de que estallara la guerra en Siria. Junto a ella, su marido y sus cinco hijos. Khadija tenía 28 cuando abandonó hace casi dos años la ciudad de Esmara acompañada de su marido y sus dos hijos en un intento de dejar atrás el acoso marroquí contra los territorios ocupados del Sáhara Occidental.

Al principio se resistían a marcharse de sus hogares, pero necesitaban volver a respirar en paz. Ahora tienen una tarjeta roja cada una que acredita su condición de solicitante de asilo y la de sus familias. Han pasado años hasta conseguirlo. Hania ha cumplido 36 años y Khadija, 30. Ninguna de las dos alberga esperanzas sobre la resolución de los conflictos de los que huyeron, pero tienen las ilusiones puestas en el futuro que se les abre ya en la Península.

El testimonio de Hania es el de millones de personas a quienes la guerra ha expulsado de Siria. Desde el inicio de las hostilidades, según el último balance del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH) han muerto 387.000 personas a causa del conflicto, mientras que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indica que 6,2 millones de personas sirias se han visto forzadas a desplazarse a otras regiones del país del que 5,6 millones de refugiados, como Hania y su familia, huyeron a otras naciones en busca de asilo.

Siria enfila su décimo aniversario en guerra y no ve una solución a corto plazo, de la misma forma que el conflicto del Sáhara Occidental se ha enquistado. El pueblo saharaui lleva 30 años esperando un referéndum propuesto por las Naciones Unidas que nunca llega. Mientras, Marruecos impone su autoridad sobre los territorios ocupados con el incremento de tropas después de que el Frente Polisario considerara roto el alto al fuego el pasado mes de noviembre. Más de medio millón de saharauis están sometidos al control, acoso y persecución marroquí y 170.000 viven desplazados en los campamentos de Tinduf, en Argelia.

Piedras en el camino

El camino recorrido por Hania y por Khadija hasta formalizar la petición de protección internacional en la ciudad autónoma estuvo marcado por las dificultades y varias situaciones de riesgo. “Hemos vivido mucho sufrimiento a lo largo de todo el camino, no se puede explicar con palabras”, recuerda Hania. «La gente hablaba mucho de Europa. Nos decían que allí podríamos encontrar una vida alejada de la guerra, pero no ha sido fácil», sentencia esta mujer siria.

Después de recorrer miles de kilómetros cargadas con mochilas en las que difícilmente cabían sus pertenencias, cruzar el control fronterizo de Beni Enzar, que separa Melilla de Marruecos, se antojaba peligroso. El primer escollo al que se enfrentó Hania y su familia fue la gendarmería marroquí. Los agentes no admitían sus pasaportes, así que no pudieron cruzar hacia la Oficina de Asilo y Refugio situada al otro lado del paso fronterizo, ya en territorio español. Este impedimento deja en entredicho al Ministerio del Interior, que autoriza “la entrada en España de los extranjeros que no reúnan los requisitos cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España”, entre ellos, el derecho de asilo y refugio internacional.

Ante esta situación, decidieron buscar otra alternativa que les permitiera acceder a la ciudad y conseguir la protección internacional que les negaron en el resto de países por los que pasaron. Hania entró a Melilla a través del paso de Barrio Chino, haciéndose pasar por porteadora. «El control es más laxo mientras sirvas de mula de carga», suspira Hania con la mirada fija sobre la valla que se levanta en el horizonte. De ahí pudo dirigirse al CETI, donde solicitó asilo como refugiada de guerra y realizó una petición de reunificación familiar tras conseguir la tarjeta roja que la acredita como solicitante de protección internacional.

La actuación de la gendarmería marroquí en la frontera es conocida en la región. El presidente de la asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein), José Palazón, es contundente: «Si eres negro, no entras. Si eres blanco, pagas». A diferencia de Hania, Khadija conocía esta máxima popular en Melilla y sus alrededores, lo que le permitió anticiparse a los acontecimientos y consiguió entrar en la ciudad autónoma con su familia mostrando pasaportes falsos por los que pagaron 550 euros en total.

Khadija
2. Khadija pagó 550 euros por los pasaportes falsificados que le permitieran a ella y a su familia entrar a Melilla.

Para Khadija no fue fácil reunir esta cantidad de dinero. Invirtieron los pocos ahorros que tenían, pero les resultó más barato que conseguir un visado legal, por el que deben demostrar la capacidad de pagar 95 euros al día por persona, con un mínimo de 855 euro. La cuantía que debía tener esta familia de cuatro miembros para entrar con un visado ascendía a 3.420 euros, en caso de que se lo concedían. Así lo establecen los requisitos de acreditación de medios económicos para la entrada de extranjeros a España que publica el Ministerio del Interior en su página web.

Trámites interminables

La espera en el CETI se hace eterna, la vida se paraliza. Hania es incapaz de determinar el tiempo que pasó entre trámite y trámite hasta que consiguió ser reconocida como refugiada de guerra junto a su familia. En su caso, obtuvo la tarjeta roja tras realizar la primera entrevista en Extranjería y demostrar documentalmente su nacionalidad siria y el conflicto armado del que huye. Pero el tiempo que transcurrió entre la realización de la entrevista y la concesión de protección internacional se alargó más de lo esperado por el colapso del sistema del que viene advirtiendo el Defensor del Pueblo hace años.

El abogado especializado en Derecho Internacional y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla (ICAME), Antonio Zapata, alerta de esta saturación del sistema de protección y asilo que alarga la espera de personas en situación desesperada: «Supone una vulneración de los Derechos Humanos de las personas que se encuentran en una situación límite». La ausencia de abogados e intérpretes alargan los plazos y la espera de estas personas que ven pasar los días en el CETI, centro que deja de ser una instalación temporal para convertirse en centro de estancia indefinida.

Esta mujer siria y su familia fueron trasladados a la península antes de la llegada de la crisis sanitaria del coronavirus y el consecuente cierre de fronteras que ha reducido a dos la cifra de traslados realizados en lo que va de año de más personas con el estatus de refugiado o beneficiario de protección internacional por persecución política, religiosa, étnica u orientación sexual. A día de hoy, en el saturado CETI de Melilla aún permanecen 57 refugiados sirios, siete hombres, 13 mujeres y 37 menores.

Los expedientes de refugiados sirios suelen tramitarse con una relativa mayor celeridad que el de otros residentes del CETI por ser un caso claro de protección internacional definido en el Estatuto de los Refugiados que aprobó la Convención de Ginebra en 1951 y que ratificaron 149 Estados, entre ellos, España. La saharaui Khadija y su familia no tuvieron tanta suerte y les denegaron la petición de asilo. A pesar de ello, no se dio por vencida porque la seguridad y el futuro de sus hijos estaba en juego, así que recurrió la decisión y solicitó una segunda entrevista. De ello dependía la posibilidad de evitar la orden de expulsión.

El estancamiento del conflicto y el silencio mediático han contribuido a reforzar la autoridad de Marruecos como soberano del Sáhara Occidental, hecho que dificulta el reconocimiento de los ciudadanos saharauis como refugiados cuando solicitan protección internacional. «Deben demostrar la persecución política con denuncias, informes, fotografías o cualquier documento que pruebe que su participación en la causa saharaui les puede costar la vida», apunta la abogada especializada en Extranjería, Dunia Mohamed.

Khadija no olvida la frialdad con la que la atendieron y la falta de empatía y predisposición a corroborar su testimonio durante su primera entrevista. «Cuando hablé con la abogada, dijo que no le importaban las circunstancias, que las órdenes las daba Madrid. No nos informaba ni ayudaban de ninguna manera», lamenta. Ante este hecho, el abogado del ICAME Antonio Zapata alerta de la falta de asistencia de letrada a la que se ven sometidos en muchas ocasiones los solicitantes de asilo. «Muchos letrados mantienen exclusivamente una presencia, que no asistencia. Se limitan a acudir a la entrevista y no a ejercer una defensa. Esto debe corregirse», denuncia.

En la segunda entrevista, esta saharaui aportó detalles que en la primera entrevista no añadió por miedo a revivir la persecución de la que huían. «Escapábamos del acoso al que estábamos sometidos por motivos políticos, por defender la causa saharaui», resume Khadija. Presentó una serie de amenazas que recibió a través de una red social y en la que constaban mensajes que hacían temer por su vida y la de los suyos, por lo que decidieron abandonar su tierra cuando estas amenazas comenzaron a hacerse más frecuentes.

Finalmente fue reconocida como víctima de persecución política, pero la pesadilla no había acabado. Khadija tuvo que hacer frente a la lentitud de los trámites para abandonar la ciudad autónoma. «No me imaginaba que al llegar a Melilla la situación sería así. Al principio me alegré de llegar al CETI, pero la espera para salir se hizo eterna. Mi sueño es mejorar, quiero un futuro para mis hijos, pero esto no se parece a la Europa que me imaginaba, estoy decepcionada», suspira esta joven. Ella y su familia fueron trasladados al centro de acogida de una ONG en la península en una de las últimas salidas antes del estallido de la crisis del coronavirus, el pasado marzo.

Atrás quedó el miedo a los disparos y las amenazas. Ahora, estas dos mujeres siguen adelante con sus familias. Ser reconocidas como beneficiarias de protección internacional les ha permitido empezar de nuevo, les ha brindado una nueva oportunidad en la vida tras sortear toda clase de peligros. Ambas comparten el mismo deseo de regresar a su país que los conflictos les niegan. Mientras tanto, han encontrado un hogar en este país de acogida.