Miles de mujeres carecen de documentación legal a pesar de llevar décadas viviendo en Melilla. Algunas han conseguido que sus hijos puedan acceder a un colegio español, aunque otras continúan en esa lucha.

La odisea de las melillenses ‘sin papeles’ para conseguir los documentos de sus hijos

Alrededor de 20.000 personas llevan décadas residiendo en en una ciudad que no les reconoce como ciudadanos, ni siquiera como residentes. Mariem hace tiempo que se cansó de pelear por sus papeles, pero no quiere que sus hijos corran la misma suerte que ella. Cientos de niños no pueden escolarizarse en los colegios públicos de Melilla por esta razón.

IRENE QUIRANTE Y ROSA SOTO / FOTOS: DANAI DAWAHER Y ELENA CAMPOY

5 de enero de 2021

Camina apresurada con una bolsa de tela colgada del hombro. Mariem (nombre falso a petición de ella) ha salido corriendo de casa porque, otra vez, se le ha echado el tiempo encima. Pasó la mañana terminando encargos de costura y tuvo que dejar un arreglo a medio acabar cuando el reloj marcaba la una y veinte del mediodía. Baja con cuidado unos escalones empinados, sin detenerse demasiado, y continúa andando con agilidad por la avenida del Rastro de Melilla. Hace una brevísima parada en la panadería y vuelve a aligerar el paso. Solo cuando llega a la puerta del colegio consigue relajarse, a la espera de que suene la campana para que salgan sus hijos.

Ella nació y creció en Melilla, pero no conoce otra situación administrativa que no sea la irregular. Como Mariem, se estima que pueda haber unas 20.000 personas entre adultos y menores en las mismas circunstancias en la ciudad autónoma. Así lo señala José Palazón, presidente de la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein). «La cifra puede parecer alarmante, pero lo que alarma de verdad es que esto es consecuencia de unas prácticas racistas y segregadoras a las que no vemos que se pretenda poner fin», sentencia el activista.

Mariem, madre de dos hijos, asomada al mirador del barrio de La Victoria de Melilla.
Mariem, madre de dos hijos, asomada al mirador del barrio de La Victoria de Melilla.

Mariem tiene 41 años y es madre soltera. Su infancia transcurrió en el barrio de María Regente, popularmente conocido como Barrio Cuerno. La madre también nació en este barrio, aunque nunca consiguió documentarse. Sus progenitores tampoco tenían documentación española y la registraron formalmente en Marruecos siendo una cría. Su único documento es un pasaporte de un país que, insiste, no es el suyo. «Esto ha hecho que todo en la vida me venga muy difícil», lamenta la mujer. Después de cuatro décadas viviendo en una ciudad que no la reconoce como ciudadana, ni siquiera como residente, hace tiempo que se cansó de pelear por sus papeles.

Un padrón imposible

El padrón es la llave que podría abrir la puerta de la documentación. Pero la propia Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local hace que esta sea una misión imposible en las ciudades fronterizas para las mujeres que, como Mariem, sobreviven en la penumbra de la indocumentación. A ojos de la ley, son extranjeras. Por tanto —de acuerdo al artículo 16, apartado f)— sólo podrían empadronarse en Melilla o en Ceuta presentando un permiso de residencia o un visado expedido por Marruecos. Para el visado tendrían que acreditar unos medios de vida de los que carecen o avales que nadie les va a facilitar.

«Esto no ocurre en el resto del territorio, en el que sí permiten que te empadrones independientemente de tu situación documental. Pero en Melilla todo está diseñado desde el miedo a la invasión y los procedimientos son todavía más complejos», señala José Alonso, abogado y portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla. «Aquí, para que te permitan regularizar tu situación, Extranjería te exige un padrón; al mismo tiempo, para conseguir un padrón, te exigen un permiso de residencia». Así resume Alonso el bucle que deja a estas mujeres atrapadas en una encrucijada documental.

La distancia desde la casa de Mariem hasta la de Dunia (también nombre ficticio) se recorre a pie en un cuarto de hora. Esta última tiene 32 años y continúa en la misma vivienda en la que creció junto a sus hermanos, en el barrio de La Cañada. Al cruzar el umbral de su puerta hay un panorama documental difícilmente comprensible: parte de la familia está en situación regular, mientras a la otra parte se le niega este derecho. «Mi padre sí tenía papeles y consiguió regularizar a cuatro de mis hermanos. Pero nunca hizo este proceso con mi madre, ni tampoco conmigo mientras era menor», explica Dunia, que ha llevado su caso a los tribunales, aunque sin éxito.

En muchos casos, las madres que no tienen documentación son la segunda o tercera generación en situación de irregularidad.
En muchos casos, las madres que no tienen documentación son la segunda o tercera generación en situación de irregularidad administrativa.

«La única opción que me dieron fue que me podría documentar a través de mi padre, pero él murió», resume. Como Mariem, Dunia acumula numerosos intentos de regularizar su situación a través de la vía del arraigo social. Todos frustrados, todos denegados. Mariem asegura que ya no le quedan más esperanzas. «Lo que me pase a mí ya no me importa, ahora peleo por mis hijos», sostiene. Ahí sí ha conseguido ganar algunas batallas. En 2018, después de un año de protestas junto a otras familias con el acompañamiento de la Asociación Prodein, logró que la Dirección Provincial del Ministerio de Educación aprobase la escolarización de sus hijos en un centro educativo español.

Falta de oportunidades

Pero todavía hay madres, como Fatima (que también pide cambiarse el nombre para hablar de su situación), que continúan peleando por este derecho. «Mis tres niños nacieron en Melilla, pero no tienen ningún papel… Y me preguntan por qué no pueden ir a la escuela, como el resto», afirma la mujer. No tienen otra alternativa que estudiar en la Residencia de Estudiantes Musulmanes Marroquíes, un centro que se localiza en el corazón de la ciudad, pero cuyos estudios sólo son válidos en el país vecino. Según comparte Palazón, desde su entidad se está acompañando y emprendiendo acciones para tratar que se escolarice en colegios españoles a unos 80 menores que residen sin papeles en Melilla.

«Cuando no tienes documentación, todo el mundo te trata mal». Son palabras de Lamia (nombre ficticio), de 38 años, quien llegó junto a su madre a la ciudad autónoma cuando solo tenía siete años. Su progenitora nunca pudo regularizar su situación. Tampoco ella, que ahora es madre de tres hijos. Y ese es su miedo, que se vean condenados a una vida sin oportunidades, como la suya. «El mayor quiere ser policía y el otro, médico», comenta con entre la esperanza y la tristeza. El menor apenas tiene algo más de un año. Para Lamia, regresar a Marruecos no es una opción. Siente que allí sus hijos tendrían menos futuro que en la ciudad autónoma, aunque sea sin papeles.

 

«Al estar en situación irregular, estas mujeres sufren una falta de oportunidades total», agrega Palazón. Según detalla, se encuentran con todo tipo de abusos. Desde aceptar trabajos precarios y sin contrato, con jornadas de más de ocho horas por un sueldo que no alcanza los 400 euros al mes; hasta lidiar con intentos de acoso o propuestas de índole sexual para ver cubiertas sus necesidades más básicas. «Cuando no tienes papeles, es como si no fueras nadie. A partir de ahí, te puedes imaginar… Es el peor escenario posible», lamenta el presidente de Prodein.

«Es una problemática muy compleja porque estas mujeres se quedan atrapadas en un circuito muy complicado cuando intentan documentarse, pero sí que tenemos constancia de que están viviendo en Melilla», indica Laura Segura, al frente de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. Al menos, en los casos que llegan a su área de trabajo: mujeres que denuncian ser víctimas de violencia machista.

Según revela Segura, una vez que se inicia el protocolo de protección es cuando la Administración se da de bruces con la realidad y se «desenmascara» que estas mujeres llevan toda una vida de arraigo en Melilla. Solo este año, se ha procedido a la regulación de casi una treintena de mujeres y sus hijos por su condición de víctimas de violencia de género. Mujeres que han accedido a la documentación a golpes, a las que se les exige una dosis descomunal de valor para denunciar. Porque también son víctimas de la violencia y el racismo institucional. Y contra esta forma de maltrato, las autoridades siguen mirando hacia otro lado.