Opinión

¿Migraciones climáticas en España? Mejor prevenir que curar

Beatriz Felipe PérezAmbientóloga, doctora en Derecho e investigadora

1 de octubre de 2021

La crisis climática no es solo aterradora, sino también fuertemente injusta. De acuerdo con Oxfam Internacional, el 1% más rico de la población mundial emite más del doble de gases de efecto invernadero que la mitad más pobre de la humanidad. De hecho, entre 1990 y 2015, el 10% más rico fue responsable de más de la mitad (52%) de las emisiones acumuladas en la atmósfera. En un estudio publicado en 2020, Jason Hickel concluía que el norte global era el gran responsable (92%) del colapso climático debido, principalmente, a sus contribuciones históricas.

Si bien las naciones (y empresas) enriquecidas del planeta son las que más han contribuido a la crisis climática, las repercusiones más negativas se concentran en el sur empobrecido. En estas zonas del planeta la crisis climática, junto con otros factores, induce con cada vez mayor claridad e intensidad diversas formas de movilidad humana: desde desplazamientos temporales huyendo de un desastre puntual, hasta reubicaciones de comunidades enteras escapando de los efectos de la sequía o del deshielo.

Aunque no existe una definición ni un estatuto internacionalmente reconocidos, se entiende que las denominadas "migraciones climáticas" incluyen el traslado de una persona o grupos de personas, que, predominantemente por cambios repentinos o progresivos en el entorno debido a los efectos del cambio climático, se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual de forma temporal o permanente. La mayoría de las migraciones climáticas ocurren dentro de los Estados, pero también hay casos en los que se cruzan las fronteras internacionales.

En el Corredor Seco Centroamericano, por ejemplo, los cambios en los patrones de las lluvias están afectando a la agricultura, lo que compromete la seguridad alimentaria, especialmente de las mujeres, y se relaciona con migraciones temporales y permanentes. En México se ha demostrado que los déficits de lluvia influyen en la migración internacional e interna, especialmente en aquellas comunidades más dependientes de la agricultura de secano.

Los pequeños Estados insulares de escasa elevación, como Maldivas, Tuvalu o Fiji, se enfrentan, además, a las consecuencias de la elevación del nivel del mar y a los impactos de las tormentas y otros fenómenos extremos. En Kiribati, un pequeño Estado insular en el océano Pacífico, sus habitantes se están viendo fuertemente afectados por estos fenómenos. Tanto es así que un ciudadano, Ioane Teitiota, solicitó asilo por causas climáticas en Nueva Zelanda hace unos años. Como le fue denegado, llevó su caso ante el Comité de Derechos de las Naciones Unidas. Este Comité también rechazó su solicitud en base a la definición jurídica actual de persona refugiada, en la que no encajan las causas climáticas. Aun así, el Dictamen abrió la puerta a la posible aplicación del principio de no devolución en casos en los que la crisis climática ponga en riesgo el derecho a la vida.

Ilustración de Santiago Bará

En la misma línea, en Bangladés el cambio climático está creando nuevos patrones de desplazamiento y alimentando una explosión de urbanización rápida y caótica. Miles de personas se están trasladando desde las zonas rurales del país hacia la capital en busca de mejores oportunidades y huyendo de unas condiciones ambientales y climáticas peligrosas. El cambio climático está alterando los patrones tradicionales de lluvia (sequías en algunas áreas, diluvios inesperados en otras) y está impulsando la escorrentía de los glaciares en las montañas del Himalaya. Esto está generando un aumento de las inundaciones y la erosión de las riberas, a lo que se suma el aumento del nivel del mar, que está empujando el agua salada hacia las áreas agrícolas costeras y sumergiendo grandes terrenos.

Como vemos, las migraciones climáticas predominan en el sur global, donde las situaciones de pobreza son más generalizadas y la geopolítica hace que la adaptación in situ resulte más complicada. Sin embargo, las recientes inundaciones en el norte de Europa, las olas de calor en Canadá y los incendios en Estados Unidos nos recuerdan que la crisis climática también afecta al norte global.

España tampoco escapa a las consecuencias de la crisis climática, pues su situación geográfica y sus características socioeconómicas lo convierten en un país altamente vulnerable. Según el segundo Plan Nacional de Adaptación (2021-2030), en los años venideros nos enfrentaremos a una disminución generalizada de la cantidad y calidad de los recursos hídricos disponibles, impactos sobre la fauna y la flora, cambios en la distribución de especies terrestres y acuáticas, expansión de especies exóticas invasoras, deterioro generalizado de los ecosistemas y aumento del peligro de incendios y desertificación, entre otros. Todo esto tendrá impactos sobre el sector agrario y ganadero, la salud, el turismo...

Aquí, al igual que ya está sucediendo en otras regiones del planeta, la crisis climática también está afectando nuestras formas de vida. Álvaro García Río-Miranda, cabrero español de 30 años, explicaba en un reportaje de Euronews publicado en 2020 que los incendios que asolaron la Sierra de Gata en 2015 lo dejaron sin empleo al morir muchas de las cabras de su rebaño. Álvaro tuvo que irse en busca de una nueva forma de ganarse la vida y terminó trabajando como pastor en Francia y Suiza, cuidando los rebaños de otras personas.

De hecho, uno de los casos analizados en uno de los primeros proyectos europeos sobre migraciones climáticas (Each for Environmental Change and Forced Migration Scenarios) se centró en el sureste de España, sobre todo en Almería y regiones de Murcia. Según los resultados de este estudio, la degradación ambiental, las desventajas de la agricultura tradicional (especialmente en relación al agua), la pobreza y el escaso desarrollo económico ya indujeron la migración hacia otras regiones del país en los años sesenta. Las y los autores del estudio señalan la importancia de tomar medidas urgentes para no seguir agravando la sobreexplotación del agua y de la tierra en la región y así evitar la movilidad humana forzada asociada a la falta de recursos.

De acuerdo con los datos del Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno, España fue el segundo país de Europa y Asia Central con mayor número de desplazamientos internos asociados a desastres en 2019. En el informe de 2021, con datos de 2020, se hacen eco de las consecuencias de la tormenta Gloria, que desplazó a más de 2.200 personas en suroeste de Francia y el este de España, donde fallecieron 14 personas.

Las migraciones climáticas son ya una realidad en todo el planeta, de la que, como vemos, no escapa España. Sin embargo, la situación hoy en día no es para nada comparable con lo que ya ocurre en otras zonas más empobrecidas y vulnerables. La constatación de lo que está pasando en otros lugares, de lo que al menos en parte somos corresponsables, debería hacernos despertar y actuar para evitar consecuencias peores. Pero si la necesidad de actuar no nace de lo anterior, que al menos lo haga al entender que nuestra propia vida y la de nuestras hijas e hijos está en juego y que pueden ser las y los futuros migrantes climáticos.