Ni monarquía de consenso ni rey neutral
Es común en la construcción de los relatos sobre el origen de las naciones, culturas y países el recurso al mito. El mito embellece y ofrece respuestas simples a procesos complejos. Situar al dios Apolo y a su carro de caballos de fuego como los responsables de la salida y la puesta del sol siempre fue más sencillo, visual y poético que explicar los movimientos de un planeta que gira alrededor de un astro de dimensiones colosales. Pero el mito tiene límites, no resiste los datos y es incompatible con la realidad.
La monarquía, entendida como una de las claves de bóveda de lo que algunos denominan el régimen del 78, parece estar revestida de cierto barniz mitológico. Pero en este caso, algunos aspectos de esta suerte de leyenda fundacional no se recogen de forma exclusiva en una epopeya, sino que tienen su repercusión en la Constitución española, un hecho que se retroalimenta con el supuesto mito. Si el rey se constituye en una figura revestida de un consenso prácticamente unánime y es del todo neutral ante la batalla política, la Constitución lo sitúa en su Título II como “símbolo de la unidad y permanencia” del Estado, que “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”.
El monarca es “símbolo de la unidad” por el “consenso” que lo legitima, y “arbitra” el funcionamiento de las instituciones gracias a su “neutralidad” política. Sin embargo, cabría preguntarse si la monarquía de consenso y neutralidad a la que apunta la Constitución forma parte de la realidad o del mito, y una de las herramientas para poder ofrecer una respuesta reside en los datos.
En este contexto, a principios de octubre, el instituto demoscópico 40dB llevó a cabo una encuesta sobre la monarquía sobre la base de 3.000 entrevistas realizadas en todo el país. El que se denominó ‘Estudio sobre la Monarquía’ nació de una iniciativa impulsada por la Plataforma de Medios Independientes (PMI), que agrupa a 16 cabeceras, entre las que se encuentra Público.
El proyecto surgió tras la solicitud de estos medios al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de una encuesta sobre las percepciones ciudadanas acerca de la Corona, un asunto sobre el que el organismo lleva más de cinco años sin preguntar. La PMI organizó una recaudación de fondos que logró completar en un solo día. Los resultados de este estudio ponen, cuanto menos, en cuestión los fundamentos que se le atribuyen a la monarquía, y los acercan de cierta manera a la categoría de mitos.
El consenso monárquico desentona con la división ciudadana que arroja la encuesta acerca de la preferencia sobre la forma de Estado. Pero no solo eso, sino que, además, la tendencia apunta a que la república le sacaría ventaja a la monarquía como sistema político más aceptado en España.
Según la encuesta, si se celebrase un referéndum acerca de la forma de Estado, un 40,9% de los ciudadanos consultados votaría a favor de una república, frente a un 34,9% que preferiría una monarquía. La división que genera este tema se traduce en que la cifra de encuestados que aseguran que votarían en blanco, que no acudirían a votar o que, directamente, no sabrían qué hacer es del 24,2%, un porcentaje que decantaría de forma definitiva el resultado.
La división también existe, aunque es menor, respecto a la propia celebración de un referéndum, que es preferido por la mayoría de los encuestados. Un 47,8% afirma apoyar la celebración de una consulta que les permitiese elegir la forma de Estado, frente a un 36,1% que la rechaza. En este caso, la cifra de encuestados que aseguran no saber si quieren que se celebre un referéndum es del 16,1%.
Los resultados acerca de las preferencias ciudadanas sobre la forma de Estado no son el único elemento que parece detonar la imagen del consenso monárquico. La visión que tienen los encuestados sobre la monarquía también deja algunas reflexiones en este sentido. El 47,9% considera que la monarquía es una institución de otros tiempos que no tiene sentido en una democracia.
Esta afirmación es apoyada por más del 50% de los encuestados que tienen entre 16 y 34 años, y también es mayoritaria (aunque en una proporción menor del 50%) entre los encuestados comprendidos entre los 35 y los 64 años. El grueso de la población de más de 65 años que ha participado en el estudio asegura no estar de acuerdo con que la monarquía sea una institución de otros tiempos que no tiene sentido en una democracia.
¿El rey como árbitro?
También hay datos en la encuesta impulsada por la Plataforma de Medios Independientes que ponen en duda la neutralidad de la monarquía, si se entiende que esta neutralidad solo se puede sostener si hay un consenso ciudadano en torno a ella.
La neutralidad de Felipe VI es la que permite que la Constitución le atribuya un rol de “árbitro” entre las instituciones, en las que se incluyen los partidos políticos. El rey desempeña un papel de mediación entre las formaciones y por eso, entre otras atribuciones, se encarga de llevar a cabo la ronda de consultas previas a la investidura del presidente del Gobierno, un trámite necesario para nombrar un Ejecutivo.
El estudio incluye en este sentido las percepciones ciudadanas acerca de la ubicación ideológica de Felipe VI y del resto de miembros de la familia real. De estos datos se desprende que hay una división importante a la hora de ubicar al rey en un lado u otro del espectro ideológico, lo que se traduce en que son pocos los encuestados que lo ven como una figura neutral en la batalla política. Además, en líneas generales, la ciudadanía sitúa al monarca en el espectro más conservador (hasta un 41,5%), y muy pocos consultados tienen una imagen progresista del rey. Un 29% coloca a Felipe VI en la derecha y un 12,5% lo hace en la extrema derecha. Un 31,8% de los encuestados creen que el rey es de “centro” o que “no tiene ideología”, mientras que un 20,7% asegura no saberlo. Solo un 6% sitúa al jefe del Estado en la izquierda.
En los últimos años, desde algunas formaciones se ha criticado que Felipe VI se está posicionando en la lucha partidista, tras protagonizar algunas polémicas y desencuentros con el Gobierno, y después de que en octubre de 2017 decidiese intervenir en el conflicto con Catalunya para cargar contra las actuaciones de las fuerzas independentistas.
También son habituales las referencias a la monarquía en los debates políticos, en los que formaciones como PP, Vox y Ciudadanos acusan a Unidas Podemos y al Gobierno de coalición de atacar a la Corona, y se erigen en defensoras de la institución. Hay otros datos de la encuesta que completan el estudio de la percepción ciudadana acerca de la ubicación ideológica del monarca y de su papel de árbitro de las instituciones.
En una escala del 0 al 10, donde el 0 representa la peor evaluación de una determinada cualidad del rey y el 10, la mejor, Felipe VI obtiene un 6 en su faceta de monarca “políticamente neutral”. Los consultados que aseguran ser del PSOE le dan un 6,3, mientras que los de Unidas Podemos le dan un 2,9. Los del PP le dan un 8,1, los de Vox un 7,7 y los de Ciudadanos un 7,6. Su valoración empeora en la cualidad que le atribuye capacidad de mediación entre las distintas fuerzas políticas. La nota media en este caso es de 5,7; los consultados que se identifican con el PSOE le dan un 5,8 y los que lo hacen con Unidas Podemos le ponen un 3. Los del PP le dan un 7,6, los de Vox un 7,2 y los de Ciudadanos un 7,1.
La ubicación ideológica o partidista no es el único eje a través del que la encuesta mide la percepción ciudadana acerca de la neutralidad del rey. Los problemas territoriales de España, agravados en los últimos años a raíz del conflicto en Catalunya también tienen su reflejo en el estudio. Una de las cualidades de Felipe VI mejor valoradas por los encuestados es su defensa de la “integridad territorial” del país, en un marco donde una parte de la población de distintas comunidades autónomas aboga por la independencia de su territorio respecto del Estado. Sin embargo, también se recoge un análisis de la “preferencia territorial de los miembros de la Casa Real”.
“Un estado puede organizarse territorialmente de varias maneras. Si en esta escala el 0 representa ‘máximo centralismo’, incluyendo un Estado sin comunidades autónomas, y el 10 representa ‘máxima descentralización’, incluyendo la posibilidad de independencia de los territorios que así lo deseen, ¿en qué casilla de la escala colocarías a los miembros de la familia real?”, pregunta la encuesta de la PMI.
La media de Felipe VI en esta escala es de 3,9, lo que acerca mucho más al monarca, según la percepción de la ciudadanía, al ‘máximo centralismo’ que al Estado descentralizado, cuyas posiciones se encuentran en la franja comprendida entre el 5 y el 10. Un 33,9% de los encuestados ven al monarca “proclive a la centralización”, un 21,9% lo sitúan en el “centro” de las preferencias territoriales, un 17,2% lo ve proclive a la descentralización y solo un 5,5% consideran que el rey no tiene preferencias (un 21,4% asegura no saberlo).
Las dudas acerca del consenso monárquico y la neutralidad del rey no son el único elemento que pone en cuestión algunos de los pilares que sostienen a la Corona. En los últimos años, sobre todo tras la publicación de informaciones que apuntan a irregularidades en las finanzas de la familia real, la institución parece haberse distanciado de una ciudadanía que percibe con opacidad la actividad de la Casa Real y que pide más transparencia.
Si la legitimidad de la monarquía no reside en las urnas y la institución no responde al control democrático de los poderes del Estado, como se ha visto a raíz de los repetidos vetos a comisiones de investigación sobre las finanzas de la Corona en el Congreso en base a la “inviolabilidad constitucional” del rey, la vigilancia y responsabilidad de sus actos se ven difuminados.
Es en este contexto donde los resultados de la encuesta apuntan a que la ciudadanía percibe que la ejemplaridad de la institución no tiene fundamento sin bases sólidas que permitan ejercer un control sobre la misma. En este sentido, hasta un 77,9% de los encuestados cree que el monarca debería poder ser juzgado por sus actos durante su reinado, una opción que en este momento no es posible por la inviolabilidad que establece la Carta Magna. Un 52,4% se muestra “muy de acuerdo” con esta reforma y un 25,5% asegura estar “de acuerdo”. Esta afirmación es mayoritaria entre los electorados de todos los partidos y en todas las franjas de edad.
Una monarquía poco transparente
Una de las reflexiones que dejan los últimos escándalos de Juan Carlos I es que, pese a las informaciones publicadas y a la apertura de investigaciones judiciales tanto en España como en el extranjero, ha quedado patente lo difícil que es conocer e indagar en los movimientos financieros y en el patrimonio de Casa Real.
Esta situación parece no pasar desapercibida para los ciudadanos y, según los datos de la encuesta de 40dB, hasta un 86% de los encuestados creen que debería haber más transparencia en las cuentas, bienes, propiedades y actividades de la familia real. En concreto, un 64,3% de los consultados aseguran estar “muy de acuerdo” con que se introduzcan reformas que aumenten la transparencia económica y financiera de la familia real, mientras que un 27,1% está “bastante de acuerdo” con este punto.
Además, el capítulo dedicado a la monarquía en la Constitución Española brinda al rey la posibilidad de administrar libremente la partida presupuestaria asignada a Casa Real, un montante que desde 2018 es de más de 7,8 millones de euros al año y que el proyecto presupuestario para 2021, que se encuentra en tramitación en el Congreso, eleva un 6,5%, hasta los 8,43 millones.
Este precepto constitucional ha permitido frenar cualquier intento de indagar en la actividad económica de la monarquía. El último capítulo en este sentido se produjo tras la huida de Juan Carlos I a Emiratos Árabes, una operación cuyo coste quisieron conocer algunas formaciones políticas en el Congreso (bien mediante la creación de una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en las finanzas del rey emérito, o bien mediante preguntas escritas al Gobierno). Todas las iniciativas de los grupos parlamentarios han fracasado al encontrarse con un doble muro: el precepto constitucional por el que el rey dispone de libertad para administrar el presupuesto asignado, y el hecho de que el Parlamento no puede controlar a la institución monárquica.
Los más de 7,8 millones de euros que recibe la Corona de las cuentas públicas en la actualidad constituyen un gasto excesivo para una mayoría de los encuestados. Un 54,8% consideran que “para lo que aporta, el coste de la monarquía es desproporcionado”, frente a un 28,4% que no están de acuerdo con esta afirmación y un 16,8% que aseguran no saberlo.
Atendiendo a los electorados de los partidos políticos, los votantes de PP y Vox se muestran en desacuerdo con esta afirmación (la que apunta a un gasto excesivo), casi un 60% en el caso de los conservadores y más de un 55% en el caso de los votantes de la formación de extrema derecha. La mayoría de los electores de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos sí se muestran de acuerdo con esta afirmación.
Sí que hay coincidencia plena, incluso entre los votantes de los diferentes partidos, en la opinión de que la Casa Real debería hacer declaración de bienes. Un 79% de los encuestados se posicionan a favor de esta opción, mientras que solo un 7% lo hacen en contra. También hay coincidencia entre las distintas franjas de edad de los ciudadanos consultados.
Las reformas de la monarquía que respaldan la mayoría de los encuestados van más allá de las finanzas de la Corona, y también hay una opinión mayoritaria sobre modificar la Constitución para que el hombre no tenga preferencia sobre la mujer en la línea sucesoria al trono. Más de un 79% de los ciudadanos consultados apuesta por una reforma en este sentido.
El CIS y la monarquía
Los resultados de la ‘Encuesta sobre la monarquía’ dejan algunas reflexiones acerca del grado real de aceptación de los consensos sobre los que se sostiene la Corona. En mayo, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, compareció en el Congreso, donde justificó por qué no se incluía una valoración sobre la institución monárquica desde 2015 (un estudio en el que Felipe VI suspendió).
“No bajaba solo la valoración de la monarquía, sino de todas las instituciones, también de los partidos, de los sindicatos o de los medios de comunicación. Esas oscilaciones llevaron a pensar que eran coyunturales, que el clima era volátil y que no ofrecía una información muy útil”, explicó entonces.
En este sentido, Tezanos defendió que se hacen preguntas sobre la monarquía “fuera del CIS”, y que en los estudios del organismo también se incluye a la institución: “En todas las encuestas del CIS se pregunta cuál es el principal problema, y el que más afecta a los ciudadanos, y ahí sale la monarquía, con cifras insignificantes”.
La monarquía solo aparece de forma tangencial en los estudios del organismo como respuesta en una pregunta de contestación espontánea en la que se compara el grado de afectación que causa la institución en la ciudadanía respecto a problemas como el paro, la corrupción o la pandemia del coronavirus.
Los resultados de la encuesta de 40dB no arrojan una mayoría clara sobre las preferencias ciudadanas acerca de la forma del Estado, sino, al contrario, apuntan a una división importante de la sociedad en torno a este asunto. Sin embargo, es esta división la que, precisamente, disuelve el barniz mitológico que da legitimidad a la Corona y que sirve de base a la posición constitucional de la que goza el monarca: ni monarquía de consenso ni rey neutral.