Frente a las grietas del sistema

El mayor fondo privatizador de sanidad aterrizó en nuestro país el mismo mes en el que China registró los primeros...

El mayor fondo privatizador de sanidad aterrizó en nuestro país el mismo mes en el que China registró los primeros fallecidos de coronavirus. Se trata de Medical Properties Trust, una empresa que gestiona más de 6.000 millones en activos sanitarios en todo el mundo. Se instaló en enero en Madrid, el laboratorio de las políticas privatizadoras del PP. Los recortes y la permisividad con las empresas para que negocien con nuestra salud y cuidados han convertido a la capital en el lugar perfecto para ampliar su mercado.

Dos meses después, el sistema público sanitario estaba al borde del colapso. En el mes de marzo los enfermos de coronavirus llenaron las Urgencias de hospitales de toda España. Los trabajadores tuvieron que hacer frente a la pandemia sin directrices ni recursos. “Habilitamos camas en el gimnasio y en la capilla. No teníamos sillas para ofrecer. Las siete plantas de nuestro hospital eran de covid. Resistimos como pudimos gracias a la autoorganización y al trabajo sin descanso”, recuerda Imanol A., facultativo del hospital de Txagorritxu en Álava, uno de los más afectados en la pandemia.

Los recursos no faltaron sólo por el aumento de necesidad pública. Hay que mirar mucho atrás para entender bien qué ocurrió para que el sistema sanitario mostrara sus costuras abiertas. Hablamos de un largo proceso de debilitamiento de los servicios públicos, de adelgazar al Estado a cambio de aumentar el beneficio de las empresas privadas, que muchos califican como “neoliberalismo”. En España, este proceso global se intensificó con la crisis económica, especialmente en lo que se refiere al sistema de salud público. Proliferaron entonces los hospitales y las residencias privadas, los centros concertados y una supuesta “colaboración público-privada” que regala los beneficios a las empresas mientras que las pérdidas son asumidas por toda la sociedad.

Pero este discurso, el que dice que el Estado no sirve y que el mercado es lo que funciona, quedó completamente desnudo con la emergencia sanitaria. La sanidad pública estaba debilitada, los recortes habían hecho mella. Escaseaban personal y medios. Había faltado voluntad política para mantener perfectamente engrasado el engranaje del sistema de salud público. Los datos, de hecho, muestran el debilitamiento al que se había visto sometido. En 2010 había 3,22 camas hospitalarias por 1.000 habitantes en todo el territorio nacional. Según los indicadores del Sistema Nacional de Salud, en 2017 —último año sobre el que hay datos— había 2,98. Otro informe del Ministerio de Sanidad muestra que la inversión pública de 2018 en Sanidad seguía por debajo del nivel precrisis.

Pero mientras la sanidad pública se deterioraba, la privada crecía y crecía. Actualmente España destina un 9% de su PIB a sanidad: el 6,4% va al sistema público mientras que el 2,6% va a la privada. El peso del gasto sanitario privado sobre el total es uno de los más elevados de Europa (28,8%), por encima de la media de la OCDE (26,5%) y casi duplicando a países como Alemania (15,4%). “Las enfermeras limpiaban y las limpiadoras atendían a pacientes con necesidades o repartían mantas. Faltaban manos, faltaban ojos y faltaba tiempo. Todos buscábamos cómo conseguir más camas de UCI. Si el sistema sanitario no colapsó al completo fue porque hicimos un esfuerzo sobrehumano”, recuerda Elena C., médica del hospital con la mayor UCI del país, el Vall d’Hebron.

Se enfrentaron a la emergencia sanitaria sin seguridad. Jugándose la salud. Los equipos de protección individual (EPIs) no llegaban a todos los hospitales y, aún menos, a todos los trabajadores. Dos meses después de la declaración de estado de alarma, los celadores y las limpiadoras continuaban sin EPIs o mascarillas adecuadas. Muchos de los sanitarios tampoco tuvieron protección durante los picos de contagios. Se creaban sus propias mascarillas, recurrían a delantales, a bolsas de basura y reutilizaban los pocos materiales que tenían. Cuando en mayo del 68 gritaban “la imaginación al poder” seguramente no se estaban refiriendo a esto.

La falta de recursos también se sufrió con dureza en la Atención Primaria, que tiene que ser el primer gran dique para evitar un colapso de los hospitales y la propagación de una enfermedad. La inversión en España fue cayendo de un 20,2% en 1982 a un 14,8% en 2012 y a un 14,2% en 2017. “Esto ha hecho que tengamos que hacer todas las tareas entre todos, perdamos el seguimiento a nuestros pacientes y, en muchos casos, que el cuidado se haya roto”, valora Alda Recas, enfermera y portavoz de la Asociación Madrileña de Enfermería.

Como señala Recas, las políticas privatizadoras se ensañaron con Madrid desde los gobiernos de Esperanza Aguirre, sobre todo, con la Atención Primaria: “En la Comunidad la inversión ha descendido hasta el 11,4%. 147 euros por habitante, mientras que en el resto del país la media es de 223; un 34% menos. Nunca nos han valorado y en la pandemia se mostró cuando mandaron a nuestros sanitarios al Ifema, que se nutrió de nuestros trabajadores”.

El macrohospital de campaña será recordado como un símbolo de la tragedia que azotó España. Fue necesario para curar a más de 3.500 personas y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid trató de apropiarse del mérito. Pero, a la vez, el macrohospital era la muestra palpable del debilitamiento de la sanidad pública. Además, la desprotección de los sanitarios llevó al sindicato Summa 112 a demandar al coordinador, Fernando Prados, por poner “en gran riesgo la salud física y mental de los trabajadores”.

El olvido de la prevención

La otra pata de la medicina que más falta ha hecho es la de la Salud Pública, que se encarga de la protección de la salud a nivel poblacional con el fin, entre otros, de señalar e investigar el surgimiento de riesgos para la población. Sin embargo, la Salud Pública ha sido la gran olvidada durante los últimos 20 años, especialmente desde el inicio de la crisis económica. En 2018, de hecho, sólo se destinaron 774 millones a Salud Pública, un 1,6% del gasto total, según la última Encuesta de Gasto Sanitario Público.

Aunque aún más trágicas han sido las consecuencias de las privatizaciones para los más mayores. Según el Imserso, el 75% de los centros residenciales son de titularidad privada. La gestión de la mayoría está en multinacionales y la pandemia ha demostrado que para ellas las personas mayores no son nada más que un número que ingresa a sus cuentas una media de 1.777 euros al mes. Un precio que, además, ha ido subiendo con los años. Según el portal especializado Inforesidencias.com, en 2001 la media era de 1.387 euros.

Las residencias, de hecho, tuvieron que ser intervenidas por el Gobierno después de que numerosos testigos denunciaran lo que sucedía: no había protocolos, las plantillas estaban extenuadas, los familiares no tenían información y habían encontrado hasta cadáveres acumulados en los centros. El rastro de las víctimas es estremecedor. Los testimonios de los familiares, desoladores. La Fiscalía abrió una investigación a más de sesenta residencias privadas o concertadas por homicidio imprudente.

“En la residencia de Vallecas, pública pero de gestión privada, los ratios ya eran ínfimos antes de la pandemia. La comida ya era penosa. Cuando llegó el virus no había personal ni medios técnicos. Pero lo peor ha sido la opacidad”, explica Agustín Ambrosio, uno de los 26 familiares que decidió querellarse contra la Comunidad de Madrid por presuntos delitos de homicidio imprudente y denegación de auxilio. Su madre, que padece alzheimer, pasó media enfermedad sola, en una residencia con una treintena de fallecidos y con un 50% de la plantilla infectada. La trataron en el hospital cuando le detectaron (tarde) que tenía coronavirus, pero muchos otros no fueron ingresados. Un parte de las Urgencias del Hospital Infanta Cristina mostró que había órdenes de rechazar los ingresos de los ancianos, según reveló El Confidencial.

Pero, ¿por qué los cuidados son un filón tan grande para el sector privado? Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, señala dos factores. Los presupuestos públicos dedicados a Sanidad son muy altos y eso llama la atención de las empresas. Por otro lado, hay margen para el beneficio a costa de la precariedad y de un peor servicio. “Presentan márgenes de beneficio muy importantes porque, mediante las restricciones de personal (menos trabajadores por cama que en la pública), el empeoramiento de los recursos y la selección de riesgos al especializarse en atender enfermos menos complejos, maximizan los beneficios empresariales”, concreta.

Sin embargo, pese al poder de las empresas en el sistema sanitario, la sanidad privada ha pasado de perfil, en el mejor de los casos, por la pandemia. En el peor, ha utilizado la enfermedad para lucrarse realizando pruebas hasta por 140 euros en un momento crítico para la ciudadanía. De hecho, al principio, los seguros privados no cubrían el tratamiento de coronavirus ya que éstos excluyen a las pandemias en las condiciones generales de sus contratos. ¿Quién piensa en la posible llegada de un pandemia a la hora de firmar un contrato?

Cuando el Gobierno tomó el mando único, no les quedó otra que hacerse cargo de los enfermos, pero sus UCI nunca se saturaron. Según los datos de la patronal, la Alianza de la Sanidad Privada, en abril, cuando las UCI públicas todavía estaban al borde del colapso en Madrid, Catalunya y Castilla y León, los hospitales privados tenían 2.200 camas libres y más de 2.000 respiradores necesarios para salvar vidas y que el Gobierno y las comunidades no movilizaron.

Entonces se atendió en estos centros al 10% del total de los enfermos, pese a que los hospitales privados con ánimo de lucro suponen un 41,6% del total de hospitales en funcionamiento. Además, durante la pandemia tampoco ha estado claro el coste de los enfermos que atendieron. El primer acuerdo de la patronal fue con la Generalitat, que aprobó en un decreto 43.400 euros por paciente en UCI. Aspe, que representa al 80% del sector, señaló este acuerdo como la referencia a seguir.

La privatización que no cesa

Pero las privatizaciones se han expandido más allá de lo nombrado hasta ahora. El grupo ACS está a la cabeza. Su presidente es Florentino Pérez y dirige, además de residencias para mayores, escuelas infantiles, servicios de limpieza y restauración de hospitales o centros de día para personas discapacitadas. Solo un dato para entender la magnitud del negocio de, por ejemplo, las escuelas infantiles.

Según las estadísticas del Ministerio de Educación, en el país hay 9.114 centros: sólo 4.515 son públicos. De hecho, sus trabajadores fueron de los primeros que sufrieron los ERTE, pese a que las familias siguieron pagando las cuotas. Servicio esencial para una mayoría de la población y solo un negocio para otras capas.

Sin embargo, la pandemia no solo se dejó sentir en las escuelas infantiles y sus trabajadores. Se notó en todas las etapas educativas. Profesores, familias y alumnado de todas las edades se tuvieron que enfrentar a una readaptación de un sistema presencial a otro online. Los centros no estaban preparados porque la inversión para apostar por la digitalización nunca fue suficiente. En los años de bonanza económica tampoco hubo interés. Siempre había tiempo por delante. ¿Quién iba a imaginar la llegada de una pandemia?

Con estos números encima de la mesa parece pertinente hacerse la pregunta de qué hubiera pasado si hubiéramos enfrentado esta pandemia sin recortes y privatizaciones. La especialista en sistemas sanitarios Helena Legido-Quigley explicó en un artículo publicado en The Lancet sobre el caso español que la falta de inversión había menoscabado “la capacidad de responder a los aumentos repentinos de necesidad de atención pública”. Además, Legido-Quigley dejaba una frase a tener en cuenta en el futuro más inmediato: “Una vez que la pandemia haya terminado, España tendrá que afrontar la década de escasez de inversión en su sector sanitario”.

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