¿Cómo ha evolucionado la política de calidad agroalimentaria en Catalunya?

Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas de los productos agroalimentarios están reguladas por la Unión Europea, para más exactitud por el Reglamento (UE) no 1151/2012. De hecho los distintivos de calidad agroalimentaria son uno de los ejes de la política agraria europea, y cabe destacar, que en esta materia Catalunya ha sido pionera.

Catalunya atesora un rico patrimonio agroalimentario que la Generalitat de Catalunya quiso proteger y valorizar desde sus inicios. Esto fue así tanto por su vinculación con las estrategias de desarrollo rural, como por ser un elemento diferencial de la identidad cultural catalana. En la actualidad, el Estatut establece que la Generalidad de Catalunya tiene la competencia exclusiva sobre las denominaciones de origen y las demás menciones de calidad, y también en materia de calidad de los productos agroalimentarios.

Catalunya, pionera en competencias de política agroalimentaria

La Generalidad de Catalunya asumió, desde su reinstauración, competencias en materia de denominaciones de origen y de política agroalimentaria. Esta competencia fue recogida en el Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 1979. En aquellos momentos, la única normativa en este campo era la Ley 25/1970 de 2 de septiembre, Estatuto de la Viña y el Vino, de ámbito estatal. Hasta 1988 (mediante el Real Decreto 728/1988) no se regularon de forma concreta las primeras dos figuras de los productos agroalimentarios no vínicos ligadas al origen: las Denominaciones de Origen y las Denominaciones Específicas. Sin embargo, las dos primeras denominaciones de origen catalanas (y de todo el Estado español) de productos agroalimentarios no vínicos fueron creadas en los años 70 antes del Estatuto de Autonomía y de tener sus competencias. Fueron dos denominaciones de aceite de oliva: Les Garrigues (creada con el nombre de Borges Blanques) y Siurana.

La calidad como objetivo

La primera norma catalana que reguló distintivos ligados al origen fue el Decreto 33/1983 y estableció las Denominaciones de Calidad en 1983. Inicialmente, se llamaron Denominaciones Genéricas de Calidad y, en 1988, pasaron a llamarse Denominaciones de Calidad. Fueron creadas por el DARP para cubrir el vacío legal para la protección del origen y la calidad de productos que no podían cumplir la normativa estatal. Aunque el nombre del distintivo hacía referencia a la calidad, la normativa amparaba productos con características particulares ligadas al origen, derivadas de métodos de producción y elaboración tradicionales, y que presentaban siempre unos elevados niveles de caliddad. La norma establecía que estas características deberían ser recogidas exhaustivamente en el correspondiente Reglamento para cada producto y se designaba un Consejo como órgano responsable del control y certificación del producto. La certificación se delegaba a una entidad externa reconocida por el DARP. La denominación de todos los productos reconocidos debía estar compuesto por el nombre genérico seguido del nombre geográfico. La mayoría de estos productos se correspondían con las características de las actuales IGP, y sólo algunos casos fueron reconocidos como DOP después de su adaptación a la normativa de la UE.

Con posterioridad, en 1989, y antes de la aparición de la normativa europea en esta materia, el DARP creó otra figura, las Denominaciones Comarcales (Decreto 252/1989, de 25 de septiembre) para proteger los productos típicos y tradicionales de las comarcas catalanas a propuesta de los Consejos Comarcales. Un reglamento especificaba las características más relevantes de cada producto y se establecía un único logotipo por comarca. Con la adaptación posterior a la normativa europea, algunos de estos productos pasaron a ser regulados como IGP y otros optaron a ser amparados por marcas de garantía o marcas colectivas (de acuerdo con la normativa de propiedad intelectual). 

Doble marco normativo

Catalunya dispone de un doble marco normativo: el europeo y el catalán. Por un lado, la normativa europea vigente es el Reglamento (UE) 1151/2012, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. El Reglamento (UE) 1151/2012 regula los regímenes de calidad europeos, es decir, fundamentalmente las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas y las especialidades tradicionales garantizadas.

Por otra parte, el marco normativo propio de Catalunya relativo a la calidad diferenciada está dictado por  la Ley 14/2003, de 13 de junio, de Calidad Agroalimentaria, y el Decreto 285/2006 que la desarrolla. El objetivo básico de la normativa catalana es potenciar la utilización de los distintivos de calidad, así como establecer mecanismos de protección de la calidad agroalimentaria y lucha contra el fraude. La normativa catalana no sólo recoge los regímenes de calidad europeos de producción agroalimentarios, sino que también incluye otras como las Indicaciones geográficas de bebidas espirituosas, la Marca de Calidad Alimentaria, la Artesanía Alimentaria y el Inventario de Productos de la Tierra.

A pesar de las diferencias y matices en las definiciones, ambos tipos de distintivo gozan del mismo grado de protección. Ambos son una garantía para los consumidores, ya que presentan unas características diferenciales que se han obtenido de acuerdo con las especificaciones previamente establecidas en un pliego de condiciones, son fácilmente identificables para el consumidor gracias a su etiquetado y logotipo específicos, y ofrecen la garantía de trazabilidad y un control adicional realizado por un organismo de certificación externo, al margen de los controles obligatorios para cualquier producto agroalimentario.

Actualmente, los regímenes de calidad diferenciada de los productos agroalimentarios son uno de los principales ejes de la política agraria de la Unión Europea, y se invierten muchos esfuerzos para incrementar el consumo de estos productos. Potenciar el conocimiento de lo que significan los distintivos de origen y calidad y establecer nuevas rutas turísticas y vías de comercialización para estos productos son algunas de las líneas de trabajo que se siguen desarrollan para fortalecer la política de calidad agroalimentaria en Catalunya.